A casi 39 meses de asumir el poder, y a 17 de que ocurrió la noche negra que todos recordamos, el presidente de la República visitó Iguala, emblemática ciudad guerrerense que desde antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya tenía un lugar destacado en la historia de México.
Desde hace casi un año y medio, Iguala vivió una suerte de congelamiento político y económico. Aunque algunos creen tarde, más vale que nunca, por lo que la visita del presidente Enrique Peña Nieto, cierra un círculo negro que trajo altos costos no sólo a su gobierno, sino al país entero.
No sólo por esos acontecimientos que fueron, sin duda, la gota que derramó el vaso rebosante por lo que renunció el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien no atinó a comprender el sentido de gobernabilidad, la visita presidencial era no sólo esperada sino necesaria. El día en que se rinde homenaje a la bandera fue el mejor pretexto para esta visita.
Si no antes, cuando todo transcurría en otra tendencia, debió haberlo hecho hace más de 500 días, cuando los hechos sangrientos que todavía hoy no acaban de aclararse, habían ocurrido apenas. Casi todas las opiniones coincidieron en que la reacción del Presidente y su equipo fueron entonces lentas y medrosas. Tanto así, que consideraron que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa era un asunto local que debía afrontar y resolver el gobierno de Guerrero. Tenían razón, cayó Aguirre, pero también se comprobó que aquel cálculo no fue correcto, ya que aunque jurídicamente correspondiera al ámbito local, políticamente recalaba en el federal y hasta allá llegaron, llegan todavía, los costos de la investigación de los hechos de Ayotzinapa, son nota de portada de medios impresos nacionales y el daño a la imagen nacional no ha cesado aún. El cálculo fue tan malo, que el bobierno federal terminó cargando culpas hábilmente esquivadas por sus opositores, los que gobernaban la entidad y el municipio, pero cuyos líderes pudieron salir del pantano sin muchas manchas.
En cambio, la divisa de que fue el Estado, aplicada no a la entidad, sino al sistema gubernamental en su conjunto, y en particular a quien lo encabeza, se convirtió en una hábil solución mercadotécnica que hasta la fecha funciona. Demasiado tarde intentó enmendarse la estrategia, en la cual la visita presidencial es el más reciente paso para intentar quitarse los palos dados.
En un evento cerrado y cuidado, Enrique Peña Nieto aprovechó la conmemoración del Día de la Bandera para recordar la importancia histórica de Iguala desde el nacimiento de México como nación. La efeméride es desde luego relevante. El 24 de febrero se conmemoran 195 años de haberse proclamado el Plan de Iguala, signado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, con el cual se selló la independencia de nuestro país. La significación histórica del documento no está a discusión, aunque razones políticas llevaron a disminuir la preeminencia de la fecha en los años siguientes.
Básicamente, la aventura imperial de Iturbide y su fracaso, y el posterior asesinato de Guerrero fueron desdibujando el peso del pacto de ambos personajes contrapuestos sobre el cual se cimentó la independencia nacional.
De ahí el énfasis en celebrar el inicio de la lucha independentista el 16 de septiembre, aunque ese primer brote terminara tan mal, con la muerte de Hidalgo primero, y de Morelos después, a lo cual siguió una década incierta en que la causa parecía sin futuro. Luego también celebramos, sin mucho celo, la consumación de la Independencia, el 27 de septiembre de 1821, fecha en que el Ejército Trigarante, surgido del pacto de Iguala, entró triunfalmente en la capital de la República.
Así que el 24 de febrero y el Plan de Iguala vinieron a menos en la historiografía oficial, aunque se les dio la vertiente de conmemorarlos por la vía de celebrar el Día de la Bandera. Casi dos siglos después, de manera irónica en las horas previas a la conmemoración de la Independencia que hemos mencionado, Iguala fue escenario de hechos sangrientos que en un primer momento pasaron casi inadvertidos, hasta que con el transcurrir de los días, la protesta de los familiares y el estupor ante lo sucedido le dio dimensión nacional y mundial a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Ahora que finalmente el Presidente y su gabinete han estado en Iguala –más vale tarde que nunca, dice la sabiduría popular–, el mensaje del mandatario abordó ambas puntas antitéticas de la historia de la ciudad, del estado y del país.
Peña Nieto se refirió al afán de investigar y procurar justicia sobre lo ocurrido en la región, y a la necesidad de generar seguridad, desarrollo y oportunidades para todos, reducir la inequidad y fortalecer la cohesión nacional.
Muy bien por los propósitos, que ojalá trasciendan el simbolismo de la fecha y la efímera estancia del gobernante, que quién sabe cuándo se repita. Su presencia rompe un aislamiento de 17 meses, que no logra borrar la gravedad de los acontecimientos, ni la acumulación sucesiva de errores municipales y federales que sí dan idea clara del grave problema de gobernabilidad que enfrentan los guerrerenses y los mexicanos. Ese es el verdadero problema.
El tema de la seguridad mantiene atrapada la agenda gubernamental, trátese de Ayotzinapa o del resto del país. Ayer, en el Estado de México se efectuó la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció total respaldo a la propuesta de los gobernadores para la creación de la Policía Única Estatal en cada entidad federativa, como estrategia para brindar más y mejor seguridad a las familias.
Ésta fue la primera ocasión que asistieron los 30 gobernadores, la gobernadora y el jefe de Gobierno de la Ciudad, así como los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, considerados los “punteros” en la carrera por la candidatura priista por la Presidencia en el 2018, y el de Salud, José Narro Robles, así como también legisladores federales, presidentes municipales y funcionarios públicos, entre otros asistentes.
Por uno u otro lado el tema de la seguridad sigue vivo, intenso, nominando la agenda. Mal augurio.