El comunicado emitido este 7 de diciembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de que con base en pruebas científicas de un centro especializado en meteorología con fotos satelitales, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fechas en que ocurrieron los asesinatos de seis personas –entre ellas tres normalistas– y la desaparición forzada de 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, hubo una lluvia intensa y no hay señales de que haya existido un incendio en Cocula como lo ha venido sosteniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, desmorona la versión que éste ha mantenido sobre este caso.
1.- El GIEI confirma lo que sostuvo en su informe rendido el 6 de septiembre del 2015, que de acuerdo con un peritaje científico del investigador independiente José Torero, no pudieron haber sido calcinados los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa en ese lugar, toda vez que para que ello hubiera ocurrido se requerían 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilos de neumáticos y arder por 60 horas, es decir, por dos días y medio, se hubiese producido una columna de humo que sube a siete metros con un penacho de 300 metros, visible por todos los pobladores de Cocula, lo cual nunca ha sido constatado.
2.- Las conclusiones de los miembros del GIEI refutan rotundamente la supuesta “verdad histórica” que ha sostenido el gobierno de Peña Nieto, desde el informe que rindió el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero del 2015 aseguró categóricamente que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, aseveración que con el paso del tiempo y con las pruebas científicas dadas a conocer por los expertos independientes de la CIDH, echan por tierra y ponen en entredicho toda la investigación sobre este caso tan grave de violaciones a derechos humanos, ya que el gobierno les ha estado mintiendo a los padres de los normalistas desaparecidos y a sus compañeros estudiantes.
3.- En su comunicado el GIEI insiste en la necesidad de entrevistar directamente a los miembros el ejército del 27 batallón destacamentados en Iguala el 26 y 27 septiembre del 2015, fechas en que ocurrieron los crímenes y desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas, que ya estos declararon únicamente ante la PGR sin la presencia del grupo de expertos de la CIDH, quienes consideran indispensable interrogar personalmente a los militares en razón de que sus testimonios son fundamentales para la investigación, de tal manera que puedan evaluar la calidad de la información que proporcionen de acuerdo con los estándares internacionales para que así haya una indagación integral de los hechos que permita conocer plenamente la verdad que ocurrió; sin embargo, Peña Nieto protege a los militares ya que su gobierno se ha negado sistemáticamente a esta petición.
4.- Otros aspectos relevantes que exponen los miembros del GIEI consisten en que las personas detenidas por este caso, el 70 por ciento presentan lesiones las cuales pueden corresponder a malos tratos o torturas, por lo que para la credibilidad de la investigación, la prevención de la tortura y posibles denuncias y declaraciones falsas se deben reforzar las garantías médicas durante la detención; que se revisen las reconstrucciones de hechos del quinto autobús como parte importante del posible móvil de los hechos; que se realicen por la PGR nuevos escenarios de búsqueda de los normalistas desaparecidos y que no se fragmente los lugares conexos los cuales deben ser acumulados al caso.
5.- El comunicado del GIEI, especialmente en la parte que se refiere a la evidencia científica de que no hubo incendio en Cocula el 26 y 27 de septiembre del 2015, y como consecuencia los 43 normalistas desaparecidos no fueron incinerados, pone al descubierto que en este asunto tan grave de violación a los derechos humanos Peña Nieto y sus funcionarios han mentido recurrentemente a los padres de familia de los alumnos desaparecidos, a sus compañeros estudiantes y a la comunidad nacional e internacional, por lo que debieran ser sometidos a los procedimientos de responsabilidad que establecen las normas mexicanas e internacionales.

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