¿Qué podemos deducir los ciudadanos y ciudadanas sobre la determinación que tomó este 15 de enero la Fiscalía General de la Republica (FGR), al no ejercer acción penal contra el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos? ¿Qué motivos orillaron al fiscal Alejandro Gertz Manero para concluir enfáticamente que el general “nunca” tuvo contacto con la organización delictiva que investigaron las autoridades de Estados Unidos? ¿Por qué fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y no el fiscal general, como titular de un organismo autónomo, quien llevó el caso ante las autoridades de Estados Unidos para negociar el regreso de Cienfuegos?
Bastó un mes para que el gobierno de México acordara con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el desistimiento de las acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Y sólo transcurrieron cinco días para que la FGR recibiera la información aportada por el general sobre su participación en estos hechos. Fue insólita la conclusión del fiscal al asumir que los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos carecían de sustento probatorio. Para la Fiscalía las grabaciones y capturas de mensajes eran inconsistentes para acusar al general de estar coludido con Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como El H2, quien era el jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit. Prevaleció la postura de que los mensajes tenían a otro interlocutor que nada tenía que ver con el general Cienfuegos. Se refuerza su argumentación al informar que sólo había una conversación entre Salvador Cienfuegos y El H2 y que el resto, son conversaciones entre El H2 y El H6, los líderes de los Beltrán Leyva, donde sale a relucir el nombre de Cienfuegos, Zepeda o El Padrino.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos declaró que los elementos de prueba que recabó la DEA son sólidos, que además la investigación la revisó un alto tribunal y la consideró fundada. Por lo mismo, cuestionó a las autoridades mexicanas por haber comentado que las autoridades estadunidenses involucradas fabricaron las pruebas. La molestia mayor se dio por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de autorizar la publicación del expediente, que es de carácter confidencial, al grado que se pone en riesgo el tratado de asistencia jurídica.
Para algunos expertos, el expediente que se ha publicado está incompleto porque la información que se vierte sobre la acusación al general resulta ser insuficiente por la dimensión del caso. Es probable que las autoridades de Estados Unidos no hayan entregado todo el expediente, donde existen más elementos de prueba que señalen con mayor contundencia el involucramiento del general en estas actividades ilícitas.
Ante una situación tan delicada, la Fiscalía General de la República debió asumir una postura más cautelosa, para no generar sospechas que van en detrimento de su credibilidad y de su autonomía. Era imprescindible mantener abierta la investigación hasta obtener pruebas suficientes que le permitieran dilucidar bien la responsabilidad del general y determinar la acción penal, judicializando la investigación. Esas actuaciones son básicas para demostrar que se está actuando bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y autonomía. Sin embargo, al exonerar al general queda evidenciada la actuación facciosa de la Fiscalía, que de manera apresurada resolvió el no ejercicio de la acción penal, suplantando al Poder Judicial, que es la instancia competente resolver si los datos de prueba son insuficientes. Nuevamente la Fiscalía manda una señal funesta de protección al Ejército para encubrir recurrentes delitos y violaciones a los derechos humanos. Es una Fiscalía que se supedita al poder del Ejército, manteniendo incólume el pacto de impunidad que persiste entre las instituciones del Estado.
Con este caso hay fundados temores de que la impunidad militar trascienda en este sexenio, ante el creciente poder que el presidente López Obrador le ha conferido al ejército en estos 27 meses de su administración. El 11 de mayo de 2020, el ejecutivo federal firmó el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. De esta forma autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de forma constante hasta el 2024, sin que se tengan que justificar cada una de sus intervenciones. En este Acuerdo, más que garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, se establece que solo deben “coordinarse” con ellas. Encima de todo, se determina que serán los órganos de control internos de las instituciones castrenses la que se encargarán de evaluar estos trabajos. Esta determinación es contraria a las recomendaciones internacionales que en diferentes momentos han emitido los mecanismos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
La participación del Ejército en la construcción de megaproyectos como el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y en varios tramos del llamado Tren Maya, nos muestran el nuevo perfil del instituto castrense como la gran empresa constructora del gobierno de la cuarta transformación. También se les ha asignado la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y en esta última semana, el presidente les asignó la tarea de custodiar y aplicar las vacunas de Covid-19. Además, a las Fuerzas Armadas se les ha dado el encargo de administrar las aduanas y los puertos de México, lo que implica una militarización de los puertos del Corredor Trans-Istmico. El argumento que ha resaltado el presidente es que con los militares no solo se combate la corrupción, sino que ellos aportan mayor disciplina. Lamentablemente su defensa a ultranza abona para que se siga encubriendo a los elementos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
El caso del general Cienfuegos muestra de cuerpo entero al instituto castrense que ha gozado no sólo de prebendas sino de una protección a ultranza sobre los crímenes que sus miembros han cometido. El estado de Guerrero es un referente histórico de las atrocidades que se han consumado a lo largo de cinco décadas. Desde el periodo de la Guerra Sucia, hasta la guerra contra el narcotráfico, el Ejército ha aplicado una estrategia de contrainsurgencia que se focalizó contra el movimiento cívico y armado, que dejó más de 600 desaparecidos, centenares de personas ejecutadas y torturadas, decenas de familias desplazadas y comunidades arrasadas. Estos crímenes son parte de la grave crisis de derechos humanos que seguimos padeciendo en nuestro país. A las víctimas de aquella época se les ha negado justicia, como ha sucedido con el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada por parte del Ejército mexicano. A pesar de que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las autoridades no han dado con el paradero de Rosendo y mucho menos han investigado y castigado a los militares involucrados. El general Arturo Acosta Chaparro es el símbolo funesto de la impunidad militar, porque a pesar de ser el artífice de esta guerra sucia se le protegió y se le liberó de los cargos relacionados con el narcotráfico. La historia de los generales en Guerrero, sobre todo los que han sido los comandantes de la Novena Región Militar con sede en Acapulco es una historia que esconde las triquiñuelas realizadas bajo el amparo del poder, para que floreciera el narcotráfico en esa ciudad y fuera el lugar preferido de grandes narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán y el mismo Arturo Beltrán Leyva. No es casual que el puerto de Acapulco sea la plaza más codiciada del Pacífico, por su ubicación estratégica para el traslado de la droga de Colombia hacia Estados Unidos. Su encanto no sólo viene de sus bellezas naturales, sino de su condición de paraíso de la droga, la pornografía infantil, la trata de personas, la venta de armas y el lavado de dinero. Esta incubación de la economía criminal no puede florecer sin el contubernio de las autoridades civiles y militares.
Con la Guerra Sucia contra la guerrilla de los años 1970 a los militares se les dio mucho poder y muchos privilegios. Nunca se les ha llamado a cuentas y mucho menos se han investigado sus actuaciones al margen de la ley. Siempre ha sido una institución opaca, hermética, que actúa por encima de la autoridad civil y que no rinde cuentas a nadie. La violencia que se ha desatado en el estado a partir del 27 de enero de 2006, cuando se dio el enfrentamiento en la Garita, entre miembros del Cartel de Sinaloa y Los Zetas, marcó una nueva etapa en la disputa por las principales plazas del narcotráfico. Para colmo de males, nuestro estado y de manera concreta Acapulco, dieron la pauta de cómo se daría esta lucha encarnizada, con las decapitaciones, descuartizamientos y calcinación de cuerpos. Esta grave carnicería no la quisieron enfrentar con aplomo el entonces comandante de la Novena Región Militar Salvador Cienfuegos, el presidente de la República Vicente Fox, el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca y el presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio.
En los acontecimientos trágicos del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron asesinados tres normalistas de Ayotzinapa y desaparecidos 43, el Ejército tuvo un papel preponderante en el seguimiento que dio a los estudiantes desde que salieron de Chilpancingo. Fue clara su actuación complaciente con los grupos del crimen organizado con quienes se coordinaron para ejercer una violencia descomunal contra los jóvenes normalistas. El general Salvador Cienfuegos se opuso tajantemente a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que realizó dos informes sobre los hechos de Iguala, interrogara a los militares del 27 Batallón de Infantería. Con gesto adusto y postura retadora dijo: “No hay razón para que los interroguen. Nosotros sólo responderemos a las autoridades mexicanas”. Lamentablemente, las autoridades mexicanas han optado por la impunidad militar.