Este domingo 30 de septiembre, se realizó en los 81 municipios del estado el cambio de las autoridades municipales. Fue un relevo sin contratiempos, relativamente terso. Sin embargo, la marca que dejan los presidentes municipales salientes raya en el escándalo. No solo dejan vacías las arcas, sino que además heredan deudas millonarias, que se siguen acumulando de otras administraciones. Este saqueo voraz es el fiel retrato de la inmundicia de los ediles municipales, que se han transformado en personajes rapaces que no tienen llenadera. Su felonía contra el pueblo que gobernaron fue con desmesura, desvergüenza y deshonestidad. Lo inaudito de estas acciones delincuenciales es que quedan cubiertas por el manto de la impunidad. No hay consecuencias legales, mucho menos penales y más bien prevalece la complicidad y la complacencia de las elites políticas acostumbradas a deberse favores.
Los gobiernos municipales son los que establecen una relación directa con la población, son las instancias que los ciudadanos y ciudadanas acuden cotidianamente para demandar servicios públicos como agua, alumbrado, pavimentación de calles, construcción de comisarias, de aulas, mercados entre otros. Lo contrastante es que la autoridad municipal no solo ignora las demandas de la población, sino lo que es peor, se niega a proporcionar información sobre el presupuesto federal que se le asigna para los diferentes programas que manejan. Es el presidente municipal quien monopoliza la información y los recursos. Su poder se robustece con el control total de las finanzas públicas, lo más grave es que tanto los síndicos como regidores asumen un papel secundario, como si se tratara de empleados del presidente. Son muy contados los municipios donde hay un equilibrio en el ejercicio del poder, donde se respeten las funciones de cada autoridad. Las reuniones de cabildo son de mero trámite y no se abordan temas de fondo que trastocan la vida pública. Hay una reticencia para realizar reuniones de cabildo abierto, para transparentar el manejo de las finanzas públicas e informar a la ciudadanía sobre los programas que están diseñados para promover el desarrollo comunitario y fortalecer las capacidades organizativas de los pueblos y colonias.
Podemos afirmar que son los gobiernos municipales los que regularmente trasgreden la ley, porque no cumplen con la ley general de contabilidad gubernamental, que implica elaborar un presupuesto tomando en cuenta el sentir de los ciudadanos y ciudadanas, mucho menos informan de cómo manejaran los recursos y dónde aplicaran las inversiones. Tampoco cumplen con las leyes de transparencia porque casi la totalidad de municipios no ponen a disposición de la población los ingresos que reciben y el ejercicio de los recursos que egresan, en sus portales de internet. No generan información que den cuenta del estado que guarda la administración municipal.
El manejo discrecional de los recursos públicos es lo que prevalece entre los ediles municipales, se ha dado un aumento exorbitante en el pago de sueldos y salarios en detrimento de la inversión pública. El dinero federal que llega a los ayuntamientos se destina fundamentalmente para aumentar la burocracia e incrementar el concepto de servicios personales. Se sirven con la cuchara grande, pasando por encima cualquier norma, pero sobre todo ignorando el sentir de la ciudadanía. El servicio publico se ha transformado en un negocio privado y, por lo mismo, los recursos públicos están siendo utilizados por los presidentes municipales como parte de su patrimonio para engrosar su chequera y convertirse en nuevos empresarios de la construcción.
La crisis económica en que se encuentran sumidos la mayoría de los ayuntamientos se debe a un sistema político que ha institucionalizado la corrupción. Desde las esferas más altas del poder federal, hasta el municipio más pobre del país se reproducen practicas nefastas orientadas a saquear las arcas públicas. No hay forma de llamar a cuentas a las autoridades porque todas forman parte de esta espiral de la corrupción. Más bien las autoridades municipales aprenden a robar de las autoridades estatales y de igual manera, hacen lo mismo en el ámbito federal. Esta escalera nos indica que entre más alto es el funcionario, el volumen de dinero es mayor. Es la ley del pez gordo, que como piraña arrasa con lo que esta a su alcance. Es la danza de los millones donde los ciudadanos y ciudadanas aparecen como simples espectadores de la pantomima protagonizada por los políticos, que en inserciones pagadas en los medios de comunicación, aparecen como los grandes benefactores del pueblo.
Los saldos rojos no solo son por las deudas millonarias que dejan las autoridades municipales salientes, son también expresión de la inseguridad y violencia que impera en la mayoría de los municipios. Los presidentes municipales, además de su avaricia, también sin rubor alguno han establecido alianzas con grupos de la delincuencia organizada para hacer más productivo el negocio de la política. Ante la opacidad con la que se manejan y el nulo control que existe al interior de las diferentes instancias del gobierno municipal, las autoridades se han desentendido de sus responsabilidades públicas y más bien, le han dado la espalda a las grandes desmandas de la población. No hay perfiles profesionales que garanticen un servicio de calidad, mucho menos ética profesional en los servidores públicos. Se rigen por normas no escritas y la simulación y la apariencia son las mejores prendas de los gobernantes para aparecer como seres inmaculados ante la opinión pública. Sus discursos vacuos y sus poses de superstar los lleva a perder el sentido de la realidad, a sentirse superiores y, por lo mismo, ha ejercer su poder por encima de la ley. Su atolondramiento difícilmente los lleva a actuar con sencillez y sensibilidad, más bien son presos de la arrogancia y el autoritarismo. No están dispuestos a tolerar cuestionamientos o criticas de su mismo equipo mucho menos de la ciudadanía. Optan por mantenerse dentro de su burbuja y la cerrazón política. Ignoran el clamor de la gente y criminalizan el derecho de la población a defender sus derechos y a protestar.
Hemos caído en la venalidad de los políticos, se venden al mejor postor y en lugar de hacer valer el estado de derecho, se coluden con quienes realizan acciones ilegales que atentan contra la seguridad y el bienestar de la sociedad. No solo se muestran débiles ante los negocios sino que también se doblegan ante los poderes facticos para mantener intacto el pacto de impunidad con quienes trasgreden la ley. Los gobiernos municipales cuentan con estructuras sumamente débiles y porosas, donde los grupos delincuenciales se han infiltrado al grado que varios de sus miembros forman parte de la estructura gubernamental.
En este trienio que concluye constatamos cómo varios ayuntamientos sucumbieron ante la ola delictiva. Los casos emblemáticos de Chilpancingo y Acapulco son una muestra clara de este flagelo que puso en jaque a los gobiernos municipales que navegaron en la ingobernabilidad. Hasta que se tocó fondo, las autoridades federales se han visto obligadas a intervenir para poner orden en las mismas corporaciones policiales. Se ha hecho evidente que varios elementos policiales utilizan su cargo para ponerlo al servicio de la delincuencia. No es gratuito que la población tenga una gran desconfianza en el actuar de los grupos de la policía municipal y en sus mismos directivos, porque han identificado sus alianzas y su modus operandi en favor del crimen. No solo hay un cuestionamiento al actuar de la policía sino a las mismas autoridades municipales que no han querido arrancar de raíz este mal endémico de la corrupción y de la colusión con las redes delincuenciales.
En varios casos se nota que no hay interés por depurar estas corporaciones y en otros más se tienen la sensación de que las autoridades se encuentran atadas o supeditas a las fuerzas que se han empoderado en las regiones y que han logrado imponer su ley y controlar determinados territorios. La misma desarticulación que existe entre los tres niveles de gobierno y la descoordinación de las diferentes dependencias facilita que los intereses privados se enquisten dentro del ámbito público y que logren imponerse bajo la presión de intereses facciosos de los mismos grupos políticos. La ambición de poder de los jefes de estas tribus los ha llevado a establecer alianzas con organizaciones delincuenciales que impulsan candidaturas a cambio de cuotas de poder.
Lo que hoy testificamos en este cambio de los gobiernos municipales es una crisis que nos ha colocado en el umbral de la ingobernabilidad debido a la acción irresponsable de las autoridades municipales que desatendieron a la población, se embelecieron con el poder y se envilecieron con sus alianzas diabólicas que pactaron con grupos de la delincuencia organizada. El gran desafío de las nuevas autoridades es remontar esta crisis de inseguridad y desmontar las estructuras que corroen la vida pública y que socavan el estado de derecho. Se tiene que apostar a un trabajo cercano y comprometido con la población. Sensible y solidario, y demostrar que las nuevas autoridades municipales velarán por la seguridad, la transparencia y el respeto de los derechos humanos de la población más indefensa.