La partidocracia sembró de abrojos el camino de los independientes. Para ser candidato presidencial al margen de los partidos –y por consecuencia contra ellos o alguno de ellos–las condiciones resultan no sólo excesivas, sino que casi necesariamente obligan a cometer fraude y otros delitos, pues resulta descabellado que un individuo, por popular y pudiente que sea, pueda reunir las 866 mil 593 firmas exigidas.
Para cumplir tan desorbitado requisito se requiere mucho dinero o disponer de inmensos recursos públicos, como los de un gobernador que, con licencia y todo, siguió disponiendo del “enorme aparato burocrático del estado” de Nuevo León, según afirma el también regiomontano Andrés Clariond Reyes (Reforma, 21/III/2018) refiriéndose a Jaime Rodríguez, más conocido por el remoquete de El Bronco.
Por su parte, Armando Ríos Piter (a) El Jaguar, otro suspirante, anduvo realizando una colecta entre sus conocidos. La cantidad que solicitaba a cada uno de sus eventuales patrocinadores era de 25 mil dólares, algo cercano al medio millón de pesos, pues se necesita contar con un verdadero ejército capaz de reunir firmas y cada uno de los recolectores debe disponer de teléfono celular dotado de escáner, lo que implica el pago de sueldos, alquiler de teléfonos, transportes y viáticos, ya que la ley establece que debe tenerse al menos uno por ciento del padrón en la mitad de las entidades federativas.
Podemos suponer que Margarita Zavala tuvo a su disposición la inmensa fortuna de su marido, pues ya se sabe que en México no hay un ex presidente pobre (¿o sí?). Su campaña también contó sotto voce con la simpatía de los priistas y su candidato prestado, quienes vieron en el activismo de la ex panista una fórmula para quitarle votos a Ricardo Anaya, el candidato de izquierderecha.
El resultado de una legislación tramposa y restrictiva fue que los aspirantes se vieron impelidos a cometer fraude. El Bronco Rodríguez presentó al INE 2 millones 34 mil 403 presuntas adhesiones, de las cuales un millón 198 mil 892 le fueron rechazadas por estar duplicadas o falsificadas, fuera de las listas del Registro Federal Electoral, por presentar documentación simulada, fotocopias u otros comprobantes no válidos. Ríos Piter llevó al Instituto Nacional Electoral un millón 765 mil 599 adhesiones, pero más de millón y medio resultaron inaceptables y la señora Zavala de Calderón, pese a ser aprobada por el mismo Instituto, en el millón 578 mil 774 de supuestos adherentes incluyó 708 mil por diversas razones falsos.
Por supuesto, cuando se recaban tantas adhesiones, es explicable que por error, ignorancia o estupidez se incluya un número que no se ajusta a la normatividad electoral. Sin embargo, si los apoyos falsos o improcedentes suman más de un millón, como en los casos del Bronco o del Jaguar, o más de 700 mil, como los de Margarita Zavala, los porcentajes de documentos rechazables se elevan a más de 50 por ciento en el caso del Bronco, de ¡87 por ciento! en el de Ríos Piter y de 45 por ciento en el de Margarita, lo que de ninguna manera es poco.
No se trata, pues, de un margen aceptable de error, sino de fraudes comprobados y evidentes en los tres casos. Ríos Piter ya se dio por vencido, pero Jaime Rodríguez todavía cree o espera que le den por bueno un número de expedientes que le basten para obtener la candidatura, en tanto que la señora Calderón ya se siente a salvo pese al cúmulo de apoyos violatorios de la norma.
El gobernador neoleonés con licencia seguramente presentará una apelación, pero lo esperable es que se deseche si en los órganos electorales existe algún sentido de justicia. Por eso mismo, el Tribunal Electoral no sólo debe rechazar la apelación, sino anular el presunto “éxito” de la señora Zavala y proceder a la consignación de los tres aspirantes ante la Procuraduría General de la República.
Lo anterior, insistamos, es el resultado de una legislación interesadamente retorcida, pero también de una cultura política que ha hecho del engaño una forma consagrada de actuación y ha propiciado el florecimiento de una socorrida rama de los negocios: el apoyo electoral comprado, ya sea para reunir el número indispensable de adherentes para registrar un partido, el de apoyos para un aspirante a candidato independiente o el de votos para un partido, como ocurre hoy con el reparto de las tarjetas rosas en el Estado de México y otras formas de mercantilización electoral.