Hay acontecimientos sociales, políticos o económicos, imposibles de pasar por alto, en los que el olvido no tiene cabida de ninguna manera. Dos años se cumplieron la pasada noche de los hechos terribles de Iguala, en donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque hay otras personas que fueron también muertas o heridas.
La reacción gubernamental municipal, estatal y federal formó una larga e interminable cadena de equivocaciones y errores que no son reconocidos y menos aún aceptados. En primer lugar, transcurrieron varias semanas para que en el país se cobrara conciencia de la gravedad de lo ocurrido, y otras más para que las investigaciones llevaran a lo que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó la “verdad histórica”. Por supuesto que desde el calificativo de “histórica” desencadenó la incredulidad y el rechazo no sólo de las familias afectadas sino de gran parte de la población nacional e internacional.
La incredulidad y el rechazo de los padres de los normalistas desaparecidos y presuntamente asesinados, llevaron a requerir la participación de expertos internacionales y a sucesivos dictámenes que pusieron en duda la versión de lo ahí ocurrido. Hoy todo es creíble y cualquier versión tiene visos de verdad, aunque predomina la percepción de que el gobierno reaccionó mal, tarde y no encuentra la forma de cómo salir del atolladero.
A estas alturas pareciera que ya nadie sabe, y tal vez nunca se sepa con exactitud lo que ocurrió en esas horas, de las que hoy se cumple el segundo aniversario.
La tardanza y los errores para reaccionar convirtió a Ayotzinapa en el primer escándalo trascendente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que produjo reacciones en México y en el mundo. Según el resultado, los crímenes en los que las evidencias involucran al entonces alcalde de Iguala, a las policías de ese municipio y de los aledaños, y probablemente a autoridades estatales, en la percepción popular son ahora una responsabilidad del gobierno federal. Tal vez no hay ejemplo actual más contundente de que una propaganda machacona convierte en verdad algo que de origen no lo es: “fue el Estado”.
Los hechos de Iguala tienen en la cárcel a más de cien probables responsables, entre ellos el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, así como las cabezas e integrantes de la banda conocida como Guerreros Unidos, policías locales y otros presuntos cómplices.
Pero se han generado además otras muchas consecuencias, entre ellas la caída del procurador Murillo Karam y recientemente del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. En Guerrero la tragedia trastocó el ambiente político, y derivó en la derrota electoral del PRD y el retorno del PRI al gobierno estatal y a la mayoría en el Congreso y en las alcaldías, entre ellas la de Iguala, con el gobernador Héctor Astudillo a la cabeza. Pero lejos de haber logrado resaltar la diferencia, la soberbia y la vanidad han impedido al nuevo gobierno mantener la esperanza de solución y sí, en cambio, cargar ya con un lastre cada vez más pesado de ineficacia o insuficiencia
En el ámbito nacional, el impacto aún se resiente. Fue el primer obús que le cortó el vuelo a un gobierno que había tenido un despegue espectacular, al grado de llamar la atención de diversos medios de comunicación internacionales.
Después ya nada fue igual. Los tropiezos y conflictos con los expertos internacionales alrededor de las pesquisas, la natural beligerancia de los padres de los normalistas, la intervención de diversos movimientos sociales radicales, la ocurrencia de otros hechos violentos en el país en los que se denunció abuso de la fuerza pública, así como la violencia y la inseguridad incontrolable, han erosionado la credibilidad del régimen y debilitado su actuación.
A ello se ha sumado la pérdida de legitimidad por los escándalos de la casa blanca y otras propiedades adquiridas en forma sospechosa por integrantes del equipo en el poder, en medio del hartazgo popular por una corrupción rampante y generalizada.
Por si faltaran elementos para la tormenta, un mediocre desempeño económico mundial, el desplome de los precios petroleros y la inestabilidad financiera internacional han generado un imparable descenso del valor de nuestra moneda, y se han esfumado tanto expectativas de crecimiento como infinidad de proyectos específicos, con las derivaciones que viviremos y ya se sienten en materia de empleo e ingresos de la población. De la visita de Donald Trump mejor ya ni hablamos, pero evidentemente terminó por descomponer todo el escenario.
A dos años de Iguala, las averiguaciones, la confianza en la eficacia de la justicia y en el imperio de la ley, se encuentran como el resto de la vida nacional, hechas un desastre. Y no se ve cómo enderezarlas o ni siquiera el final del túnel. Por eso es que, con toda razón hay quienes ya trasladaron el eslogan de octubre del 68 a “Ayotzinapa no se olvida”.