El proceso que llevó a Hugo Aguilar a la presidencia de la Suprema Corte en 2025 no fue una elección, sino una ratificación de poder de la autonominada Cuarta Transformación en la que alrededor de 87 por ciento del electorado optó por no participar, mientras que 20 por ciento de esos votantes decidió anular las boletas. Los informes de la OEA documentaron lo evidente: el mexicano es ahora un sistema judicial diseñado para reproducir la sumisión y perpetuar el poder, no para administrar justicia.
Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte, fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos del mal llamado Tren Maya y del Corredor Interoceánico, señaladas por la ONU, pueblos y organizaciones, de incumplir los estándares internacionales a los derechos humanos.
Un operador disfrazado de símbolo. Hugo Aguilar es la ficha perfecta del régimen actual. Un Benito Juárez ante la mirada paternalista y colonial de los intelectuales criollos. Su ascenso no es un triunfo de los pueblos originarios, sino un montaje. El gobierno lo vende como un logro histórico, pero no pocas comunidades lo repudian. Los yaquis, cuyo territorio ha sido saqueado con su complicidad, lo llaman “ese indígena corrupto”. La paradoja es elocuente por sí misma: un hombre que debería representar la defensa de los de abajo es, en realidad, un facilitador del despojo.
No llegó por méritos jurídicos. Hugo Aguilar llegó por lealtad. Fue pieza clave en el “Plan de Justicia Yaqui”, un proyecto más mediático que efectivo. Mientras AMLO posaba para la foto con líderes indígenas, Aguilar se encargaba de limar asperezas con los intereses que realmente mandan: las inmobiliarias, las mineras, el capital que ve en los territorios originarios un obstáculo removible. Su origen mixteco no oculta su pragmatismo.
La Corte, bajo su presidencia, será un apéndice del Ejecutivo. No hay aquí una lucha por la autonomía judicial, sino la consolidación de un sistema donde el poder se reparte entre sus más leales. Aguilar es el rostro presentable de un engranaje que sigue aplastando a los mismos de siempre: las mujeres, los pobres, los indígenas.
Durante su gestión como subsecretario en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2018, Aguilar aplicó viejas estrategias priistas para imponer megaproyectos, desde dividir asambleas comunitarias y comprar lealtades con programas sociales, hasta presentar como acuerdos lo que en realidad eran rendiciones. El Corredor Interoceánico fue el laboratorio de la 4T para Veracruz y Oaxaca: asambleas vacías o cooptadas, vigiladas por militares de la Guardia Nacional, firmas falsas, duplicadas o de difuntos que avalaban supuestos acuerdos, cuando ni siquiera se contaba con planos del proyecto del Corredor Interoceánico, mucho menos con manifestaciones de impacto ambiental o claridad sobre la compra de tierras ni de los proyectos industriales futuros.
En un perfil realizado por Beatriz Guillén para el diario El País, el defensor de los pueblos Joaquín Galván, desde Ayutla mixe, afirma que fue “por lealtad a Regino” (Adelfo Regino, director del INPI en el sexenio de AMLO) que el abogado mixteco Hugo Aguilar “cambió de vida” unos años más tarde: “Sale de la lucha social para irse a la búsqueda de cargos públicos. Ellos fueron intelectualmente muy importantes dentro de la lucha, pero cuando empezaron a operar para los intereses del Estado hubo un punto de no reconciliación”. En el mismo perfil, la lingüista mixe Yásnaya Aguilar señala: “Decidieron apoyar abiertamente la candidatura de Gabino Cue (gobernador de Oaxaca de 2010 a 2016) y ahí se creó un cisma, no sólo con ellos, sino con el movimiento indígena. Se les acusó de haber traicionado al movimiento”.
En 2023, Servicio de Noticias de la Mujer México reveló que Hugo Aguilar intentó silenciar con dinero a la defensora Sandra Domínguez para que desistiera de denunciar los reclamos de mujeres mixes sobre la existencia de un chat denominado Sierra XXX, donde participaban más de cien hombres y funcionarios pertenecientes a la etnia mixe y en el que se compartían imágenes íntimas y se sexualizaba a mujeres también hablantes de lengua ayuuk. El cuerpo de Sandra fue encontrado sin vida el pasado 28 de abril luego de seis meses de su desaparición.
La Corte que ahora presidirá Hugo Aguilar tiene pendientes 32 amparos contra el Tren Maya y 17 casos de criminalización de opositores al Corredor Interoceánico, ¡los mismos conflictos que él mismo ayudó a crear desde el gobierno obradorista!
En 2019, tras la toma de poder de la autonominada Cuarta Transformación que hoy se culmina con una elección del Poder Judicial a modo, el EZLN decía: “Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y en la concepción ‘indigenista’ en la que los originarios anhelan vender su dignidad y dejar de ser lo que son, y que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso su preocupación de que sus muros-trenes (el del Istmo y el mal llamado ‘Maya’) incorporen al paisaje las ruinas de una civilización, para que deleiten al turista.”
Y advertía: “Pero los originarios estamos vivos y rebeldes y resistiendo; y el capataz ahora pretende reeditar a uno de sus caporales, un abogado que alguna vez fue indígena, y que ahora, como a lo largo de la historia mundial, se dedica a dividir, perseguir y manipular a quienes alguna vez fueron sus semejantes. El titular del INPI se talla todos los días la conciencia con piedra pómez para eliminar todo rastro de dignidad. Piensa él que así se blanquea su piel y su razón es la del mandón. El capataz lo felicita y se felicita: no hay nada mejor para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por paga en títere del opresor”.
Claudia Sheinbaum no eligió a un jurista indígena mediante una farsa electoral impuesta a base de acordeones que dictaban por quién había que votar. Eligió a un operador. Por eso lo premió con la Corte. Porque necesita jueces a modo para que nadie se atreva a cuestionar su “humanismo mexicano”. Es decir: su progresismo extracti-vista.