“Hemos sido capaces de hermosear ciudades, levantar estructuras monumentales; construir grandes obras de almacenamiento para irrigación y generación de energía, vías de comunicación, centros de cultura […]; y, sin embargo, para fortalecer la revolución agraria carecemos de visión y voluntad para hacer de las unidades ejidales ejemplo de organización y producción agrícola”.
(Gral. Lázaro Cárdenas, Memorias, 1960)

En los últimos tiempos, ha habido por lo menos cinco propuestas que hablan de realizar modificaciones a la Ley Agraria y al Artículo 27 Constitucional; todas tienen un común denominador: obedecen a coyunturas electorales, son promovidas por legisladores en lo particular, no toman como base la consulta a los actores en el campo, se hacen en el escritorio y perfilan liderazgos sin o con muy poca base social. Ello nos obliga a profundizar en el análisis.
Baste de entrada una primera premisa. La propiedad social de la tierra ha venido disminuyendo desde cuando Salinas de Gortari modificó el 27 Constitucional y promulgó la Ley Agraria creando las nuevas estructuras para la “gobernabilidad agraria”. Durante los últimos gobiernos neoliberales, la superficie privatizada vino en aumento; mientras que en el período de Andrés Manuel López Obrador se redujeron al 30% las autorizaciones del dominio pleno, mismo que fue de 316 mil hectáreas; contra un millón en el periodo de Peña Nieto y 1.2 millones en el periodo de Calderón. Todo esto ha hecho que, desde 1992, la propiedad social de la tierra represente el 50.7% del territorio nacional. ¿La pregunta que surge es, además de la rapacidad de los nuevos terratenientes, porqué esa tendencia a privatizar la propiedad social? Aunque el Registro Agrario Nacional tiene como mandato ser guardián de la propiedad social, si no existen políticas públicas y programas que reactiven la actividad productiva, los campesinos tienden a vender ante la irredituabilidad económica. Y en ello reside la necesidad de impulsar una gran reforma estructural del campo; luego entonces, no será solo lo agrario lo que deba reformarse, sino todo el conjunto de políticas que tienen que ver con el desarrollo del campo.
Por problemas de espacio, puntualizaremos en lo que podemos llamar los nuevos datos duros del campo:
–Existen en el territorio rural 32 mil 251 núcleos agrarios en donde se asientan 185 mil 243 localidades, cuyos habitantes han sido los guardianes de la biodiversidad. Y ha sido el campo el origen de los principales problemas de violencia que impactan a todo el país.
–Existen 5.5 millones de sujetos agrarios, lo que representa igual número de familias, una población estimada en 30 millones 103 mil 900 personas.
–Si consideramos la gradualidad que genera la agroindustria, los servicios, junto con la población en transición y la semi urbana, la población rural involucra al 43% de la población nacional.
El 25.8% de la población rural se encuentra en carencia alimentaria.
De las 87 millones 944 mil 100 hectareas con vocación agropecuaria, solo se siembran 21 millones 937 mil 852 hectáreas. Ello explica por qué el 60% del ingreso campesino es no agrícola.
–La superficie de labor se ha venido pulverizando, el 72.2% de las unidades productivas tienen debajo de 6.8 hectáreas.
–Envejecimiento creciente, el promedio más reciente es de 62 años.
–Financiamiento restringido para las unidades de producción campesina.
–Poco autoconsumo, alrededor del 80% de la producción es vendida.
–La mayor parte de los cultivos son de temporal, con todo lo que implica.
–Incremento del rentismo en diversas modalidades, ya no es fundamental la compra de tierras.
–Importación creciente de granos básicos.
–Deforestación creciente, entre sobreexplotación, tala ilegal e incendios.
–Deterioro de los suelos en detrimento de la población creciente por alimentar.
–Inseguridad generalizada, cobros sobre la producción.
–Escasez creciente de mano de obra.
–Programas pulverizados, sin impacto productivo y desarticulados entre sí.
–Más lo que se acumule con las políticas arancelarias de Donald Trump.
Hay que decir que, durante el sexenio pasado de AMLO, poco se hizo para abordar la problemática agraria y el fomento a las actividades productivas, como tampoco se impulsó la asociatividad, si no al contrario, al solo depositar de manera individual los apoyos, se mata la iniciativa campesina. Pero también hay que reconocer que se hicieron algunas acciones estructurales. Se resarció la privatización y el reconocimiento del territorio a los pueblos originarios mediante el establecimiento de 17 Planes de Justicia. Se evitó en buena parte la concentración y la privatización de tierras. Se suspendieron concesiones para la Minería. Se revirtió la Reforma Energética quedando pendiente las servidumbres que tiene el noveno transitorio de dicha Ley. El RAN mantuvo una férrea defensa de la participación de género, al ser inflexible en la aplicación de la Ley para garantizar la participación de la mujer. Y, finalmente, se elevaron a categoría de Ley los cuatro programas emblemáticos para el campo: Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía.
Pasemos finalmente a las propuestas:
Sí se tienen que hacer cambios al Artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria, pero ello debe iniciar con un proceso de consulta nacional. Una primera prioridad es promover que los derechos y bienes agrarios se constituyan en patrimonio familiar, que derivado de las sucesiones no sean desintegrados. Buscar alternativas para evitar los conflictos agrarios interfamiliares, derivados de que el sucesor de los derechos recae en la persona que menos aportó al patrimonio familiar. Implementar acciones para disminuir el alto porcentaje de enajenación de parcelas a personas ajenas al núcleo agrario. Evitar el alto porcentaje de fraccionamiento de parcelas de carácter social. Detener el alto porcentaje sobre el dominio pleno de parcelas, el cual se da en las mejores tierras ejidales y que son vendidas a personas ajenas al núcleo en precios irrisorios. Protección a las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas, incluyendo la inclusión y respeto de los usos y costumbres. Protección de las tierras y recursos naturales de los núcleos agrarios, respecto de las empresas mineras. Se debe considerar la reversión de derechos a quienes adquirieron propiedades por mecanismos fraudulentos, como se ha establecido en el informe sobre el “Acaparamiento de tierras de propiedad social en México”, elaborado por el RAN. Coordinación institucional entre la PA, RAN, TUA y órganos de representación de los núcleos agrarios para terminar con el rezago que existe en todos los núcleos agrarios y, finalmente, que se promulgue un Código Federal de Procedimientos Agrarios que considere los puntos anteriores, así como la ampliación de facultades de los TUA. El elemento central para el logro de estas acciones es el fortalecer del asambleísmo y la coordinación de los comisariados ejidales y comunales.
Pero también se tiene que retomar una reforma a los ejes centrales que determinan el desarrollo del campo, así como realizar programas de desarrollo multianuales con metas precisas. Reactivar al Ejido y la Comunidad como instancias de organización, de representación rural y territorial y principalmente de organización para la producción de alimentos. Defender el territorio del Ejido y la Comunidad, proteger sus recursos naturales: agua, suelo, bonos de carbono, biodiversidad, riqueza cultural y conocimiento tradicional. Impulsar el empoderamiento y la vida democrática en el medio rural. Construir y crear un amplio programa de economía social. Impulsar la Agroforestería y la Agroecología como formas de producción sustentable, así como la protección frente al cambio climático.
El objetivo final de esta reforma estructural de políticas públicas al campo consiste en empoderar a las comunidades rurales, construir un sujeto social que sea garante de las transformaciones, la autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Todo ello requiere de impulsar un gran movimiento campesino en donde concurran las organizaciones propositivas y con base social. La Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades propone coordinarnos y comenzar por definir una agenda de trabajo.

*Del equipo asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades.