La mañana del 20 de octubre fue asesinado el párroco Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando salía de oficiar misa de la parroquia de Cuxtitali.
El “Padre Marcelo”, como se le conocía, era de origen tsotsil. Nació en San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas. Este nuevo asesinato dentro del sistemático aniquilamiento de defensores en Chiapas y en todo México se distingue por la cercanía y largo caminar del padre Marcelo en la defensa de los pueblos indígenas.
Este lunes 4 de noviembre se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas una magna marcha en la que concurrieron miles de creyentes católicos organizados desde distintos municipios en exigencia de la paz y el desarme ante la actual guerra en Chiapas; pero, sobre todo, marcharon concitados por este último episodio en el que se enmarcan el asesinato del padre Marcelo y el natalicio del obispo Samuel Ruiz García.
Dentro de las consignas que se pudieron escuchar en la protesta estaban las demandas por el alto al desplazamiento forzado de los pueblos de Chiapas mediante grupos paramilitares con los que el Estado no sólo muestra negligencia sino una franca aquiescencia. Pero los manifestantes también se posicionaron con claridad ante la creciente militarización en la región y los concurrentes megaproyectos de muerte que dicha militarización acompaña.
Al cabo de la marcha, la organización Pueblo Creyente ofreció una rueda de prensa. Respecto al asesinato del párroco tsotsil Marcelo, el vocero eclesiástico Rodrigo Aguilar denunció: “A nosotros no ha llegado ninguna comunicación oficial. Lo que saben ustedes es lo que la Fiscalía ha dado a los medios noticiosos, esperamos información oficial para nosotros”.
Por su parte, el vocero del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, exigió claridad de parte de las autoridades sobre los responsa-bles y cómo ocurrieron los hechos: “Estamos en la etapa de investigación complementaria; hay una persona vinculada a proceso y dos personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar”.
Como todas las personas defensoras de los pueblos en México, el padre Marcelo sabía que su vida estaba en riesgo. Él solía hacer la lectura que comparten muchos pueblos en resistencia: “Chiapas es una bomba de tiempo”. Pero fue en los últimos meses cuando más había causado incomodidad su lucha contra los grupos criminales que están sosteniendo una auténtica pedagogía del terror en los Altos de Chiapas. Marcelo llegó afirmar en varias entrevistas que sabía que estaban tras de él: “He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida”, dijo para El Heraldo de Chiapas.
En un comunicado, la Compañía de Jesús expresó su más enérgica condena: “El padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera. Su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión. Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”.
A pesar de los esfuerzos cotidianos del gobierno federal por minimizar la crisis de asesinatos y desapariciones de defensores en México, las cifras son elocuentes y por demás aterradoras. En el contexto del Día de Muertos en Oaxaca, la organización Educa publicó los resultados de su monitoreo “Todos sus nombres, todas sus luchas”: en los últimos seis años, en México se han registrado 252 atentados a la vida contra personas defensoras. Estos casos de violencia letal incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.
Los estados con mayor incidencia de asesinatos contra defensores no son casuales: Oaxaca, con 58; Guerrero, con 39; Michoacán, con 21, y Chiapas, con 17.
Un dato a destacar para un gobierno que afirma no cometer ejecuciones: en 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial. Todo ante la mirada permisiva y, por tanto, cómplice de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
En palabras de Educa: “El propósito de la presentación de estos resultados es honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos”.