Han pasado seis meses desde el culiacanazo y el gobierno federal no ha vuelto a detener a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, extraditado a Estados Unidos. No lo ha detenido y me queda la duda si lo ha intentado de nuevo. No se ha conocido de algún nuevo operativo para su aprehensión. Esta es la crisis de seguridad más grande que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy parece haber quedado en el olvido. La epidemia de Covid-19 ha monopolizado la agenda pública, por eso es necesario ver en retrospectiva. Ovidio se convirtió en el paradigma de lo que no debe de suceder en la lucha contra el narcotráfico. Su liberación nos robó una enorme bocanada de esperanza en la justicia. Fue un operativo federal mal planeado en el que se subestimó el poder criminal del narcotráfico en Culiacán y, sobre todo, su disposición bélica a incendiar la ciudad y a sus habitantes si fuese necesario. No se trataba de detener a Ovidio a cualquier costo. No. Se trataba de hacer un operativo eficaz, pero resultó un desastre.
Han pasado seis meses desde el culiacanazo, desde ese 17 de octubre, la primera vez que el narcotráfico local nos mostró su poder real y nos advirtió que la ciudad es suya, y lo será cada vez que así lo determine. A decir verdad, ni siquiera los habitantes de Culiacán pudimos imaginar que estuviesen dispuestos a esos extremos de violencia. Es un cártel en transformación constante, con mandos jóvenes que aún no conocemos.
Han pasado seis meses desde el culiacanazo y los criminales cada vez son más cínicos. Han optado por videograbar sus actos delictivos como si tuvieran la certeza de que la impunidad está garantizada: ora graban un video mientras avientan a un basurero a una persona ejecutada y brincan sobre su cuerpo inerte, ora se dejan grabar durante un retén falso a plena luz del día en una avenida concurrida, ora nos muestran sus juegos perversos de abuso de poder, ora nos presumen sus armas de uso exclusivo del Ejército y que pesan la mitad de los jovencitos que las portan, ora nos recuerdan a diario que el poder lo tienen ellos.
Han pasado seis meses desde el culiacanazo y esta ciudad de los tres ríos –el Humaya, el Tamazula y el Culiacán– parece querer olvidar ese jueves negro. Nuestras vidas no debieron ser las mismas, tal vez no lo sean, pero por alguna extraña razón la sociedad se empeñó en mandar el suceso a una especie de Archivo General de la Memoria Colectiva. Se quedó como un recuerdo doloroso, un soplo en el pecho, una frente fruncida, unas miradas al suelo. Algo de lo que es mejor no hablar por la incomodidad que genera; un tema que amerita una amplia discusión social, pero aún no estamos listos para la catarsis colectiva.
Han pasado seis meses desde el culiacanazo y los gobiernos de Culiacán y de Sinaloa se han convertido en la estampa más triste de la derrota. No diré que los gobiernos actuales están vinculados al crimen organizado. No lo diré porque no lo sé de cierto. Pero sí sé que la complicidad entre los gobiernos de Sinaloa y el narcotráfico se ha dado por décadas. El crimen ha llegado a tener narcobancadas en el Poder Legislativo local, narcoalcaldes, narcorregidores, narcopolicías, narcoempresarios, narcofilántropos y probablemente narcogobernadores. La red corruptora del narcotráfico se ha incrustado históricamente en toda la red oficial y social. Prácticamente no existe una sola actividad productiva que no esté contaminada por el crimen organizado. Y en este escenario, y a pesar del culiacanazo, los gobiernos locales no cambiaron absolutamente nada. La palabra narcotráfico está vetada del discurso público, el término narcocultura no existe en el imaginario oficial, la corrupción policiaca no es tema de las instituciones, el lavado de dinero en los hechos no es visto como delito sino como inversión productiva.
Han pasado seis meses desde el culiacanazo y aunque parece que nada cambió, una enorme tristeza se alojó en nuestros interiores.