EL-SUR

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Iguala-Ayotzinapa: seguimiento internacional

Marcial Rodríguez Saldaña

Julio 28, 2016

La multitud de acontecimientos que recogen día tras día los medios de comunicación y las redes sociales como, en el ámbito internacional, la nominación de candidata y candidato presidencial y los atentados en Estados Unidos (EU), Bélgica, Francia y Alemania, el fallido golpe de Estado en Turquía, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, los bochornos de Peña Nieto en su visita a Canadá; en el espectro nacional, la debacle del PRI en las elecciones del pasado 5 de junio, los escándalos de corrupción de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, el perdón de Peña Nieto por el conflicto de intereses de la Casa Blanca, la persecución de Carmen Aristegui, los crímenes en Nochixtlán Oaxaca; y en el ámbito local, el enésimo anuncio de Miguel Ángel Osorio Chong de un Plan de Seguridad para Acapulco, el asesinato del alcalde de Pungarabato son todas noticias de gran impacto público que pareciera que con ello el gobierno de Peña Nieto habría logrado su propósito de “olvidar” y “superar la tragedia de Iguala”.
1.- Pero no es así, los asesinatos del adolescente futbolista de Los Avispones, del chofer, de una ciudadana, de los normalistas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” perpetrada en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, es un hecho imborrable en la memoria de la historia de México, toda vez que se trata de una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Es por ello que a pesar de la pretensión del gobierno de Peña Nieto de ir dándole carpetazo al asunto, la dignidad y perseverancia de las madres y padres de familia de los normalistas, de sus compañeros estudiantes y de las organizaciones sociales solidarias, el caso se mantiene vigente en el ámbito nacional e internacional.
2.- Hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto canceló la continuación en México de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de sacar del ámbito internacional el tema, sin embargo, debido a la lucha de los familiares de los estudiantes, el asunto ha mantenido y retomado su relevancia fuera del país. Esto ha llevado a que en estos días se realicen reuniones de trabajo en la capital de Estados Unidos –Washington– con la asistencia de los familiares, de miembros de la CIDH y del gobierno mexicano –representantes de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores– para establecer una agenda de actividades que tienen como propósito fundamental el esclarecimiento de todo lo que ocurrió en Iguala respecto de los normalistas de Ayotzinapa.
3.- Los acuerdos para que la CIDH y el GIEI continúen participando en la investigación de los crímenes y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, consisten en la realización de visitas de expertos a México, aun cuando se mantienen diferencias sobre el número de personas que participarán, el número de visitas y la agenda a desarrollar, porque el gobierno mexicano trata de acotar el máximo cada iniciativa, menos visitas, menos personas y una agenda muy acotada, mientras que los familiares insisten en que cada actividad tenga el máximo de posibilidades para que la investigación sea lo más profesional, eficaz y completa posible, de tal manera que se logren los mayores resultados.
4.- El hecho de que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuén interviniendo en la investigación de los asesinatos y desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, es de alguna forma una garantía para que se mantenga la esperanza de que existe la posibilidad para que en algún momento se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos que dieron lugar a este acontecimiento abominable, y de que más temprano que tarde la intervención de instituciones de derecho internacional contribuyan al conocimiento de la verdad y al establecimiento de sanciones a los responsables, incluido el propio Estado mexicano y el gobierno de Peña Nieto cuando entre en acción la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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