Lo hemos dicho hasta la saciedad, lo hemos repetido una y otra vez en innumerables foros a lo largo de los últimos meses: la seguridad jurídica es una cuestión absolutamente fundamental para la viabilidad misma de nuestra nación. Mientras no existan las condiciones para garantizar, primeramente, la integridad personal de los ciudadanos y, en un segundo lugar, la ejecución de todos aquellos arreglos comerciales, contratos, convenios y acuerdos –por no hablar de todo lo que se refiere a los derechos de propiedad– que sólo pueden celebrarse cuando existen las necesarias certezas legales para todas las partes, México no alcanzará los niveles de crecimiento social y económico dignos de su potencial. En este sentido, es muy                       reconfortante que el tema figure en la agenda de reformas que, según se reseñaba en la portada de Reforma hace un par de días, el Ejecutivo se propone plantearle próximamente al Congreso de la Unión. En efecto, la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, en colaboración directa con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, ha elaborado un proyecto que, en palabras de los reporteros, sería tal vez “la reforma más importante en materia de procuración e impartición de justicia en los últimos 80 años”.

La propuesta desarrolla una serie de puntos –que la PGR se independice del Poder Ejecutivo, que el propio procurador sea nombrado por el Senado, que la AFI no esté bajo las órdenes del Ministerio Público y que se instaure la modalidad de juicios orales en los casos que competen al fuero federal– que, por lo pronto, deberían de quitarle la herrumbre a la pesada maquinaria de la justicia mexicana. Sin embargo, más allá de las indudables bondades de estas medidas, el actual proyecto de reformas deja de lado otros asuntos igualmente esenciales. Entre otras cosas, no plantea la unificación de los diferentes códigos penales de la Federación ni la plena independencia del Ministerio Público; tampoco propone la creación de una policía nacional única ni, por ejemplo, la puesta en marcha de acciones en el ámbito educativo para la formación de una cultura apegada al Estado de derecho; y, en lo que se refiere a la sustitución de los juicios escritos por juicios orales, se trata de una medida que sólo se llevaría a cabo en el ámbito penal y federal, no en asuntos del fuero común y en materia civil, como sería de esperarse ya que la inmensa mayoría de los juicios se tramitan en estos últimos ámbitos.

En este sentido, podríamos afirmar que no es todavía el instrumento para consolidar efectivamente uno de los cambios institucionales más trascendentes para la sociedad mexicana, a saber, la transición de ese Estado de orden instaurado por el antiguo régimen hacia el auténtico Estado de derecho que requiere hoy nuestro país. Además, para que podamos constituir el sistema judicial verdaderamente abierto, moderno y eficaz que necesitamos, las reformas deben referirse a los aspectos que garanticen igualmente la seguridad jurídica para los bienes y las transacciones.

En lo personal, he estado trabajando sobre estos temas y forman parte de las propuestas que he planteado para llevar a cabo los cambios institucionales que el actual gobierno podría emprender desde ahora para propiciar las posteriores reformas estructurales. Tal y como lo señalé en una conferencia que impartí en el ITAM hace ya más de seis meses, la seguridad jurídica es un concepto por así decirlo global que abarca necesariamente aspectos esenciales de la vida social y económica. No se limita entonces a la mera procuración de justicia en sentido estricto sino que se refiere a cuestiones relacionadas con la propiedad privada, la tenencia de la tierra, las hipotecas, los préstamos bancarios, las inversiones, etcétera. Y es que, así como el dueño de una parcela debe contar con la certeza que le brinda un título de propiedad debidamente legalizado, también el pequeño empresario necesita saber que los trámites realizados ante las autoridades no son una forma de extorsión, lo mismo que el inversionista extranjero requiere tener la seguridad de que los contratos, antes que nada, están para ser cumplidos y de que su capital de trabajo está a buen resguardo. Un ejemplo de esto lo podemos ver ahora mismo, en lo que se refiere a las condiciones en que se otorgaron los permisos para distribuir gas natural en diferentes ciudades de este país: algunas empresas se quejan de que la corrupción y los excesos burocráticos les han impedido satisfacer las cuotas requeridas por las autoridades.

El problema es muy complejo y, por lo tanto, exige emprender una transformación ambiciosa y de grandes alcances, comparable a la reforma educativa que el país también necesita. El Ministerio Público, por lo pronto, debe ser revolucionado desde sus raíces mismas para convertirse en una especie de Fiscalía General autónoma, independiente del Poder Ejecutivo; hay que comenzar, también, con un gran proceso de titulación de propiedades de particulares, sobre todo de aquellas en manos de las familias de menores recursos; los juicios orales, en efecto, deben ser instaurados para que los jueces, a su vez, tengan una participación más directa en las diferentes etapas del proceso y que puedan impartir justicia de manera más abierta y transparente, pero no sólo en los casos penales del fuero federal sino en el ámbito civil y del fuero común; hay que dotar a la PFP de mayores recursos (cuenta con poco más de 5 mil efectivos en comparación con los cerca de 360 mil de las policías estatales, una cifra verdaderamente insuficiente para un país de las dimensiones de México) –y de atribuciones más claras sobre todo el territorio federal– y lo deseable sería también que esta policía federal, reforzada con recursos adicionales y nuevos agentes, estuviera bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública; la Agencia Federal de Investigaciones, por su parte, debería ser separada de la PGR y constituir una auténtica policía investigadora federal, tipo FBI; es indispensable unificar los códigos penales (el secuestro, por ejemplo, no es un delito federal sino de fuero común, lo mismo que el asesinato en serie); finalmente, en lo que toca al Consejo de la Judicatura, cuenta con representantes tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo lo que, en los hechos, significa que estos dos poderes fiscalizan al Poder Judicial, una situación que tal vez debería ser vista más de cerca por los especialistas en temas constitucionales.

Todas las anteriores propuestas se pueden condensar en una sola afirmación: México necesita ser un país de reglas claras. Mientras no lo consiga, no logrará tampoco llegar a los niveles de crecimiento económico que con tanta urgencia requiere. Qué bueno que el gobierno se ocupe finalmente de un asunto tan trascendente. Esperemos que esta iniciativa se enriquezca de nuevas propuestas y, sobre todo, que ocupe un lugar decisivo entre las prioridades de la actual administración.