La reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del llamado G-20 que se llevará a cabo en Venecia, Italia, el 9 y 10 de julio, promete ratificar un acuerdo muy importante: establecer una tasa mínima de impuestos para las grandes corporaciones internacionales y reglas claras para compartir los recursos que se obtengan. Hay que recordar que el G-20 está formado por 19 países, la Unión Europea, y algunos invitados permanentes como España y tres naciones africanas; representa dos tercios de la población planetaria y el 85 por ciento de la producción mundial. Argentina, Brasil y México, son los países latinoamericanos que participan en dicho grupo.
La ratificación en Italia será producto de un acuerdo previo en el que participaron 130 países, negociado por la OCDE y, como ha explicado Jorge Faljo (La Silla Rota, 3 de julio de 2021), es un asunto que ha llevado años de negociaciones que no habían fructificado. Según la agencia Bloomberg, la firma de los miembros del G-20 resulta fundamental para asegurar su cumplimiento, lo que podría llevar a su implementación alrededor de 2023, evitando la evasión fiscal mediante la aplicación de una tasa de “al menos 15 por ciento” y un mecanismo de coordinación que obligue a las empresas a pagar impuestos donde ofrece servicios y obtiene ingresos aun cuando no tenga oficinas o personal, y a evitar la competencia entre países ofreciendo tributaciones cada vez más reducidas.
Algunas naciones no se han unido a este acuerdo, como Irlanda y Hungría: se trata de países que han logrado atraer a las empresas multinacionales para que fijen su sede o domicilio fiscal en su territorio fungiendo como paraísos fiscales para grandes corporaciones como Facebook, Google, y otras.
La negativa de estos países podría crear problemas para que la Unión Europea lleve a cabo la aplicación de los acuerdos. El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, dijo el mes pasado que cualquier acuerdo en torno a una tasa mínima debe cumplir con las necesidades de “países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo”. Por su parte, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que pasaría la semana previa a la reunión del G-20 redoblando sus esfuerzos para convencer a los países europeos reacios de que “hagan todos los esfuerzos necesarios para unirse a un acuerdo histórico que reúne de manera muy amplia a las naciones del planeta”. Ya veremos si Europa realmente se unifica o, desafortunadamente, se divide aún más.
Por su parte, cambiando la narrativa que imperó en las décadas anteriores, como hemos visto en otros temas, el gobierno de Estados Unidos, en esta ocasión por medio de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, elogió el acuerdo de los 130 y dijo que era “un día histórico para la diplomacia económica”. Aseguró, en un comunicado oficial, que “una carrera a la baja a nivel internacional en las tasas de impuestos corporativos, que despojaba a los países de los ingresos necesarios para infraestructura, educación y otras necesidades básicas, se acercaba a su fin con este paso adelante”.
Lo que parece indudable es que tratar de resolver el problema de la evasión fiscal se ha vuelto cada vez más urgente para la economía mundial. La expectativa de que podrían recabarse casi 150 mil millones de dólares en ingresos adicionales para los gobiernos ayudó a lograr un acuerdo tan amplio, ya que la mayoría de los países enfrenta un déficit presupuestario masivo a raíz de la pandemia Covid-19.
Sin embargo, el premio noble de Economía, Joseph Stiglitz, afirmó recientemente (Project Syndicate, 6 de julio de 2021) que ese 15 por ciento, aun siendo un avance sustantivo, representa una tasa muy baja, lo que podría traducirse en una contribución menor a la esperada por los gobiernos. Además, advirtió que algunas fórmulas para calcular los impuestos podrían afectar a algunos países en desarrollo. Afortunadamente, todavía se están discutiendo los detalles técnicos del acuerdo original de los países más poderosos del G-7. Las naciones menos ricas están reclamando una revisión técnica de esos cálculos para su debate final en Venecia. Aparentemente, algo han logrado: ahora se habla de gravar con una mayor tasa las ganancias excesivas (calculadas en función de los beneficios que obtienen las multinacionales más poderosas). Asimismo, se está estudiando aplicar nuevas reglas a compañías cuyos ingresos rebasen los 10 mil millones de euros (en lugar de 20 mil millones que señalaba el proyecto original) lo que beneficiaría a las economías menos prósperas. Finalmente, se ha informado que Amazon (que no estaba considerada) será sujeta de gravamen en cada uno de los países en que ofrece sus servicios bajo nuevas reglas.
Desde luego, la reunión de ministros de economía o hacienda del G-20 no tiene en su agenda sólo este problema. El optimismo acerca del crecimiento de la economía a nivel mundial se topa con la persistencia de la pandemia con sus nuevas variantes, algunas de ellas más contagiosas. El problema, a su modo de ver, es que el ritmo de vacunación a nivel mundial es menor y mucho más desigual que la evolución de la enfermedad, lo que podría poner en peligro la reapertura de las economías y con ello, frenar la demanda y propiciar la inflación. La incertidumbre sigue presente, sobre todo para las naciones más rezagadas, las cuales, ya se ha dicho varias veces, han obtenido dosis de vacunas muy escasas. Esta desigualdad no sólo resulta una manifestación evidente de la injusticia que domina al mundo; también es un riesgo para todas las naciones.
A los riesgos sanitarios, hay que añadir los financieros, ya que el problema de la deuda puede agravarse. A tal punto que en un informe elaborado por un grupo muy destacado de economistas se señala que:
“Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, puesto que la pandemia se ha prolongado más de un año, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años”. (El Trimestre Económico, número 351).
En resumen, si los países más avanzados, particularmente Estados Unidos, mediante políticas que rompen con algunos viejos paradigmas neoliberales, están encontrado un nuevo camino para su prosperidad, los países en desarrollo, como México, y las naciones más pobres, tienen riesgos y problemas que no parecen encontrar soluciones tan claras o expeditas. Para ellos, se requiere un mayor esfuerzo concertado de la comunidad internacional; pero también puede ser el tiempo para tomar decisiones más firmes y decididas y emprender reformas largamente postergadas, como la salud universal, la renta mínima básica, la fiscal, la de pensiones o la del seguro de desempleo, entre otras. Los conflictos políticos y la movilización social que hemos presenciado en Colombia, Perú, Brasil, y Chile, así como la grave problemática migratoria en el Triángulo Norte de Centroamérica, deben entenderse como exigencias para que los gobiernos actúen frente a un presente doloroso y para prevenir un futuro aún más adverso para sus pueblos.

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