Octavio Klimek Alcaraz
Octubre 29, 2016
En la tercera semana de octubre de este año, fue dado a conocer por la organización de la sociedad civil Gestión Social y Cooperación, AC (Gesoc), el informe denominado Índice estatal de capacidades para el desarrollo social (Ides). Ver página electrónica http://www.ides.gesoc.org.mx/
El Ides “refleja, a partir de información de fuentes oficiales, la capacidad institucional de cada una de las 32 entidades federativas para la implementación de una política de desarrollo social efectiva, abierta y participativa.”
Se señala que “el Ides busca generar evidencia relevante y útil para fortalecer las capacidades institucionales con las que cuentan las entidades federativas para implementar políticas de desarrollo social efectivas, abiertas y participativas.”
Asimismo, trata de medir sólo las “capacidades institucionales presentes en las entidades para la implementación de una política social efectiva, abierta y transparente en cada entidad.” Es decir, no mide el desempeño de los programas sociales.
El Ides evaluó el periodo 2015 del estado de desarrollo de las capacidades institucionales de cada una de las entidades federativas. Para ello se construyó a partir de la disponibilidad pública de información clave para el desarrollo social en cada entidad federativa en cuatro dimensiones: Planeación Programático-Presupuestal; Gestión Eficiente de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social; Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social Estatal; así como Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana. Para ello, se realizó una ponderación de un total de 43 variables en las cuatro dimensiones, que se expresó en un índice con una escala de 0 a 100.
De los seis resultados principales, se presentan los cuatro resultados que informan sobre el estatus que guardan las entidades federativas, de manera textual:
1. En una escala de 0 a 100, la calificación promedio obtenida por las 32 entidades federativas analizadas por el Ides fue de 44.66 puntos.
2. Sólo cuatro (Jalisco, Hidalgo, CDMX y Guanajuato) de las 32 entidades federativas cuentan con un nivel de capacidad institucional propicio para aplicar una política social razonablemente robusta, abierta y participativa.
3. Por el contrario, 18 entidades (Sonora, Sinaloa, Yucatán, Oaxaca, Coahuila, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Michoacán) presentan capacidades institucionales precarias para la aplicación de la política social, por lo que resulta necesario y urgente poner en marcha programas de mejora y fortalecimiento en las cuatro dimensiones analizadas por el Ides.
4. Diez entidades (Nuevo León, Tabasco, Morelos, Baja California, Campeche, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Colima y Aguascalientes), alcanzan apenas un nivel básico de capacidades institucionales, el cual se explica en buena medida por sus deficiencias en las dimensiones de Planeación Programático-Presupuestal y de Apertura y Participación Ciudadana.
Como producto de los resultados encontrados, la Gesoc propone una serie de nueve “recomendaciones para la mejora de áreas de oportunidad relevantes en las entidades federativas”, que son las siguientes:
1. Contar con un plan de desarrollo social estatal que diagnostique, con base en evidencia, los rezagos sociales de atención prioritaria, los grupos poblacionales que los padecen y los recursos presupuestarios necesarios para atender las brechas identificadas.
2. Incluir los programas sociales en su estructura programática y presupuestos estatales, identificando su presupuesto asignado y sus respectivas metas e indicadores estratégicos y de gestión.
3. Publicar la información relativa al ejercicio de recursos y desempeño de todos los programas sociales estatales en la cuenta pública estatal anual.
4. Retomar y visibilizar la evidencia utilizada para la toma de decisiones con respecto a los recursos públicos asignados a los programas y acciones estatales de desarrollo social en el presupuesto de egresos estatal anual.
5. Identificar aquellos programas y acciones de desarrollo social aplicados por otros órdenes de gobierno con los que pueden generarse sinergias o duplicidades para potenciar los efectos de la política social en cada entidad federativa.
6. Desarrollar padrones de beneficiarios para todos los programas sociales en formatos abiertos para brindar certeza y empoderar al beneficiario.
7. Aplicar mecanismos básicos de seguimiento y evaluación de los programas sociales por instancias especializadas y autónomas a quienes los pongan en marcha.
8. Incluir mecanismos de consulta, retroalimentación y control social en el diseño y aplicación de los programas sociales.
9. Transparentar las regulaciones, mecanismos e instrumentos de la política de los programas sociales (como padrones, indicadores, presupuestos) bajo principios de máxima publicidad y datos abiertos.
En el caso de Guerrero, la entidad se ubica en la posición 28 de 32, obteniendo una calificación global de 35.31 sobre 100 puntos posibles, con un nivel de capacidad institucional bajo para la aplicación de la política social estatal.
Asimismo, en el informe individual para Guerrero se hacen ocho recomendaciones específicas por el Gesoc, por su relevancia se citan cuatro de ellas:
1. En materia de la planeación estatal para el desarrollo social, el estado de Guerrero muestra como principal debilidad la necesidad de integrar y actualizar las normativas de operación del 100 por ciento de los programas y acciones locales de desarrollo social. De igual forma, es necesario que se exprese de forma cuantitativa la totalidad de los programas y acciones estatales de desarrollo social en el presupuesto de egresos estatal, y que la información relativa al ejercicio de sus recursos se desagregue de forma programática en la cuenta pública estatal.
2. Con respecto al monitoreo y evaluación, es necesario que la entidad avance en la creación, actualización y publicación de los padrones de beneficiarios e indicadores de gestión y estratégicos, de cada programa y acción local encaminada al desarrollo social. También se requiere fortalecer la aplicación de evaluaciones hacia los programas y acciones de desarrollo social de la entidad en los diferentes momentos que integran el ciclo de aplicación de la política de desarrollo social local.
3. En lo relacionado a la apertura de información sustantiva sobre el desempeño de los programas y acciones estatales de desarrollo social, la entidad requiere avanzar en apertura proactiva de información en formato de datos abiertos al publicar lo relacionado con el desarrollo social estatal (padrones de beneficiarios, indicadores de gestión, estratégicos y documentos relativos a procesos de mejora).
4. Finalmente, en el rubro de incorporación de mecanismos de participación ciudadana dentro del ciclo de aplicación de la política de desarrollo estatal, es posible identificar áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para llevar a cabo prácticas de inclusión de opinión de beneficiarios para mejorar el desempeño de los programas y acciones estatales de desarrollo social. Asimismo, se recomienda la configuración de espacios de participación ciudadana que permitan a la población involucrarse en el proceso de rediseño o actualización de los programas y acciones locales de desarrollo social. Bajo la misma perspectiva, es necesario que se fortalezcan las prácticas de contraloría social. En caso de que ya se lleven a cabo este tipo de actividades, se recomienda difundirlas y publicarlas en los portales de desarrollo social estatal.
El actual gobierno estatal de Guerrero tiene con este tipo de instrumentos tan útiles para medir resultados la posibilidad de orientarse para lograr el desarrollo social de la entidad hacia mejores niveles de bienestar y desarrollo humano en su población. Se entiende, que los recursos presupuestales son escasos y su gasto debe ser usado de la manera más eficiente y eficaz posible. Por ello, estas recomendaciones no deben ser echadas en el saco roto.