No todo fue Venezuela en la cumbre de la OEA celebrada recientemente en Cancún. Aunque se le dedicó poco tiempo al tema indígena, se aprobó el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (recordemos que esta declaración se aprobó en junio del año pasado).
Este plan deberá ser implementado por los Estados durante los próximos cuatro años, pero incluye la participación de la población en general y de los pueblos indígenas, y aclara qué tareas le corresponden a cada sector. Su objetivo principal es “contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos de los pueblos indígenas en los planos nacionales y hemisférico mediante el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y otras instancias del sistema interamericano”.
Entre sus líneas estratégicas están la difusión de la declaración y su implementación, el desarrollo de capacidades en los Estados, pueblos indígenas y sociedad civil, y el desarrollo sostenible de los pueblos.
El punto más importante, que es el de la implementación de la declaración, plantea cuestiones muy generales, como aplicar planes de acción a través de “políticas públicas y medidas legislativas, normativas y administrativas”; o promover mecanismos de participación “consulta y plataformas de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas”. Se refiere también a la aplicación de programas de salud, educación y empleo y de “políticas de acción afirmativa para fomentar el goce de los derechos humanos por parte de los pueblos indígenas, en especial, en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.
No hace mención, en ninguna parte, al derecho al territorio o al consentimiento previo, libre e informado, que son los temas que actualmente más preocupan a los pueblos indígenas.
Representantes de estos pueblos presentaron a la cumbre un documento en el que afirman que, a pesar de que los derechos indígenas se reconocen ya en diversos instrumentos internacionales, continúan siendo víctimas de despojo, desplazamiento forzoso y represión. Manifiestan además su rechazo a las políticas implementadas por los Estados a favor de las industrias extractivas que provocan impactos negativos en sus territorios y culturas.
En el texto exhortan a los Estado miembros de la OEA al “respeto a la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos sobre nuestros territorios y bienes naturales”, y a la implementación del consentimiento previo, libre e informado sobre todo asunto que les afecte. Igualmente, solicitan que no se realicen consultas cuando ya existan “acuerdos, permisos, licencias y contratos previos porque estas consultas forman parte de una simulación”. Afirman también que los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo sino en las formas de éste que atentan contra la vida y la madre tierra; y solicitan que se adopten mecanismos de aplicación efectiva de la declaración, que cuenten con apoyo técnico y recursos financieros suficientes.
Mientras estas peticiones no sean tomadas realmente en cuenta y se reflejen en hechos, y mientras no haya verdadera voluntad de los Estados de poner por encima de los intereses de las empresas extractivas los derechos de los pueblos indígenas, de nada servirá la declaración y no será sino una carta más de buenas intenciones.