Desde que cayó sobre México la peste neoliberal, escuchamos el cuento de funcionarios hipócritas para quienes es inminente la
quiebra de las instituciones y empresas públicas. Mienten con la verdad, pues hacen cuanto está en sus manos para llevarlas a la
insolvencia. Tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde todos los días se escucha a las plañideras que lloran
por adelantado la muerte de esa entidad pública.
Desde luego, hay razones para preocuparse por el futuro del IMSS, sometido durante décadas al saqueo de funcionarios priistas y
ahora en las torpes manos del panismo en el poder, que a las corruptelas de siempre suma la evidente insolvencia técnica de
funcionarios improvisados, como Juan Molinar Horcasitas, que un día es cuadro panista, al siguiente amanece en el IFE como
árbitro electoral y luego vuelve a sus correrías abiertamente partidistas, por lo que es premiado con un cargo para el que carece
por completo de preparación.
De la ineptitud de Molinar Horcasitas habla elocuentemente el desaseado manejo de un asunto de rutina: la compra de
medicamentos y materiales de curación, en los que gasta la nada despreciable cantidad de 20 mil millones de pesos, un botín
ciertamente atractivo para proveedores y funcionarios poco escrupulosos.
Para ilustrar el asunto, vale recordar que, a principios de este sexenio, quien extendía las autorizaciones para adquirir material de
curación (gasas, hojas de bisturí, pañales, cubrebocas, sondas, jeringas, etc.) era un tal Francisco Julián Iñiguez, subdirector
ejecutivo de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos, ni más ni menos que uno de los arraigados por el caso Zhenli Ye Gon, de
quien se supone era una especie de asesor.
El material de curación representa para el IMSS unos 4 mil millones de pesos. Se trata, pues, de adquisiciones inmensas que
pueden representar beneficios muy grandes para quien vende, sobre todo si quien autoriza la compra se hace de la vista gorda y
deja pasar material defectuoso.
Son riesgos que se conocen muy bien en el ámbito de la salud pública. Por ejemplo, el primero de julio los Servicios de Salud del
estado de Veracruz giraron una circular que ordena “no cotizar la marca Sensimedical y Jayor en material de curación”, pues ya
hubo un serio problema por jeringas defectuosas de esa marca en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Las empresas mexicanas del sector se quejan de competencia desleal, pues mientras a ellas se les imponen elevadas normas de
calidad, con los importadores hay una actitud displicente y tramposa. De ahí que recientemente la Canacintra haya denunciado
que el IMSS utilizó documentación falsa sobre una presunta investigación de mercado que fundamentaría una licitación pública
internacional.
Dicho de otra manera, en perjuicio de los fabricantes nacionales se arguye que en el mercado externo se ofrecen mejores
condiciones y se procede a abrir la licitación pública internacional. Pero ocurre que la investigación que supuestamente
fundamenta la decisión de las autoridades del IMSS viola la normatividad. Por ejemplo, no se entrega en tiempo y forma, se
excede el plazo de presentación, se entrega una el día 7 de agosto y una muy distinta el 17 de septiembre, incluye una cotización
falsificada, tiene dos cotizaciones que son idénticas (hasta con los mismos errores ortográficos) y se presentan mal formuladas y
peor fundamentadas, pues citan textos legales derogados.
El IMSS, dicen sus autoridades, puede convocar a licitación internacional cuando dispone de dos cotizaciones. De ahí que una
jugada frecuente es que se soliciten dos cotizaciones, pero ocurre que por lo menos una se hizo a un personaje ficticio al que
desconoce la empresa Zerifar, a la que presuntamente se recurrió, la que, por cierto, nunca ha sido proveedora del Seguro Social.
Los industriales mexicanos desplazados por estas seudolicitaciones hace unas semanas realizaron una manifestación afuera del
edificio del IMSS, en Paseo de la Reforma, y exigieron transparencia. Molinar, lejos de aclarar las cosas, les recomendó en tono de
burla “ir a la Suprema Corte”, pues el Instituto, dijo, “debe ser administrado como una empresa”, aunque es obvio que una
empresa que adquiere material defectuoso no puede llegar muy lejos.
Para evitar que en el mercado mexicano de la salud circulen materiales defectuosos existe la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, que encabeza José Antonio García Villa, un panista de larga trayectoria, pero como Molinar
Horcasitas, sin antecedentes relacionados con el cargo y, para colmo, sin suficiente personal para vigilar la calidad de los
productos importados e impedir que introductores inescrupulosos entregan gatos a quienes compraron liebres.
En esa situación, sin vigilancia y sin escrúpulos de quienes convocan las licitaciones, el ciudadano tiene derecho a sospechar que
estamos ante un fenómeno de corrupción, de esos que suelen salpicar hacia arriba.