Hace más de seis años, el 8 de febrero de 2012, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia ambiental. En especial se adicionó un nuevo párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, que dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Esta reforma fue producto de un proceso de varios años en donde múltiples actores de la sociedad civil y de la izquierda en el Congreso la impulsaron en su origen. Dicha reforma constitucional busca en síntesis garantizar el derecho al agua potable y a su saneamiento para todas las personas del país, tanto de las generaciones del presente como del futuro. Para su debida implementación se mandata en el artículo Tercero transitorio del decreto de dicha reforma constitucional que “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”. Es decir, desde el año 2013 se debería tener una Ley General de Aguas, ¡hace más de 5 años!
Dicho incumplimiento tiene que ver con el hecho de que las iniciativas para dicha Ley General presentadas por las mayorías legislativas en el Congreso del PRI y sus aliados durante dos legislaturas han sido cuestionadas por las organizaciones de la sociedad civil y la academia por sus claras insuficiencias. Ante las denuncias en medios de comunicación y la movilización ciudadana, por fortuna, se han retirado. En tanto, que las iniciativas desde la izquierda parlamentaria con el acompañamiento de la sociedad civil organizada al estar en minoría en el Congreso no han prosperado.
El mandato constitucional es claro: el Estado está obligado a garantizar el derecho al agua de las personas y su saneamiento y en la ley se deben definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Una Ley General de Aguas que no atienda de manera expresa dicho mandato sería simplemente inconstitucional.
Ahora, bien la Ley General de Aguas pasa necesariamente por derogar la actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, expedida por el ex presidente Carlos Salinas, y que ha tenido posteriormente diversas reformas, en especial la de 2004 durante la presidencia de Vicente Fox. Hago énfasis en ello, debido a que dicha Ley de Aguas Nacionales ha sido la que ha legitimado la privatización del agua –el agua como mercancía– concentrando el agua en unas cuantas grandes empresas embotelladoras; la que ha permitido las megaobras hidráulicas como las grandes represas y plantas de tratamiento inoperantes, y los trasvases entre cuencas a costa del deterioro ambiental, así como el desastre ecológico de nuestros ríos y demás cuerpos de agua. Además, de que vía las triquiñuelas legales de esta Ley se ha despojado de los derechos ancestrales del agua de pueblos indígenas y comunidades equiparables. Pero en especial, conforme a las estadísticas oficiales hay todavía entre 6 y 7 millones de mexicanos sin cobertura de agua potable y muchos más millones de personas, que viven de manera cotidiana la escasez del agua en sus hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. De nada sirve que tengas una tubería conectada a tu hogar, si esta se encuentra vacía del agua potable, y tienes que salir en la búsqueda de un botellón de dicho líquido.
Para lograr dicha orientación, la Ley de Aguas Nacionales ha tenido como institución operativa a la Comisión Nacional del Agua. Pese a que la Comisión es parte de las instituciones del sector ambiental, que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una institución que atiende en los hechos solo las instrucciones del presidente. Lo cual, no ha sido lo mejor para la gestión integral del ambiente y los recursos naturales. Adicional a ello, la orientación de su inversión ha sido a aportar miles de millones de pesos a las grandes infraestructuras hidráulicas en detrimento de las obras locales que no ven, de abastecimiento de agua y de saneamiento. Literalmente, la Comisión ha mandado al caño durante años miles de millones de pesos a proyectos de escasa rentabilidad ambiental y social como los túneles emisores para sacar el agua de lluvia del Valle de México, o a construir grandes acueductos para el trasvase de aguas. Otros indicadores evidentes de que la Comisión tiene problemas en su toma de decisión, operativos, de opacidad y discrecionalidad son, desde que su director anterior viajaba desde su casa con su familia en el helicóptero de la institución, como si fuera taxi, hasta que en el mantenimiento del sistema Cutzamala dejaron sin agua a buena parte del Valle de México más tiempo del que ellos mismos habían anunciado –con las consecuencias desastrosas conocidas para la Ciudad de México–.
Por todo ello, y como una forma de señalar que sí hay alternativas a esta problemática, se fundó la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida. La Coordinadora está convocando a su IV Congreso este 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Zacatecas para continuar desarrollando la propuesta que lleva en su nombre. La Coordinadora está formada por pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos y juveniles, sistemas comunitarios de agua, comunidades eclesiales de base, organismos de la sociedad civil, estudiantes, investigadores y docentes de toda la República, comprometidos con el buen gobierno del agua como parte de un proyecto de nación (ver página electrónica de aguaparatodos.org.mx/).
La Coordinadora se ha propuesto presentar en este primer año de la nueva legislatura ante el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Dicho proyecto de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas busca en esencia atender el mandato constitucional para garantizar el derecho de las personas al agua y saneamiento. Diseña una nueva arquitectura institucional, que parte de ciudadanizar la toma de decisiones para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua en las cuencas del país. Para ello, se crea un sistema de consejos ciudadanizados, que serán construidos democráticamente desde el ámbito local hasta lo nacional. Así se crearía consejos locales, zonales y regionales de aguas y cuencas hasta llegar al Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, que sustituiría a la actual Comisión Nacional del Agua. Además, para evitar la opacidad y la corrupción en la gestión hídrica se impulsa la creación de instancias ciudadanas como la Contraloría Social del Agua. Asimismo, se mandata la creación de diversos instrumentos para la planeación de la gestión del agua que parten de la unidad territorial del manejo del agua, que es la cuenca. Todo ello voltearía la forma del actual ejercicio de recursos públicos a la realización de obras hidráulicas, prioritariamente locales, que tengan claro beneficio social y ambiental, con base en la planeación consensuada de manera previa. La iniciativa ciudadana cubre diversos aspectos relacionados al tema del buen gobierno del agua y se aconseja su lectura, estando disponible en la página antes citada de la Coordinadora.
Finalizo comentando que la Coordinadora se ha propuestos reunir más de 100 mil firmas de la ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un mejor México. Por ello, cuando alguna organización adscrita a la Coordinadora le solicite su firma no dude en otorgarla, es para una muy buena causa, que hay que apoyar.