En este mes se cumplen cinco años de que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15 / sept / 2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75 mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero). A la fecha, no hay responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas humanas y materiales.
“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco
La identificación de responsables de actuaciones presuntamente ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C Ramírez Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si es que existe.
En el ámbito local, la Fiscalía del estado de Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.
Posteriormente, la Sedatu por insistencia de información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual, aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas, podrían estar prescritas”.
En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.
Se pretendió darle participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del estado como del país. La actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.
A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas: “Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad SA de RL.
PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender sus vidas y patrimonios.