El pasado martes 6 de junio fue presentado en un evento público el documento Anuario de industrias extractivas: situación actual 2016. Dicho documento fue realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. y coordinado por los investigadores de este Centro, Aroa de la Fuente López y Beatriz Olivera López con el apoyo del Natural Resource Governance Institute (NRGI). Además participaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación A.C., Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason, así como consultores independientes. El documento se encuentra en la página electrónica http://fundar.org.mx/presentacion-las-actividades-extractivas-en-mexico-estado-actual-anuario-2016-martes-6-de-junio-2017/

El objetivo del documento es “presentar un panorama sobre la situación de la actividad extractiva y sus implicaciones e impactos para los territorios en México.”
Con ello, el Anuario busca “poder informar la discusión pública e impulsar acciones que permitan atender los vacíos existentes en la política minera y de hidrocarburos”.
Para ello, se “analiza el contexto en el que México está orientando sus políticas públicas hacia las inversiones en el sector energético y minero a costa del incremento de los impactos socioambientales en los territorios y en la población.”
El Anuario consta de una introducción, de seis capítulos y sus correspondientes conclusiones, con una extensión de 234 páginas.
El primer capítulo hace una análisis del “sector extractivo en la normatividad mexicana: legislación, políticas e institucionalidad”.
El segundo capítulo se refiere a la “presencia de las actividades extractivas en México”.
El tercer capítulo revisa “el papel del sector extractivo en la economía y las finanzas públicas”.
El cuarto capítulo estudia las “implicaciones de la actividad extractiva para los territorios”.
El capítulo 5 hace un interesante análisis de las “actividades extractivas y el cambio climático”.
El capítulo 6 trata de la transparencia y acceso a la información.
A lo largo de los 6 capítulos del texto se presenta un importante esfuerzo de compilación y sistematizar la información sobre las actividades extractivas en México. Para una mejor comprensión del texto se presentan las correspondientes tablas, figuras y mapas.
Toda esta información permite concluir de manera objetiva, que la reforma energética de 2013 al 2014, tiene en “condiciones de vulnerabilidad a las comunidades y territorios al haberse incluido figuras jurídicas que, como la servidumbre legal, privilegian los intereses de las empresas sobre la garantía de los derechos humanos. Además, los planes del gobierno para intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica suponen un riesgo adicional para las poblaciones, el medio ambiente y el clima, y no representan una opción energética de futuro.”
Algunos de los datos seleccionados del Anuario en su comunicación para medios de Fundar, son contundentes, presentamos éstos de manera textual, tomando la atribución de mezclarlos de manera libre con algunos comentarios personales:
El Anuario incluye información sobre los nuevos actores privados que han entrado al juego como parte de las cuatro primeras licitaciones de la Ronda Uno. Así, hasta 2016 se habían entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas en las cuatro licitaciones de la Ronda Uno.
La participación de algunas de estas empresas de hidrocarburos en la ronda de licitaciones despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental, mientras que otras tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con ex funcionarios del sector petrolero.
3 por ciento de la superficie terrestre que la Secretaría de Energía considera adjudicar para la exploración y extracción de hidrocarburos corresponde a regiones dentro de los territorios de pueblos indígenas del país. Los pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de sus territorios. Así, se recrea y actualiza en el siglo XXI la novela La Rosa Blanca de Bruno Traven.
El gobierno contempla entregar 150 bloques para exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales a través de fracking, superficie total de 42 mil 964 kilómetros de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los planes indican que la primera licitación para este tipo de hidrocarburos se abrirá en el primer semestre de 2017. Recordemos que la técnica de fracking se encuentra prohibida o en moratoria en diversos países por sus riesgos al ambiente y la salud humana.
México cuenta con seis antiguas refinerías que producen 35 por ciento menos petrolíferos que hace dos décadas. Actualmente 59 por ciento de la gasolina y 56 por ciento del diésel que se utiliza en el país es importado, cuando hace 20 años solo había necesidad de importar 14 por ciento de la gasolina. Paradójicamente, la producción de petróleo crudo sólo ha disminuido 20 por ciento en el mismo periodo. Ahora la industria de la petroquímica en el mundo tiene grandes márgenes de ganancia, ya que compran petróleo barato y venden gasolina cara. México dejó pasar esa oportunidad desde gobiernos anteriores.
Respecto al sector minero, para 2016, existían 25 mil 178 concesiones y 885 proyectos mineros, de los cuales el 65.3 por ciento eran operados por empresas canadienses, 13.2 por ciento por las estadunidenses con y 9.2 por ciento por mexicanas.
Las concesiones mineras que se otorgan en el país tienen una vigencia de 50 años, prorrogables a otros 50 años más.
Para el año 2013, había mil 281 concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, mientras que, para 2015, el número se había incrementado a mil 609. Esto habla de la urgencia de legislar en la materia.
El Anuario señala que existen mecanismos que se han conformado con el objetivo de “compensar” los impactos y garantizar condiciones más justas para las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos, sin embargo su efectividad queda en duda. Al respecto, el Fondo Minero ha recibido 4 mil 282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015, y el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos 7 mil 480.7 millones en 2015 y 2016.
Del análisis del Anuario se dice que en ambos casos hay aún muchas interrogantes sobre el impacto que estos fondos tienen a nivel local, cómo se están tomando las decisiones para usar los recursos, si los proyectos están siendo realmente realizados o si responden a los fines para los que los fondos fueron creados de atender las afectaciones sociales y ecológicas que generan estas actividades. Se indica, que se encontraron vacíos importantes en la información disponible sobre estos fondos, por lo cual es urgente que sean presentados bajo estricta transparencia. Por ello, es importante hacer reformas legales para que esto se mejore.
El Anuario menciona, que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU documentó 61 casos de abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado o empresas en México. De estos, 17 casos involucran afectaciones al medioambiente y a la tierra y el territorio causados por la industria minera.
Un dato interesante del Anuario es que los ingresos del petróleo representaron en 2016 16 por ciento de los ingresos del sector público presupuestario. Mientras que la contribución de la minería es mínima y, en 2016, pese a la inclusión de nuevos derechos que gravan esta actividad en la Reforma Hacendaria de 2013, significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal y 0.24 por ciento de los del sector público presupuestario.
Para el 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) de hidrocarburos fue 5.3 por ciento y el PIB de la exploración y extracción de minerales tan solo 0.9 por ciento. La pregunta si esa participación es significativa para el país, que pueda justificarse el pasar sobre los derechos humanos y los de la naturaleza. Avalándose reformas constitucionales y a la legislación secundaria para que las actividades extractivas sean privilegiadas.
Finalmente, en su capítulo 6 del Anuario se subraya la contribución de la actividad extractiva de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, así como los daños que conlleva en los territorios y poblaciones, disminuyendo sus posibilidades de enfrentar los efectos del mismo. Asimismo, se señala la importancia de que los países de la región avancen hacia modelos de desarrollo de bajo carbono, resistentes al cambio climático. Se es enfático en señalar que las metas establecidas para reducir emisiones de los gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París no podrán alcanzarse si los países siguen basando su desarrollo en actividades extractivas, tales como la explotación y quema de hidrocarburos.
Se concluye que este Anuario es un documento imprescindible de consulta para aquellos interesados en estos temas, esperemos que continúen nuevas versiones en los próximos años.