Este 26 y 27 de septiembre se cumplieron dos años de la infausta tragedia ocurrida en Iguala, en donde fueron asesinadas seis personas, David Josué Evangelista García, adolescente jugador del equipo Avispones de Chilpancingo; el señor Víctor Manuel Lugo Ortiz –chofer–; la señora Blanca Montiel Sánchez; tres jóvenes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, y 43 alumnos de esta institución fueron sujetos de desaparición forzada, sin que hasta la fecha el gobierno de Enrique Peña Nieto haya dado a conocer su paradero.
1.- Al paso del tiempo el asunto puede ser analizado con toda objetividad. ¿A quien se debe responsabilizar de la delincuencia? ¿A nadie? El responsable de garantizar la seguridad de la población es el gobierno. En este caso, ya había antecedentes porque el 12 de diciembre del 2011 la policía había asesinado a dos estudiantes de esa normal, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, crímenes que no han sido castigados. En información confirmada se conoce que el gobierno federal a través de sus dependencias de seguridad –Ejército, Policía Federal, Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Secretaría de Gobernación–, y el estado por medio de sus secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, sabían que la Policía Municipal de Iguala estaba al servicio de los grupos que asesinaron y desaparecieron a los alumnos, pero no hicieron nada para combatirlos y desarticularlos, y con su actitud omisa dejaron en estado de indefensión a los habitantes de Iguala y luego a los estudiantes asesinados y desaparecidos.
2.- El día de los hechos, los normalistas salieron de Chilpancingo hacia Iguala por la tarde, todos sus movimientos fueron monitoreados por las policías federal y estatal, y a su llegada a Iguala por el Cisen, por miembros de Gobernación federal y por el Ejército, quienes estuvieron reportando todos los hechos a sus superiores, lo que implica que desde el primer momento en que los alumnos fueron atacados, las instituciones de seguridad estatales y federales debieron haber intervenido para evitar los crímenes y las desapariciones forzadas, pero no lo hicieron. A sabiendas de lo que estaba ocurriendo, incluso pudieron haber detenido las camionetas en que subieron a los estudiantes pero dejaron correr las horas para que se fueran consumando las acciones delictivas, por lo que dejaron en estado de indefensión a los jóvenes.
3.- La investigación de los hechos ha estado colmada de irregularidades, la más delicada es la supuesta “verdad histórica”, que cada vez la van cambiando, ya que primero el entonces procurador Jesús Murrillo Karam aseguró que habían calcinado a todos los estudiantes en un basurero de Cocula, lo cual fue desmentido por el perito contratado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), José Torero, quien recientemente acaba de hacer un experimento de incendio que ratifica su aseveración. La Procuraduría General de la República (PGR) hace unos día señaló que se debe hacer otro dictamen y Murillo Karam en una conversación con un periodista publicada ayer, confesó que sólo habrían sido calcinados algunos estudiantes, en tanto que Peña Nieto desde Colombia dice que la investigación continua abierta. Lo cierto es que a dos años de los hechos, siguen desaparecidos los normalistas, que el gobierno federal no ha cumplido con su obligación de que se sepa la verdad de lo sucedido y que los padres y madres de familia siguen con la angustia, incertidumbre y dolor por sus hijos.
4.- La inactividad gubernamental de no desarticular a los policías y grupos criminales en Iguala, sabiendo plenamente de su existencia, de no haber intervenido el día de los acontecimientos, en las horas en que se ejecutaban las violaciones a los derechos humanos en contra de los normalistas de Ayotzinapa, implican actos de omisión extremadamente graves ya que pudieron prevenir y evitar que ocurrieran, los cuales deben ser investigados y sancionar a los responsables de esas omisiones en todos los niveles de gobierno. No sólo debe castigarse a los autores materiales, sino también a los funcionarios que no cumplieron su responsabilidad en las áreas de seguridad bajo su cargo, y sobre todo quienes fueron informados de los acontecimientos en las minutos y horas en que se estaban cometiendo las violaciones. La conclusión de esta reflexión es que funcionarios del gobierno sí tuvieron todas las condiciones para impedir los crímenes y las desapariciones, pero no lo hicieron y eso les conlleva una responsabilidad y que el gobierno de Peña Nieto está obligado a decirles a los padres y madres de familia donde están sus hijos.

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