EL-SUR

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Iguala-Ayotzinapa: el GIEI, nuevo periodo

Marcial Rodríguez Saldaña

Noviembre 12, 2015

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado un nuevo periodo de actividades relativas a la investigación de las seis personas asesinadas –entre ellos tres estudiantes– y la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
1.- Hay que recordar que el 12 de noviembre del 2014, el gobierno mexicano firmó un convenio de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos con la CIDH, en el marco del monitoreo que esta organización internacional realiza en la región, y luego el 18 del mismo mes signó un addendum con la participación de la OEA, en donde se estableció que al GIEI se le asignaban atribuciones para participar en las funciones de investigación como la elaboración de planes de búsqueda de los estudiantes desaparecidos; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnico del Plan de Atención a Víctimas.
2.- El GIEI rindió informes parciales y luego el 6 de septiembre del 2015 presentó sus conclusiones entre las que destacaron: que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula como afirmó el gobierno de Peña Nieto; que todas las fuerzas de seguridad incluida la Policía federal y el Ejército tuvieron conocimiento de la agresión a los estudiantes y que no intervinieron para impedirlo. Por lo que recomendó continuar la búsqueda de los normalistas desaparecidos; abrir nuevas líneas de investigación; interrogar a los militares destacamentados en Iguala cuando ocurrieron los hechos, a lo que el gobierno se ha negado; investigar a todas las autoridades municipales, estatales y federales que por acción u omisión tienen responsabilidad en los hechos; establecer políticas públicas y crear normas nacionales en materia de desaparición forzada y tortura.
3.- El GIEI ha iniciado un nuevo periodo de actividades por seis meses que abarca del 30 de octubre del 2015 al 30 de abril del 2016, toda vez que se mantiene en incertidumbre el paradero de los estudiantes desaparecidos, y faltan muchas diligencias por desahogar entre ellas la entrevista directa a los militares, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) ya interrogó –a doce de ellos– y dos ya ampliaron sus declaraciones, sin embargo, no le fue entregada esta información al grupo de expertos. Además los expertos de la CIDH han planteado realizar cateos en distintos lugares en donde pudieron haber sido llevados los alumnos desaparecidos, de tal forma que se agoten todas las acciones de búsqueda.
4.- En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado emitido apenas este domingo 8 de noviembre, señala que la PGR no ha cumplido ninguna de las 26 recomendaciones emitidas por este organismo, ya que en muchos de los casos trató de justificar su inobservancia mencionando diligencias que no estaban vinculadas al caso específico, en otros casos no proporcionó el soporte documental respectivo, por lo que considera una respuesta imprecisa e insuficiente. Ante esta postura de la CNDH, la PGR respondió que sí había cumplido parcialmente las recomendaciones, sin embargo, la CNDH replicó que no aceptaba cumplimiento a medias de las recomendaciones.
5.- La segunda etapa de trabajo de los expertos de la CIDH es fundamental para el esclarecimiento y castigo del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que ellos, sustentados en un dictamen científico, han concluido que los alumnos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, por lo que en estos próximos seis meses la PGR está obligada a decirle a los padres, a sus compañeros estudiantes y a la opinión pública nacional e internacional donde están los alumnos y castigar a todos los responsables de los crímenes y desapariciones, ya que de lo contrario, en las conclusiones de su próximo informe, el GIEI hará señalamientos más directos y puede plantear que el gobierno de Peña Nieto sea enjuiciado por este caso en los organismos internacionales.

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