El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha coadyuvado en la investigación de los seis asesinatos y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, antes de que Peña Nieto prácticamente los expulsara de México, entregó un conjunto de recomendaciones relativas al caso, que reflejan los altos niveles de incapacidad, irresponsabilidad y corrupción de la procuración de justicia en nuestro país.
1.- En su segundo informe, el GIEI demostró que en la averiguación de los asesinatos y desaparición de los estudiantes normalistas, el gobierno de Peña Nieto no ha sido capaz de cumplir con su función constitucional de investigación y de procurar justicia, toda vez que a la fecha no ha podido explicarles con plena certeza y convencimiento a los padres de familia ni a la opinión pública nacional e internacional que ocurrió exactamente con sus hijos, ya que la supuesta verdad histórica fue derrumbada con evidencias científicas, y hasta ahora el gobierno no ha hecho más que encerrarse en su postura; sin embargo, se mantiene y crece la incertidumbre, la angustia y desesperación de los familiares.
2.- Otro de los aspectos que conviene subrayar, consiste en que durante el proceso de la investigación la Procuraduría General de la República (PGR), aplicó torturas a muchos de los detenidos en este caso, lo cual tiene graves consecuencias, toda vez que eso da lugar a que las confesiones de los presuntos responsables materiales pierdan validez, a que mediante procedimientos legales puedan salir de la prisión, a que se haga más complejo y se desvirtúe todo el proceso de la averiguación y demuestra que si en este asunto que por ser una de las más graves violaciones a los derechos humanos en México y por lo tanto está muy cuidado y vigilado -se aplican torturas- se deduce que es una práctica común de la PGR en todas sus actuaciones la aplicación de la tortura.
3.- Entre las recomendaciones que emite el GIEI encontramos: que se unifiquen las distintas causas penales, para evitar la dispersión de la averiguación, que de lugar a la unicidad del proceso y a una investigación integral; incluir otras violaciones a derechos humanos y otros delitos, como desaparición forzada, homicidios, tentativas de homicidios, encubrimiento, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas; realizar todas las declaraciones testimoniales pendientes, especialmente a las autoridades políticas en funciones cuando ocurrieron los hechos y hacerse las entrevistas a los militares de acuerdo a las preguntas propuestas por el GIEI; seguimiento a la comunicación de telefonía que permita clasificar, concentrar la información para tener la visión completa de los hechos.
4.- Otras recomendaciones importantes son: realizar más estudios de balística; establecer con precisión las fechas de recepción de los resultados de las pruebas de ADN de la Universidad de Innsbruk, de tal manera que los familiares tengan certeza sobre los plazos y acordar con ellos la forma de dar a conocer los informes; requerir la documentación militar relevante, videos, planes de seguridad, reportes; investigar el posible traslado de drogas; realizar los peritajes necesarios para identificar plenamente el quinto autobús; investigar denuncias por malos tratos o torturas cuidando el debido proceso; establecer otras responsabilidades en los hechos y en la investigación; realizar nuevas detenciones; investigar el patrimonio de los presuntos responsables; investigar la posible obstrucción de la investigación; cambiar la narrativa del caso; continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones; mantener espacios de diálogo y comunicación con los familiares y evitar cualquier forma de victimización de las víctimas y promover su seguridad.
5.- Las recomendaciones del GIEI reflejan la descomposición que existe en la PGR y en la procuración de justicia en México, y es por ello que líderes políticos de influencia internacional, los medios de comunicación más influyentes de Estados Unidos y del mundo, organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como la propia Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea entre muchos otras, han exigido al gobierno de Peña Nieto que cumpla con todas las recomendaciones del GIEI, por lo tanto, este asunto se mantendrá como un tema fundamental e incesante en la opinión pública nacional e internacional, hasta que haya su pleno esclarecimiento, se conozca la verdad y se aplique la justicia.

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