Una de las condiciones fundamentales para la democracia está en la participación ciudadana que articula a la sociedad civil como conjunto de relaciones y recursos que hacen posible la colaboración de todos los ciudadanos en la búsqueda del bien común. La participación ciudadana es una clave para el avance democrático en todos los contextos de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades campesinas e indígenas, en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones gremiales o profesionales, en las instituciones académicas, educativas y religiosas en los ámbitos locales, regionales y nacionales.
Tenemos que reconocer que la participación ciudadana en algunos de nuestros contextos tiene una serie de restricciones o deficiencias que le arrebatan su potencial para la vida democrática. Una deficiencia está en la subordinación de la participación ciudadana a los intereses de los gobiernos o de los partidos políticos. Es necesaria una relación con estas instituciones públicas, pero no de subordinación sino de una relativa autonomía. En este sentido, la participación ciudadana suele darse sólo en tiempos electorales y para asuntos electorales y queda muy restringida.
Otra deficiencia se da cuando la participación ciudadana no se articula con una orientación fundamental hacia el bien común y se buscan privilegios de cualquier clase. En el pasado, organizaciones de la sociedad civil buscaban prebendas económicas del Estado y se desarrollaban con presupuestos públicos, convirtiéndose en dependientes de los dineros que administraba el Estado. Y se convirtieron en organismos parásitos que poco contribuían al bien común.
Con su participación, el ciudadano se convierte en un actor social que contribuye con sus capacidades y habilidades en su área de influencia y asumiendo sus responsabilidades en todos los ámbitos de la vida social. Hay ciudadanos que tienen más capacidades para temas específicos como pueden ser la ecología, la cultura, la educación, la economía social, la construcción de la comunidad y demás. Pasar de ser un mero espectador a ser un actor social es la cuestión que cada ciudadano tiene que plantearse. Y dejar atrás eso de vivir de lamentos y de frustraciones porque deja el peso de lo social a los demás ciudadanos y a los gobiernos.
Con la participación ciudadana se va configurando la sociedad civil, que se articula para el bien común con la participación de personas, de organizaciones y colectivos que gestionan iniciativas para una convivencia social más libre y más justa y para defender o impulsar los legítimos intereses de personas o de sectores de la sociedad.
Las instituciones del Estado y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente vinculadas y sean interdependientes, no son iguales en la jerarquía de los fines. Los poderes públicos están esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen. Esta es la orientación justa porque la autoridad es un servicio que está en función de la sociedad, a la que se debe. Al menos, en una sociedad que se precie de democrática o que pretenda ir por este sendero. En este contexto, la autoridad tiene la responsabilidad de poner las condiciones necesarias para que la participación ciudadana se desarrolle hacia el bien común. Se requiere de una legislación y de una reglamentación que ajuste las relaciones entre organizaciones, instituciones y personas, tanto de la sociedad civil como del Estado.
Hay que poner en claro que de la participación ciudadana depende, en gran parte, la calidad de la democracia de un pueblo. La democracia se desarrolla de manera procesual en cuanto que necesita un largo camino de maduración para generar actitudes y valores democráticos que se van estructurando institucionalmente, con las medidas necesarias para que se convierta en una realidad en la que todos los ciudadanos participen, no solo de manera formal sino real en la toma de decisiones que afectan a la sociedad, desde los ámbitos locales hasta los nacionales.
En nuestro país, estamos haciendo este camino, que no ha sido fácil y que está lleno de contrariedades. Hay que reconocer que nuestra democracia está aún en una situación de precariedad debido a la larga historia de simulaciones que hemos tenido en el pasado, como el infantilismo social, el presidencialismo y el paternalismo político. No es fácil pensar y actuar en función del bien común, ni para quienes nos gobiernan ni para los ciudadanos. Cuando el bien común no es el horizonte de la participación ciudadana ni de la democracia suelen darse procesos de polarización como el que se está dando en el país, donde las fuerzas políticas y sociales siguen atizando mentiras y rencores, de un lado y de otro. Es necesario madurar el sentido del bien común como horizonte de cada actor social y político.
Por lo pronto, es necesario despertar procesos de participación ciudadana en los ámbitos locales, entre indígenas y campesinos y entre vecinos de las colonias urbanas. Y, a su vez, despertando redes de participación entre organizaciones sociales, empresariales y académicas con el fin de ir articulando a la sociedad civil que necesitamos.
Una última observación necesaria para estos procesos es la necesidad de una dimensión ética de los mismos. Creo que la orientación ética fundamental es la que tiene que ver con el bien común como un principio orientador de las acciones y de los procesos. El bien común no corresponde al bien particular de cada uno de los actores de la sociedad o de los poderes públicos, sino al conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las organizaciones y a cada uno de sus miembros la satisfacción de sus necesidades y de sus derechos. El bien común se alcanza cuando todos y cada uno de los actores sociales hacen lo que les corresponde. Vinculado a este principio está siempre el de la dignidad humana de cada persona, de la cual se deprenden derechos y obligaciones. Y lo mínimo es el respeto, evitando divisiones y polarizaciones.
Si deseamos que nuestra democracia dé pasos firmes hacia adelante, es preciso alentar la participación ciudadana en términos saludables y reales, una participación que se convierta en una actitud para todos los días del año y no sólo para los tiempos electorales como suele pasar desde hace mucho tiempo. Cuando el ciudadano reconoce su dignidad y emprende el camino de la responsabilización social como un actor necesario, empieza el cambio verdadero y deja atrás las simulaciones.