Parecieran resbalones pero no lo son. Reflejan, más bien, la actitud generalizada de las autoridades ante el pueblo y todo lo que le afecta, como el asunto de la violencia y la inseguridad. Mientras el presidente municipal acapulqueño Evodio Velázquez afirma que no le corresponde afrontar la violencia del crimen organizado porque es un tema federal, el gobernador Héctor Astudillo dictamina que los negocios que están cerrando en Acapulco lo hacen debido a su mal servicio y no por la inseguridad. Por otra parte el Congreso del Estado de Guerrero patalea contra la alerta norteamericana a sus ciudadanos para que se cuiden de visitar diversas regiones de Guerrero y, particularmente, Acapulco y exigen que se suspenda dicha alerta. Estas son solo una muestra del estilo de gobernar de la clase política en todo el país.
En todos estos casos se da un común denominador: minimizan el impacto de la violencia y evaden la responsabilidad que les toca como gobierno. Y el resultado es el desencanto general de la gente ante sus propias autoridades. Y del desencanto se va pasando, paulatinamente, al desprecio y al rechazo social hacia las instituciones que no están respondiendo a las necesidades más sentidas de la población como es la de seguridad. Estamos ante un modelo de intervención política en el que las autoridades no enfocan su actividad para atender las necesidades más hondas de la población, pues están distraídas por otros intereses a los que les dan prioridad.
Uno de esos intereses es asegurar una carrera política. Para determinar lo que tienen que hacer en cualquier circunstancia, ellas miden el impacto que tendría una actitud o una actividad para su futuro político, que tiene prioridad sobre el interés público y no se puede sacrificar. Esta es una regla que hace funcionar al sistema político mexicano, que posterga siempre el interés público. Total, el sistema político que padecemos es autorreferencial y no está orientado hacia el bienestar social. Es como el perro que da vueltas sobre sí mismo para morderse la cola.
Lo que para los ciudadano es evidente no lo es para quienes están en los círculos de poder. Ellos tienen otra lógica muy diferente, en la que la realidad se reduce o se subordina al futuro político de un partido, de un grupo o de una persona. Esa es la realidad que funciona para ellos, mientras que la realidad dolorosa que mezcla pobreza con violencia no merece su atención. Por eso suelen decir tantas barbaridades y suelen hacer tantos disparates.
Hay mucho escepticismo y frustración ante los políticos. Es inocultable. Aún así, el desafío no es eliminarlos, como muchos quisieran. Hay mucha gente que los quiere en la hoguera. Los hay que merecen respeto y reconocimiento. Creo que se requiere un cambio de actitud en la clase política. No es fácil, pero si es posible. Se requiere honestidad, una actitud básica que ponga condiciones para que la política se oriente justamente hacia su original objeto, que es el bien común. Honestidad ante la propia conciencia, honestidad ante la verdad, honestidad ante la realidad, honestidad ante el pueblo, honestidad ante el servicio público, honestidad ante el presente.
Ya es tiempo de abandonar la simulación del servicio público, es tiempo de abrir los ojos ante el sufrimiento de amplios estratos sociales, es tiempo de liberar la conciencia de los servidores públicos de ataduras grotescas al poder sin escrúpulos, es tiempo de que la autoridad descubra su verdadero sentido y empiece a representar a la gente. De hecho no nos sentimos representados por la mayoría de las autoridades, sean del poder que sean, que reducen su actuación en función de su futuro político…. o económico. Se representan a sí mismas y son, en cierto modo, usurpadoras.
Pero para que las autoridades se conviertan en servidores públicos honestos y nos representen de verdad, los ciudadanos tenemos la palabra. Ellas no lo van a hacer por su cuenta. No hay otra opción. Nos toca provocarlas a la honestidad y ponerlas en el sitio que les corresponde.