EL-SUR

Viernes 19 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

HSBC, una lavadora que no sufre consecuencias

Silber Meza

Octubre 03, 2020

Karla se dedicaba a cultivar vid, melón y espárragos. Lo hacía allá, en una pequeña localidad del lejano, norteño y desértico estado de Sonora, límite con Estados Unidos: la enorme puerta para exportaciones mexicanas; el país de las oportunidades, el comercio más importante del mundo, la piscina de los codiciados dólares, y también el mercado más importante para el consumo de drogas ilícitas.
Ella había trabajado en una pequeña sucursal del banco HSBC en Caborca y conocía perfectamente el modelo operativo. Así, un día, sea por decisión propia, por amenazas o una amalgama de ambas, decidió realizar operaciones para beneficiar al cártel de Sinaloa.
Karla no es su nombre real, es un nombre ficticio con el que decidimos nombrarla en el reportaje “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, realizado por Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y yo, que fue patrocinado por Quinto Elemento Lab y Connectas, y publicado en diversos medios, como El Sur de Guerrero.
En la investigación periodística contamos que Caborca, donde vivía Karla, es un lugar de ensueño para el tráfico de drogas: un municipio amplio y poco habitado con una costa enorme, policías locales débiles y por supuesto, cercano a Estados Unidos, la puerta de oro.
Durante tres meses de 2008 Karla participó en un sistema bastante popular dentro del blanqueo de capitales: recibió en su cuenta múltiples depósitos en dólares en efectivo menores a 10 mil dólares, que al sumarlos totalizaron más de 162 mil dólares. “El dinero permanecía muy poco tiempo en su cuenta y casi inmediatamente era transferido a cinco destinatarios distintos. No es que esa cifra fuera tan descomunal como en otros casos detectados, pero sí que uno de los destinatarios fuera una empresa denominada Insured Aircraft Title, dedicada a la compra venta de aviones”, se indica en el reportaje.
Estas transacciones de la exempleada bancaria las encontramos en el informe que elaboró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 2007 y 2012, el cual obtuvimos en exclusiva para la investigación periodística tras una batalla en materia de transparencia.
Parte del dinero que movió Karla mediante sus cuentas bancarias habría sido utilizado para actividades ilícitas. Insured Aircraft Title, una de las cuentas a las que Karla giraba dinero, era una empresa dedicada a la compraventa de aviones ya acusada de formar parte del sistema de transporte de cocaína del cártel de Sinaloa.
La operación de Karla fue sólo una de cientos, tal vez miles que se realizaron desde Sonora, Sinaloa, Baja California y otros estados para blanquear el efectivo que miembros del crimen organizado obtenían de sus actividades ilícitas. Un dinero que va más allá del delito de lavado, porque tiene una huella dolorosa: cientos de miles de asesinatos, familias ahogadas en el dolor eterno, desaparecidos que no permiten el sosiego de padres, madres o hermanos, comunidades arrasadas por la violencia y el desplazamiento forzado, así como la alteración de los mercados con dinero sucio, como compra de bienes inmuebles, carros de lujo, terrenos que aumentan la especulación, restaurantes sin clientes, “empleos” sin pago de impuestos, entre muchas otras características.
Tras revisar el expediente desclasificado de la CNBV, el informe del Senado de Estados Unidos y el del Departamento de Justicia de ese país, pudimos documentar que entre 2007 y 2012, justo el periodo de más violencia de la “guerra contra el narco”, el banco HSBC omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas; permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos; dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales; y mantuvo hasta el último momento posibles relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves.
Uno de los principales encargados de evitar que todo esto ocurriera era Ramón García Gibson, el titular del Comité de Comunicación y Control, el máximo órgano interno del banco en materia antilavado. El señor era un gurú en temas de prevención de blanqueo de capitales, sin embargo por más botones rojos, por más alertas que se prendían en las oficinas centrales, parecía ignorarlas y no emprendía acciones contundentes. Esto lo llevó a regaños severos de sus jefes en Londres y del Senado estadunidense. Pero no pasó a mayores.
Cualquiera hubiese podido suponer que después de su papel en HSBC la carrera de Gibson estaría acabada, que ahora estaría vendiendo coches, atendiendo un negocio de persianas o cerveza artesanal, por decir algo, pero no. García Gibson es el nuevo encargado de prevenir el lavado de dinero en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), como titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la dependencia. Es un puesto estratégico, ubicado en los círculos más altos de ese organismo para combatir el lavado de dinero, precisamente una tarea en la que ya fracasó.
Las consecuencias para el banco fueron escandalosas. En México, la acusación de la CNBV al banco fue tan grave que lo calificó como un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”.
Las repercusiones ya las conocemos: en 2012, en medio del escándalo internacional, Estados Unidos decidió multar a HSBC con mil 900 millones de dólares, mientras que en México las autoridades anunciaron una sanción “histórica” de apenas 379 millones de pesos, unos 27.5 millones de dólares. Bara bara.
El banco inglés prometió corregir sus errores, pero en realidad ha repetido las mismas malas prácticas que en el pasado, aunque en menor medida. Esto ha ocasionado que la CNBV haya impuesto nuevas multas por fallas en sus controles de lavado de dinero, es decir, HSBC ha sido reincidente.
Posdata: Ninguno de los empleados del HSBC fue sancionado y García Gibson sigue dirigiendo el combate al lavado de dinero en México.