Cuando se constituyó Guerrero como entidad federativa el 27 de octubre de 1849, éste adquirió los litigios que venían sosteniendo los gobiernos del Estado de México y Michoacán por un gran territorio ubicado en la región denominada “de Los Motines”, que comprendía los actuales municipios de Arteaga y Lázaro Cárdenas, Michoacán colindantes con La Unión. Esta querella era motivada por las inconformidades de las familias propietarias de las haciendas de La Orilla y Ahuindo, situadas en la zona “de Los Motines”, que residían en Morelia, Michoacán y por lo mismo pretendían que sus latifundios fueran michoacanos y no guerrerenses; por otro lado, el gobierno de Michoacán tenía mucho interés por esa zona en disputa, pues eran tierras ricas en minerales, susceptibles de provocar la inversión de capitalistas extranjeros; de hecho, a fines del siglo XIX, algunos inversionistas habían manifestado ya su interés por explotar estos yacimientos.
Los conflictos entre Guerrero y Michoacán por esta región habían durado 56 años, y en ese lapso llegaron a coincidir en esa área autoridades de ambas entidades federativas, situación que provocó enfrentamientos armados, sobre todo en algunas épocas de agitación política. Varios intentos de llegar a un acuerdo entre ambos gobiernos fracasaron; el último fue una plática formal llevada a cabo en 1905 entre los gobernadores Aristeo Mercado de Michoacán y Manuel Guillén de Guerrero, ante el secretario de Gobernación y vicepresidente de la República Ramón Corral, quien no logró conciliar los intereses de ambos gobernantes y ante ello les planteó que se recurriera a la autorizada opinión del presidente Porfirio Díaz Mory.
Lo anterior motivó que ambos gobiernos solicitaran el arbitraje del llamado Presidente Vitalicio de la República, quien emitió su veredicto el 2 de octubre de 1906, el cual por su calidad dictatorial era en realidad inapelable. Este laudo presidencial “propuso” a las respectivas legislaturas y al Congreso de la Unión que, hasta donde fuera posible, se adoptaran los siguientes límites naturales para fijar la frontera entre ambos estados:
“I. Partiendo del Océano Pacífico el centro del río de las Balsas, hasta su unión con el río de Cutzamala.
II. De ese punto la línea seguirá por el centro del río Cutzamala, hasta encontrar la línea divisoria actualmente reconocida por ambos estados, entre los pueblos de Pungarabato y Cutzamala.
III. De allí continuará siendo la línea divisoria de los dos Estados la que es reconocida en la actualidad y sobre la cual no hay discusión”.
El presidente agregaba en este documento lo siguiente: “Considero que es equitativa esta resolución porque hay compensaciones convenientes, pues si Michoacán le cede a Guerrero la municipalidad de Zirándaro y parte de la de Pungarabato, en cambio Guerrero le cede a Michoacán todo el territorio que ahora posee a la derecha del río de las Balsas entre éste y el Nexpa. Por otra parte, sin lastimar los intereses generales de los dos Estados, se establece un límite natural en la mayor extensión de la línea. Porfirio Díaz (firmado)”.
El Congreso michoacano dictaminó en forma aprobatoria el laudo presidencial, argumentando las siguientes ventajas económicas para su estado: “La zona que se adquiere comprende fincas importantes y entre ellas principalmente la hacienda de La Orilla, que acaba de ser adquirida por una poderosa compañía extranjera, la de Inguarán, que se propone explotar en gran escala las minas que se encuentran en su territorio… Otras muchas personas, mexicanos y extranjeros, han denunciado ya minas de importancia… todo esto indica que muy pronto se verá bien poblada aquella zona desierta hoy y obtendrá en riqueza y habitantes lo que se pierde al ceder a Guerrero los pueblos de Zirándaro y Pungarabato”.
Los habitantes de estos pueblos no estuvieron de acuerdo con el laudo presidencial que sus representantes populares habían aprobado tan servilmente; se sentían defraudados por sus autoridades, quienes los habían segregado arbitrariamente de Michoacán y cedido al estado de Guerrero en forma obligada y desfavorable, sin tomar en cuenta su manera de pensar y una serie de factores que los ligaba en forma sentimental, socioeconómica y política a Michoacán, por ejemplo, educaban a sus hijos y atendían su salud en Morelia, no en Chilpancingo; numerosos miembros de las familias locales habían emigrado a la capital michoacana en busca de trabajo o un mejor nivel de vida; sus comunicaciones y relaciones comerciales eran con Michoacán, no con Guerrero; la gente importante de las poblaciones de Zirándaro y Pungarabato (hoy Ciudad Altamirano), mantenían estrechas relaciones con las autoridades políticas, administrativas, militares y religiosas de Michoacán, no de Guerrero, etc.
Todo ello hizo que se crearan movimientos locales –sin éxito alguno– en contra de la separación de Michoacán de estas poblaciones, encabezados por los más destacados hombres de negocios de estos lugares: don Ignacio Chávez Villegas en Zirándaro y don Teófilo Cervantes en Pungarabato.
Por otro lado, la separación de Zirándaro y Pungarabato de la jurisdicción michoacana dejaba al Distrito de Huetamo reducido a casi la pura cabecera. Segregados ambos pueblos, Huetamo se resintió política y económicamente, por lo que después de protestar inútilmente ante las autoridades estatales por la “injusticiadera” que le hicieron, tuvo que solicitar al estado que le adjudicaran otros pueblos para poder sostenerse, lo cual se hizo posteriormente.
Teófilo Cervantes envió al Congreso de Michoacán un extenso escrito en el que planteó las razones que asistían a los dos pueblos para no ser separados de Michoacán. Dentro de sus razones, Cervantes argumentaba lo siguiente:
“–El Distrito de Mina, al que ahora pertenecerían Zirándaro y Pungarabato, tiene actualmente conflictos por reparto de tierras, hecho por un albañil en vez de un ingeniero, y esos conflictos llegarían a los nuevos poblados de ese distrito.
–La instrucción pública en Guerrero no depende del Estado como en Michoacán. Está sostenida por los municipios, de tal modo que los pueblos más pobres no alcanzan instrucción.
–El estado de Guerrero no tiene caminos, no funcionan los teléfonos y el correo no es mejor, pues a Pungarabato vienen de otros pueblos a depositar su correspondencia.
–El camino a Chilpancingo es malo, y la capital de Guerrero queda más lejos que Morelia.
–En una palabra, en Guerrero todo está por hacerse u ordenarse.”
Todo fue inútil, la anexión de Zirándaro y Pungarabato al estado de Guerrero se consumó a pesar de todas las protestas, hecho que provocó el éxodo de numerosas familias de estas poblaciones a otras ubicadas en Michoacán; el 2 de abril de 1907 fue la fecha que fijaron ambos gobiernos para la entrega formal mutua de los territorios intercambiados ¿Pero qué hubo realmente en el fondo de este asunto?
El gobernador Mercado era socio de la Compañía Minera Inguarán y por lo tanto era muy importante para él que esta zona pasara a ser parte de Michoacán en forma definitiva, para que se explotaran los yacimientos minerales con su protección como ejecutivo de Michoacán; esto le daba a sus socios la absoluta seguridad de trabajar las minas bajo el amparo oficial, sin riesgos de rebeliones sociales, pagando sueldos bajos e impuestos mínimos, con la disposición total de los gobiernos estatal y federal de ampliar las vías del ferrocarril hasta esa zona en forma inmediata para facilitar la salida de sus productos. Pasando la región “de los Motines” a la zona michoacana, se tenían pues, todas las condiciones favorables para iniciar la explotación.
Por otro lado, la municipalidad de Arteaga (El Carrizal), y las Tenencias de Gordiano Guzmán, Tumbiscatío, Ahuindo y La Orilla, que pertenecían al Distrito de Salazar, tenían un gran potencial económico, pues la hacienda de La Orilla, que fungía como cabecera municipal tenía 17 ranchos, entre los que sobresalían Playa Prieta (hoy el famoso balneario de Playa Azul), La Mira y Las Truchas (en donde ahora se encuentra la siderúrgica del mismo nombre). Además, pertenecían a la Tenencia de La Orilla, las haciendas de San Francisco, El Veladero y Los Amates, con numerosos ranchos cada una, lo que le daba a esta área geográfica una gran infraestructura agrícola y ganadera que facilitaba el desarrollo minero e industrial de esa zona.
Esto revela porqué el gobierno de Michoacán defendió con tanto interés esta posesión, y no dudó en “sacrificar” los poblados de Pungarabato y Zirándaro para lograrlo.
Ya en el dictamen del Congreso michoacano, citado en párrafos anteriores, los diputados informan que la Compañía Inguarán había comprado la hacienda de La Orilla, compañía en la que –como ya se mencionó– tenía intereses personales el gobernador Mercado.
Los empresarios extranjeros pidieron garantías para sus inversiones a don Porfirio, y el dictador sabía que existían más posibilidades de cumplir con ello en Michoacán, donde el gobierno de su amigo Mercado, con mayor estabilidad social y dominio político sobre su Congreso, podía garantizar la seguridad que las compañías mineras exigían para sus inversiones. Mercado tenía más de 10 años tranquilamente en el poder, y Guerrero en cambio, había tenido en el mismo lapso cuatro gobernantes, todos ajenos al estado y cumpliendo sus mandatos en medio de conflictos sociales, rebeliones, represiones y mucho ausentismo. El mismo status de socio de la Inguarán del gobernador Mercado era ya de gran certidumbre para los inversionistas por sus intereses comunes.
Díaz Mory, por medio de Corral, citó a ambos gobernadores y les informó que atendiendo su petición, y para concluir el conflicto territorial entre ambas entidades, iba a intervenir oficialmente en el viejo asunto de los límites de los dos estados; el resultado de su arbitraje buscó solamente complacer los deseos de los inversionistas y de su socio el gobernador Mercado: que la región “de Los Motines” quedara dentro de la jurisdicción de Michoacán. Conseguir la aprobación del fallo del laudo presidencial por los Congresos locales y el de la Unión fue para Díaz mero trámite.
Al gobernador de Michoacán nunca le importó afectar a los dos pueblos calentanos que estaba relegando de su estado; no le interesó su gente ni lo que ellos pensaban al respecto; él defendía sus intereses económicos sobre todas las cosas. En realidad pues, estos movimientos territoriales fueron más que nada, uno más de los múltiples negocios turbios realizados por altos funcionarios durante el Porfiriato.

* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI AC.