Fue una experiencia alentadora la del Foro de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional del pasado martes 21 de agosto en Acapulco. Muy cargado de ideas, sentimientos, sugerencias, propuestas y emociones, abundó la participación de los alrededor de mil 200 participantes. Se vio que los organizadores aprendieron de los foros anteriores realizados en Ciudad Juárez, Torreón y Morelia para mejorar la dinámica de la participación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales. Con algunas situaciones menores de tensión, se logró que los ciudadanos nos sintiéramos escuchados con la expectativa de que nuestra palabra contaría a la hora de diseñar las políticas públicas del próximo gobierno federal.
Me impresionó la presencia fuerte y viva de las víctimas de la violencia, especialmente de las familias de los desaparecidos. Ya sean aquéllas víctimas que están organizadas en colectivos, y aquéllas que hacen sus esfuerzos de manera aislada por encontrar a sus familiares. Se hicieron presentes con mucha dignidad para pronunciar sus palabras y expresar su dolor. Esta presencia impactante de las víctimas se dio en el contexto de una variedad de presencias ciudadanas: campesinos, maestros, profesionistas, periodistas, activistas de los derechos humanos, indígenas, feministas, jóvenes, ministros religiosos y hasta políticos.
Muchas demandas sonaron en el foro, para que sean escuchadas por el nuevo gobierno federal, que tomará las riendas del poder el 1 de diciembre próximo. Pero la demanda de mayor impacto fue la de justicia. Esta demanda unió a muchas voces y a todos los sectores de la sociedad. Lo que está doliendo más a los pueblos guerrerenses es la inaccesible justicia, que es elemental para vivir de manera digna. Con un sistema de justicia inservible, atrapado por los intereses de los poderosos, los que tienen el poder, el dinero y las armas en sus manos.
Pero, cuando se demanda justicia, ¿qué se está exigiendo? Aquí es donde hay diversas formas de entender la justicia. Hay quienes circunscriben la justicia al castigo. Quieren ver al culpable del delito en la cárcel, pagando una condena proporcional al daño que hizo. Es la justicia estrictamente punitiva, centrada en el delincuente, que se encarga de ponerlo detrás de las rejas para que pague una cuenta contraída. El sistema penal que tenemos, tan inhumano y corrupto, que mantiene privilegios y abusos y que, muchas veces está subordinado al autogobierno de mafias, se encarga de lo demás, de convertir el castigo en un verdadero infierno sin posibilidad de redención. Hay que señalar que esta forma de entender la justicia es insuficiente y tiene el riesgo de distorsionar a la misma justicia. Encargar el castigo al sistema penitenciario ha sido desastroso. Y entender la justicia como castigo solamente no abre el camino hacia la paz.
Es necesario entender que para avanzar hacia la paz y a la reconciliación, hay que trascender el modelo de justicia punitiva y avanzar hacia la justicia restaurativa, que se encarga de devolver la dignidad a los delincuentes mediante procesos de restauración. A su modo, lo hace ya la CRAC-PC con lo que llama la reeducación y con el servicio a la comunidad. En este sentido, la justicia implica ir más allá del castigo para reconstruir la persona del delincuente y poder devolverlo regenerado a la sociedad, para que pueda reintegrarse cuando concluya su condena. Esto requiere una transformación profunda del sistema penitenciario que está corroído desde dentro para que cumpla su función de “readaptación social”, como pretende.
Por otra parte, un gran problema lo hemos tenido en el sistema de justicia centrado en el juicio y el castigo al delincuente, porque abandona a la víctima a su suerte. Por eso se requiere un giro completo para centrar la acción de la justicia en la reparación del daño sufrido por la víctima. Un homicidio, un secuestro, una amenaza, un desplazamiento forzado, una extorsión genera un trastorno radical a la persona que lo sufre y a su familia, con altísimos costos personales, comunitarios, sociales y económicos. Y la víctima se encuentra desamparada y no está en condiciones de hacer frente al daño recibido. Por eso la justicia implica responder a las necesidades de las víctimas buscando la reparación del daño recibido, en la medida de lo posible. La justicia centrada en la víctima del delito y de la violación de los derechos humanos, implica el auxilio institucional para que ella esté en condiciones de continuar su vida de una manera digna. La Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las leyes correspondientes estatales, establecen los derechos de las víctimas y las obligaciones de las instituciones públicas correspondientes. Justicia es, en este caso, la garantía de los derechos de las víctimas por parte del poder público. Hay que reconocer que, por diversas razones, no hay aún condiciones institucionales para que esto se cumpla a cabalidad.
Para determinar con precisión lo que es hacer justicia en este momento del país, es imprescindible vincularla a la verdad. Sin verdad no hay justicia. Una verdad limitada solo puede alimentar una justicia limitada. La verdad, por ejemplo, expone a los perpetradores y la justicia los castiga. La verdad muestra la verdadera dimensión de los daños materiales, psicológicos, sociales y económicos sufridos por las víctimas y la justicia establece la reparación integral en su justa proporción. La verdad puede abrir condiciones para democratizar las instituciones de justicia y puede garantizar la no repetición de los daños a largo plazo. Sin verdad, sin un conocimiento profundo de las causas de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, las reformas institucionales para garantizar la no repetición serían muy limitadas.
Urge la justicia, urge de una manera masiva. Y es posible la justicia que castiga y que restaura, es posible para todos, siempre y cuando se ubique en el contexto de un proceso de justicia transicional a través del cual se abra paso a una verdadera transición hacia condiciones políticas, institucionales y estructurales para que la violencia ceda y se abran caminos hacia la paz, entendida como el conjunto de condiciones que garanticen todos los derechos para todos los mexicanos.
Es de esperar que a este foro de escucha siga un proceso de participación ciudadana en el cual la sociedad se involucre en la construcción de la paz con justicia. El nuevo gobierno necesitará de la sociedad si pretende cumplir sus propias promesas de pacificación. Y tiene que seguir escuchando.