El gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado la decisión de terminar con el convenio de colaboración firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que un equipo de especialistas de probado prestigio internacional como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) participara en la investigación de una de las más graves violaciones a los derechos humanos que ha existido en la historia de México, como lo es el de los seis asesinatos y los 43 normalistas sujetos a desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
1. La intervención de la CIDH y de otros organismos internacionales, en este caso, no fue inicialmente por el interés, la preocupación o la buena intención del gobierno de Peña Nieto, más bien fue en contra de su voluntad, porque hay que recordar que para él su reacción en los primeros días después de ocurridos los hechos, fue de que era un asunto poco importante para el gobierno federal, por lo cual deberían de atenderlo las autoridades locales. La participación de la Comisión Interamericana fue a petición de los padres de familia, de los estudiantes y de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, fue gracias a ellos que a los pocos días de la tragedia, el 3 de octubre del 2014, requirió al gobierno mexicano que adoptara medidas cautelares consistentes y las decisiones necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos con el objetivo de proteger sus vidas y su integridad personal, así como la de los estudiantes heridos y que informara sobre la investigación de los hechos.
2.- La enorme movilización nacional e internacional para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, ocurrida en los días, semanas y meses siguientes a los hechos, y la falta de credibilidad en el gobierno de Peña Nieto, lo obligaron a aceptar la participación de la CIDH; es por ello que el 18 de noviembre del 2014, se firmó un acuerdo de colaboración entre este organismo internacional y el estado mexicano, para que por conducto del GIEI, participara en la investigación de los asesinatos y las desapariciones ocurridas en Iguala, para lo cual se le otorgaron facultades en toda la indagatoria, en las líneas de investigación, en los autores de los hechos, en la tipificación de delitos, en la atención a las víctimas, pero fundamentalmente en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
3.- A lo largo de este tiempo en que el GIEI ha estado participando en la investigación, su trabajo ha sido sumamente importante, toda vez que ha desarrollado una actividad muy profesional fundada en evidencias científicas, ha obligado al gobierno de Peña Nieto a corregir múltiples fallas en la averiguación, a unificar el expediente disperso de la PGR, a reencausar la investigación por el sendero de los derechos humanos, a rectificar y ampliar las líneas de investigación, a reclasificar los delitos que tienen penas menores por las de mayor gravedad, a ampliar los interrogatorios a personas detenidas, a detener a más personas por la comisión de estos hechos, pero sobre todo a derrumbar la supuesta verdad histórica del gobierno de que en el basurero de Cocula fueron incinerados los alumnos desaparecidos.
4.- El GIEI insistió en sus informes que era necesario que estuvieran presentes en los interrogatorios a los militares que conocieron de los acontecimientos, a lo cual el gobierno de Peña Nieto siempre se opuso, a pesar de que hay suficientes evidencias de que miembros del Ejército destacados en Iguala el día que ocurrieron los hechos incurrieron en responsabilidad al omitir actuar para evitar la desaparición de los normalistas. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló en su reciente informe que hay prueba de que alumnos normalistas fueron llevados a Huitzuco, lo cual desvirtúa nuevamente la supuesta verdad histórica del gobierno y abre una nueva línea de investigación sobre el caso.
5.- Peña Nieto supone erróneamente que con la presencia del GIEI en México durante este tiempo, ya se protegió ante la comunidad internacional respecto del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y ahora al echarlos de México, el caso se va a cerrar; sin embargo ocurre todo lo contrario, toda vez que en su reciente gira por Alemania hubo protestas exigiendo la presentación de los estudiantes, la canciller Angela Merkel abordó el tema ofreciendo ayuda al gobierno mexicano y Hillary Clinton acaba de expresar antier en Estados Unidos que resulta indignante que no se resuelva el asunto de los alumnos desaparecidos.
Este domingo 26 de abril, el GIEI, dará su informe final sobre este caso, sus conclusiones serán muy importantes para continuar con la investigación que en algún momento llegará directamente a la CIDH y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habrá de emitir una sentencia seguramente condenatoria en contra del gobierno de Peña Nieto.

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