La reciente liberación del Cabo Gil, así como de muchos presuntos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es el reflejo de la irresponsabilidad y encubrimiento hacia Enrique Peña Nieto que siempre buscó su procurador Jesús Murillo Karam al construir una supuesta “verdad histórica” que al paso del tiempo se ha ido derrumbando.
1.- La actitud de Peña Nieto frente a los hechos tan graves ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, consistentes en los asesinatos y la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa fue muy indolente, irresponsable e insensible. Su primera reacción fue de minimizar el asunto diciendo que lo atendieran las autoridades locales. Esta postura de Peña Nieto de darle poca importancia al caso marcó el rumbo de las investigaciones, aun cuando después haya rectificado para ordenar que la PGR atrajera el caso, pero ya desde un inicio el jefe de Estado había desdeñado el tema y la averiguación se fue plagando de omisiones, errores, inducciones y violaciones sustanciales y procedimentales como las de obtener declaraciones de los involucrados mediante torturas que han dado como resultado la liberación de muchos involucrados, no porque no sean culpables sino por la acción deliberada del Procurador de Peña Nieto, para encubrir los hechos.
2.- La indolencia e irresponsabilidad de Peña Nieto se mostró en su actitud omisa en las primeras horas de los hechos, puesto que debió ordenar de inmediato que se pusieran en acción todas las fuerzas de seguridad –ejército, marina y policía federal–, para impedir los crímenes y las desapariciones, para salvar la vida y la integridad de los normalistas. Por sentido común se sabe que en los hechos delictivos las primeras horas son claves, pero en este caso el gobierno de Peña Nieto dejó correr el tiempo –sobre todo las primeras horas y hasta días para que interviniera el gobierno federal– lo cual facilitó la acción de los delincuentes y generó las condiciones para dificultar el esclarecimiento de los hechos.
3.- Al paso de las semanas y meses después de ocurridos los asesinatos y desapariciones forzadas, a pesar de la ola de protestas nacionales e internacionales que exigían que se buscaran y presentaran a los desaparecidos, Peña Nieto persistió en una actitud de restarle importancia a este suceso y llamó en varias ocasiones a “olvidar” a “superar” la tragedia en una postura totalmente insensible ante el dolor y sufrimiento de las madres y padres de familia de los jóvenes normalistas. Fue así como le fueron construyendo una supuesta “verdad histórica” con el fin de darle carpetazo al asunto y acallar la exigencia de presentación de los estudiantes desaparecidos, la demanda de una investigación seria, profesional y el castigo a todos los responsables.
4.- Las prisas de Peña Nieto para querer salir al paso de este asunto, llevó a que su procurador Murillo Karam construyera una investigación con mentiras, intencionalmente con violaciones a los procedimientos legales, con torturas a los involucrados cuyos resultados están a la vista: la liberación de muchos involucrados en los crímenes y desapariciones lo que obstruye el que se conozca la verdad. Esta conducta reiterada de Peña Nieto es al menos una obstrucción a la justicia de un hecho abominable de lesa humanidad. En razón de ello, Peña Nieto y sus secuaces deben ser juzgados por haber sido omisos en el cumplimiento de sus obligaciones para evitar los crímenes y la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El nuevo gobierno y régimen de la Cuarta Transformación de México, debe poner todas las acciones a su alcance para encontrar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y castigar con base en la ley a todos los responsables de este abominable hecho de lesa humanidad.

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