El actual escenario político electoral es inédito. Después de una contienda bastante competida y de unos resultados muy parejos entre dos de los contendientes, estamos en un tiempo de espera hasta que la elección sea calificada por la autoridad competente y pueda declararse formalmente al ganador como presidente electo.
Los resultados han sido impugnados por la coalición Por el Bien de Todos, debido a que presume múltiples irregularidades que tienen que ser aclaradas y nos preparamos para que se desarrolle un proceso jurídico que tendrá que solucionar esta situación. La ley electoral contenida en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) tendrá que regir los procedimientos en tiempo y forma ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), autoridad competente que tendrá que recibir todas las pruebas que sustenten la impugnación como elementos necesarios para calificar la elección del presidente de la República.
Hay que señalar que a la coalición formada por el PRD, el PT y Convergencia le asiste el derecho de impugnar la elección presidencial si así lo considera necesario, pero tendrá que apegarse a las leyes electorales para sustentar su impugnación y para hacer valer sus derechos.
Lo importante es que no transitemos este proceso postelectoral a ciegas. Que los ciudadanos sepamos que este caso particular está previsto por la ley, que marca los procedimientos necesarios para darle una salida justa y clara. Esta ley es la que los partidos han asumido, puesto que ellos mismos, a través de los legisladores han logrado sacar adelante. En nuestras actuales circunstancias, los partidos políticos han de ser los primeros que deben asumir los ordenamientos legales vigentes de una manera clara y responsable para llegar a conclusiones plenamente apegadas a las leyes y aceptadas por los ciudadanos.
De ninguna manera sería deseable un clima de polarización en el que los partidos enfrentaran a los mexicanos entre sí. Y hay que decirlo con fuerza y con claridad. Si durante el proceso electoral manejaron mentiras, injurias y descalificaciones al arbitrio del instinto de poder de cada quien, ahora no estamos en tiempos para sostener este género de guerra sucia. No se valen las arbitrariedades de nadie. Ni del gobierno ni de las autoridades electorales ni de los impugnadores ni de los impugnados. Tenemos para actuar todo el margen que nuestras leyes, aunque no sean perfectas, nos permitan. De otra manera podemos meternos en un túnel de gritos entre sordos. Si la ley permite movilizarse, manifestarse públicamente y hacer públicas las propias razones, adelante.
La sociedad necesita de partidos que estén a la altura de sus aspiraciones y necesidades, que defiendan la verdad así esté del propio lado como del lado del adversario, que defiendan el Estado de derecho así vaya contra los propios intereses. Los partidos necesitan abastecerse no sólo de un capital político; también necesitan hacerse de un capital ético que muestre que pueden ser confiables y responsables en esta hora en la que se toman decisiones trascendentales.
Hay que esperar a que el tribunal haga su trabajo con la mejor actitud de colaboración. Que los que impugnan la elección presenten evidencias y pruebas de las irregularidades con el interés de aclarar y de dar certeza al proceso electoral. Que nadie se la dé de vencedor hasta que el tribunal lo haga con la atribución que la ley de otorga. Que los ciudadanos mantengamos nuestro interés de manera civilizada. Y que después de todo, aprendamos a ganar y a perder con madurez, pues de lo que se trata es de colaborar en una historia que se hace con la participación de todos.
Desde luego que la ley sigue siendo, sobre todo en esta coyuntura, una herramienta indispensable para la construcción de la democracia. Apartarse de la ley es negar la democracia y ponerle obstáculos. La democracia es siempre incluyente y exige de los partidos apartarse de cualquier clase de sectarismo o cerrazón. Con el poder o sin el poder en la mano, podemos dar mucho al país y ese ha de ser el mayor interés. De otra manera, el poder es utilizado contra el país mismo como lo hemos visto por muchos años. Y el camino, en todo caso, es y sigue siendo, el respeto a nuestras leyes.