En días pasados se llevó a cabo en Tlacolula, Oaxaca el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades, y Organizaciones “Aquí Decimos sí a la Vida, no a la Minería” con la asistencia de 60 comunidades y 36 organizaciones. Obviamente, la principal conclusión del evento fue el rechazo a la presencia de industrias extractivas en el estado. Textualmente, el documento final dice: “Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal, estatal, a las empresas extractivas, y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que NO aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros, NO aceptaremos la implementación de ningún trabajo de: prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna”.
Entre los participantes estuvieron delegados de Magdalena Teitipac, un pueblo que hace cinco años expulsó a la Minera Plata Real, subsidiaria de la empresa estadunidense Sunshine Silver Mining, que pretendía explotar casi 10 mil hectáreas de tierras comunales. La comunidad se mantiene en resistencia y la minera no ha podido regresar.
También en estos días se publicó la noticia del triunfo legal de la comunidad de Tecoltemi del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. El juez del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla, ordenó el cese de los trabajos de la empresa canadiense Almaden Minerals. Ya en 2015 un juez había resuelto a favor de la comunidad pero la minera impugnó el amparo presentado y ahora finalmente quedó definida la suspensión de actividades. Sin embargo, la empresa insiste en que no hay población indígena en el lugar, por lo que se niega a realizar una consulta.
Como los casos anteriores hay muchos en todo el país; comunidades que están luchando contra las empresas mineras y diversos megaproyectos, cuyos pleitos se encuentran en distintas etapas legales y de resistencia. Ha habido muertos, encarcelados y actos represivos, pero cada vez se ganan más casos y las comunidades organizadas se están aliando para apoyarse mutuamente, como se demuestra, por ejemplo, en el evento arriba mencionado.
La batalla llevó a representantes de comunidades y organizaciones hasta Canadá (la mayoría de las empresas que operan en México son de allá), donde se presentó incluso una demanda contra la embajada canadiense en nuestro país por apoyar las malas prácticas de las empresas e ignorar las quejas que las organizaciones han presentado.
Son tantos los pueblos indígenas de diversos países que están en contra de la minería en sus territorios y han sido tantos los abusos de las empresas canadienses, que el gobierno de Canadá anunció (a mediados de enero) la creación de una defensoría del pueblo para vigilar la conducta de sus empresas en el extranjero e investigar las denuncias que se presenten contra ellas. Todavía no inicia actividades pero parece que lo hará en los próximos meses.
Habrá que esperar a ver si de verdad funciona esta defensoría y si se continúan ganando batallas legales en México, pero lo cierto es que poco a poco los indígenas están logrando hacer cumplir sus derechos y detener a las empresas extractivas que intentan, con la venia del gobierno mexicano, apoderarse de sus territorios. La lucha es dura pero cada vez son más los que la ganan.