Inicia 2018, que como todos sabemos, es en México año electoral. Ya están en curso las precampañas, pronto se definirán candidatos y comenzarán formalmente las campañas, y a mediados de año serán las elecciones.
En esta ocasión la presencia indígena en la contienda electoral será mayor que en el pasado. Además de la ya conocida participación de María de Jesús Patricio, que intenta conseguir las firmas necesarias para inscribirse como candidata independiente a la presidencia, en representación del Congreso Nacional Indígena, habrá muchos candidatos indígenas a diputados federales. Esto se debe a que el INE determinó que, en por lo menos 13 de los 28 distritos electorales indígenas, los partidos políticos deberán nombrar candidatos que pertenezcan a algún pueblo originario. Serán los 13 distritos en los que la población originaria es mayor al 60 por ciento.
Además, en otros distritos electorales hay también líderes indígenas intentando conseguir ser candidatos a diputados federales por sus respectivos partidos, habrá que ver si algunos lo consiguen. Esto dependerá seguramente de si, independientemente de que sean o no  indígenas, se considere que puedan ganar por su popularidad. También hay varios que están peleando candidaturas plurinominales.
Sin embargo, el hecho de que haya más candidatos indígenas y que por lo tanto vaya a haber más diputados de este sector de la población, no garantiza que los intereses de los pueblos originarios vayan a estar de verdad representados en el Congreso. Para ello se requiere que los candidatos o futuros diputados indígenas presenten propuestas concretas y coherentes, que beneficien a los indígenas y que una vez en el cargo les den curso y las defiendan, y que pongan por encima de los intereses partidarios los intereses de sus pueblos. Y eso está por verse, además de que de todas formas serán minoría.
Por otro lado, los precandidatos presidenciales de los diversos partidos no han presentado propuestas específicas que de verdad signifiquen mejoras para los pueblos indígenas. Como ya parece ser tradición entre los candidatos y precandidatos, Meade fue a tomarse la foto a San Juan Chamula vistiendo el traje típico local, pero eso no hace olvidar que, siendo él secretario de Hacienda, se recortó considerablemente el presupuesto federal para los indígenas.
López Obrador tampoco ha hecho ninguna propuesta novedosa o que considere de verdad las peticiones de los pueblos originarios, y su propuesta de crear una dependencia similar al extinto Instituto Nacional Indigenista es más bien un retroceso, pues desde hace años los indígenas están en contra del indigenismo, como menciona Francisco López Bárcenas en su artículo de esta semana en La Jornada (http://www.jornada.unam.mx/2018/01/04/opinion/012a1pol). Además, ya anunció que la institución en cuestión sería dirigida por Adelfo Regino Montes, cuando más bien, si se atuviera a los derechos indígenas establecidos en convenios internacionales, debería hacer una consulta antes de nombrar un director (aclaro que no tengo nada en contra de Regino, al contrario, pero el problema no es la persona sino el procedimiento).
Ricardo Anaya, por su parte, inició su precampaña en un municipio con alrededor de 33 por ciento de población indígena (Amealco de Bonfil, Querétaro), según afirmó, porque ahí conoció a su mujer y ahí nacieron sus hijos, pero tampoco tiene propuestas significativas para los pueblos originarios.
Evidentemente, nadie ha hablado de autonomía o libre determinación, y menos de cancelar las concesiones mineras o los megaproyectos que despojan (y despojarán) a los pueblos indígenas de sus territorios, que son los puntos que más interesan a los indígenas. Tampoco hay propuestas viables o novedosas para terminar con la pobreza de este sector de la población.
En síntesis, parece ser que, gane quien gane la presidencia, y así sean unos cuántos más los diputados o diputadas indígenas, las condiciones de estos pueblos no cambiarán en los próximos años, o por lo menos, no por los resultados electorales.