México ya no sólo desaparece personas: ha aprendido a discutir cómo nombrarlas, contarlas, reclasificarlas y administrarlas mientras sus familias las siguen buscando. Pero cuando quienes desaparecen son niñas, niños y adolescentes, la catástrofe toca una zona todavía más honda del fracaso público. La infancia, escribió alguna vez Walter Benjamin, no es una edad transparente sino un territorio de restos, juguetes rotos, umbrales, miedos y revelaciones; una forma de mirar el mundo antes de que el mundo termine de imponer su ley. En México, ese territorio ha sido invadido por otra ley: la del reclutamiento, la trata, la explotación sexual, el trabajo forzado, el halconeo, el sicariato y las fosas. Se trata de infancias capturadas por economías adultas de violencia y por un Estado cómplice.
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México, presentado este mes, debería haber sido recibido por el gobierno federal como una alarma de Estado. No como una ofensa. No como un documento que hay que neutralizar con el reflejo ya tan acostumbrado de la soberanía herida. La CIDH sostiene que la desaparición en México es generalizada, que ocurre en diversas regiones del país, que involucra tanto al crimen organizado como a agentes estatales y que se sostiene sobre impunidad, debilidad institucional, crisis forense y desconfianza profunda de las familias hacia las autoridades.
Más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas. Más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, de acuerdo con estimaciones independientes. Hay números que no necesitan adjetivos porque su sola enunciación debería alterar la respiración de un país. Pero parecería que México ha desarrollado una habilidad atroz para seguir hablando encima de sus ausentes y de quienes los buscan.
¿Por qué importa volver a insistir en el tema de las desapariciones? ¿Por qué volver a nombrar una y otra vez la desaparición, cuando el país parece haberse habituado a escucharla como ruido de fondo? Este nuevo informe desplaza el centro del debate. Ya no basta escribir sobre “violencia” en México. Esa palabra está agotada. El concepto operativo ahora es desaparición como infraestructura: una tecnología de gobierno territorial, de mercado criminal, de disciplina social, de gestión de residuos humanos y de producción de silencio. Para la CIDH, el reclutamiento de menores no es una simple “entrada al crimen”, es toda una forma de explotación prohibida por el derecho internacional. Afirma que niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser captados y utilizados por organizaciones criminales, y le recuerda al Estado mexicano que el reclutamiento para actividades ilícitas como el narcotráfico debe ser prohibido y eliminado con urgencia.
El informe coloca explícitamente dentro del universo de víctimas a niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, migrantes sujetos a explotación laboral o sexual, periodistas y personas defensoras desaparecidas por denunciar o buscar. La desaparición ya no es descrita sólo como ausencia: es una zona de captura económica de los cuerpos. No es únicamente “se los llevaron”; es “los incorporaron a un régimen de uso”: halconeo, sicariato, trata, trabajo forzado, explotación sexual, castigo territorial, control de rutas, etcétera. Un compleja y cada vez más vasta pedagogía del terror.
Es estremecedor el apartado sobre infancias en el que pone la focalización este nuevo informe. La CIDH registra 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos al 19 de agosto de 2025. Señala que entre menores desaparecen ligeramente más niñas que niños. Además, en el segmento de 12 a 16 años, la desaparición de mujeres supera a la de varones.
La CIDH remarca algo decisivo: la desaparición en México ya no puede entenderse sólo bajo el molde clásico de la desaparición forzada de Estado. Sus formas han mutado. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó una tragedia enorme. Nadie serio podría atribuirle el origen de una crisis que viene de lejos, atravesada por la guerra sucia, por la militarización de la seguridad, por la expansión de los cárteles, por la colusión de autoridades, por el abandono deliberado de territorios enteros. Pero heredar una catástrofe no autoriza a administrarla con gestos defensivos ni con altanería. Gobernar sobre el desastre no significa repetir que no se niega el problema, sino actuar como si cada día de demora en cada caso de desaparición fuera, en efecto, una forma adicional de violencia.
El país no necesita otra disputa semántica sobre cómo llamar a la catástrofe. Necesita encontrar personas. Identificar restos. Proteger a las buscadoras. Investigar redes de complicidad. Abrir archivos. Aceptar cooperación técnica. Construir instituciones forenses que sobrevivan a los sexenios. Y, sobre todo, dejar de tratar a las familias como un problema de comunicación política. Mientras eso no ocurra, cada cada niña desaparecida, niño desaparecido, seguirá siendo también una acusación contra el país que no supo protegerlos, contra el Estado que no supo buscarlos y contra una sociedad que aprendió demasiado pronto a naturalizar a lo que en realidad era una forma de administración gubernamental de la vida y de la muerte.