Luis Carlos Ugalde y otros seis consejeros del IFE padecen una enfermedad conocida como osteofilia, la que se caracteriza por un
desmedido amor al hueso, sobre todo cuando éste va acompañado de un ingreso semejante al de un ministro de la Suprema
Corte y se adereza con amplias oficinas, buenos automóviles, choferes, secretarias, ayudantes, celulares y presupuesto para
repartir empleos y otros favores.
Que esos consejeros actúen como prebendados resulta muy explicable. Con su perfil y el talento que han mostrado hasta ahora,
difícilmente tendrán un ingreso y condiciones laborales siquiera parecidas a las que hoy disfrutan. Baste ver de dónde venían y
cuánto ganaban antes de que compadrazgos y complicidades les hicieran llegar su actual e inmerecida bonanza.
No es ocioso recordar que el comatoso Consejo General del IFE fue integrado en la Cámara de Diputados cuando Elba Esther
Gordillo era la lideresa de la fracción priísta y Germán Martínez el pastor de los panistas. Ellos decidieron quiénes deberían recibir
el nombramiento de consejeros, pues el PRD quedó marginado por la ineptitud y la frivolidad de Pablo Gómez, entonces líder de
la fracción aurinegra, que entre otras cosas llegó a proponer para una consejería a María de los Ángeles Fromow, la inútil y guapa
fiscal dizque encargada de delitos electorales.
Pero si la irresponsable actuación de Pablo Gómez ocasionó la marginación del PRD, mal hicieron las bancadas del PRI y el PAN en
despacharse con la cuchara grande, pues conformaron un Consejo General que le debía la vida a esos dos partidos. Peor resultó
el asunto cuando Elba Esther fue marginada de las filas priístas, pues con el inmenso poder que tiene pudo favorecer en 2006 al
candidato presidencial del PAN, quien ahora le debe el cargo.
Lo cierto es que el IFE tiene un consejo manchado de origen por la sospecha. La ineptitud mostrada en su desempeño confirmó
que no tenían capacidad para llevar una elección federal a buen puerto, pues además de la parcialidad que muchos le suponen,
falló en otros rubros, como la depuración del padrón electoral o la participación en los comicios de los mexicanos que están en el
extranjero, lo que por cierto costó una fortuna de la que deberían rendir cuentas.
Agarrados con uñas y dientes del suculento hueso, los siete magníficos que forman mayoría en el Consejo General del IFE han
encontrado, como era de esperarse, apoyo en algunos intelectuales de derecha y de empleados de la firma Televisa, quienes son
firmantes de un desplegado que considera a un organismo federal autónomo al margen y hasta por encima de los poderes de la
Unión, lo que es del todo insostenible.
Esos mismos abajofirmantes no se condolieron por la suerte de los primeros consejeros ciudadanos, los nombrados en 1994,
quizá porque entonces la facturación publicitaria no había alcanzado las cifras escandalosas a las que llegó en 2006, en buena
medida por la guerra sucia promovida y hasta pagada por entidades privadas a las que les está legalmente prohibida la
contratación de anuncios para intervenir en un proceso comicial, hecho que tampoco mereció la protesta de los que hoy
defienden la permanencia de los actuales consejeros del IFE.
No es inocente que personajes cercanos a Televisa, la empresa más beneficiada por el gasto electoral, salgan ahora en defensa de
los consejeros. Si se impide su remoción queda el campo libre para sabotear otros puntos de la reforma electoral, la que
comprende un asunto central: prohibir la propaganda en radio y televisión fuera de los tiempos oficiales. Ese es el meollo del
asunto.
Mientras más días pasen, más posibilidades existen de que la reforma electoral sea saboteada. Cuando hay tanto dinero de por
medio se producen votaciones extrañas y vergonzosas, como la ocurrida cuando se desaforó a Andrés Manuel López Obrador o la
sorprendente unanimidad con que la Cámara de Diputados aprobó la Ley Televisa, unanimidad que incluyó para mayor escarnio a
la fracción perredista que pastoreaba el citado Pablo Gómez.
La Ley Televisa fue ratificada en el Senado por las bancadas del PRI y el PAN, con las honrosísimas excepciones de Javier Corral,
Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros pocos, poquísimos, panistas y priístas que promovieron su revisión en la Suprema
Corte, la que falló en contra de un par de disposiciones que limitaban severamente al jefe de Estado, lo que permite suponer que
la Presidencia de la República no era ajena a la revisión, hecho que el duopolio televisivo debe tener muy presente.
La reforma electoral, en los términos conocidos hasta ahora, es un serio intento por restituirle al IFE la confianza y respetabilidad
que nunca debió perder. Si los interesados en sabotearla logran que se frustre, lo único que harán será posponerla, y no por
mucho tiempo, pues hay numerosos síntomas de inestabilidad social y económica, el Estado no puede seguir tirando millonadas
a favor de dos empresas y Felipe Calderón la necesita con urgencia no sólo para fines de legitimación, sino de mera
gobernabilidad.