En un documento de 20 páginas firmado por Bryan Baker y Robert Warren titulado Estimaciones de población de migrantes no autorizados que residen en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que para 2022 habría al menos 10 millones 990 mil personas indocumentadas en Estados Unidos, de los cuales 4 millones 810 mil son de origen mexicano.
De acuerdo con un estudio de Americans for tax fairness, en 2022, esos inmigrantes indocumentados pagaron al gobierno de Estados Unidos, 96 mil 700 millones de dólares en impuestos, esa cantidad equivaldría a casi 2 billones de pesos mexicanos; para dimensionar la potencia de esa aportación, es importante señalar que el presupuesto del Gobierno de México para 2025 asciende a 9 billones de pesos.
En el mismo estudio se muestra que los indocumentados pagaron una tasa impositiva del 5 por ciento, que resulta superior al 3 por ciento que pagaron los cinco ciudadanos más ricos de Estados Unidos o las 55 megacorporaciones más prósperas de norteamérica.
Así lo reveló el análisis de Propública el 8 de junio de 2021, con base en información de la Oficina de Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) la cual mostró que los multimillonarios como Warren Buffet, Jeff Bezos, Michael Bloomerg, Elon Musk, pagaron tasas impositivas inferiores al 3.27 por ciento, incluso hubo años en los que no pagaron nada y por el contrario recibieron subsidios por parte del gobierno federal, al igual que Bank of America, Exxon, AT&T, Tesla, General Motors, Netflix, Target, Whirpool y una larga lista de empresas norteamericanas beneficiadas.
La rapacidad del sistema del sistema impositivo norteamericano forma parte de un entramado mayor en el que convergen los sistemas de salud, seguridad social y laboral, que en sincronía anulan todos los derechos del trabajador indocumentado y protegidos con su marco legal, roban el salario de los trabajadores a través de complejas fómulas de impuestos.
Fue durante la administración del demócrata Bill Clinton en 1996, que el IRS creó una herramienta fiscal para que los migrantes indocumentados pagaran impuestos, sin recibir ningún tipo de beneficio a cambio; es así como nació el Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN por sus siglas en inglés) para otorgárselo a quien no puede acceder a un Número de Seguridad Social (SSN por sus siglas en inglés) que permita trabajar legalmente.
El American Inmigration Council informó que en 2022 los trabajadores indocumentados a través del ITIN aportaron más de 22 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y 5 mil 700 millones de dólares a Medicare; pero sin la posibilidad de obtener seguro social, ni adquirir los beneficios de ningún programa de asistencia médica.
Los migrantes indocumentados pagan puntualmente sus impuestos a través de estas herramientas fiscales (ITIN) con la promesa implícita de que a la larga, podrían regularizar sus estatus migratorio, obteniendo su visa y permiso para trabajar legalmente, a pesar de que al expedírselos les dejan en claro que no puede ser usado para demostrar que viven legalmente en Estados Unidos, no garantiza la obtención de residencia, no funciona como permiso para trabajar, ni pueden obtener beneficios de ningún programa social, sólo es para el pago de impuestos.
El 7 de abril de 2025 un Tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump publicar el Memorándum de entendimiento entre la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Impuestos (IRS), que tiene como finalidad solicitar información como domicilio, ingresos, lugar de trabajo, de personas indocumentadas que pagan impuestos, con el argumento de que son investigados para localizarlos, detenerlos, procesarlos y eventualmente deportarlos.
Adicionalmente abre la posibilidad de compartir información con personas no relacionadas con las instituciones fiscales y profundizar en la obtención de información a través de especialistas análisis de escritura, revelado fotográfico, mejora de grabaciones de sonidos e identificación de voz, que permitirán obtener más datos o información a través de entrevistas a personas vinculadas con el individuo investigado por medio de consultas, declaraciones o interrogatorios, para obtención información relevante que les permita localizar al indocumentado.
Si bien el memorándum señala que el intercambio de información entre IRS-ICE se realizará caso por caso en el marco de un proceso judicial, no deja de llamar la atención una publicación de la plataforma informativa Wire, la cual advierte que el multimillonario Elon Musk, asesor de Donald Trump y coordinador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), planea organizar un “hackatón” en Washington D.C., con la finalidad de crear una mega API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para construir un puente que comunicará a los sistemas informáticos que les permitirá a Migración (ICE) obtener los datos de los contribuyentes (IRS).
El ambiente de terror generado desde la Casa Blanca en contra de los migrantes, ha desatado una serie de acciones como por ejemplo la que les obligan a registrarse en plataformas gubernamentales, quienes bajo la amenaza de que de no hacerlo serán sancionados con miles de dólares e incluso de perder sus bienes patrimoniales, así como la campaña de intimidación por parte de la Secretaria de Seguridad para autodeportarse, a estas acciones, se suma la traición de la oficina fiscal (IRS), quien develará información sensible de sus contribuyentes para ser deportados.
Estas son acciones que forman parte del Estado facista que se construye con rapidez inusitada frente al asombro de la comunidad internacional que no ha sido capaz de reaccionar con inteligencia antes de que sea demasiado tarde y lamentemos los elevados costos humanitarios, por la ambición de las oligarquías.

* El autor es cónsul de Asuntos Comunitarios en Nueva York. Coautor del libro La guerra que nos ocultan (Editorial Planeta, 2016). Fue secretario técnico de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y tercer secretario en la Misión Permanente de México ante la ONU.