El inicio formal de las campañas electorales que comenzarán el próximo 30 de marzo para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, congresos locales y Ayuntamientos se da en un ambiente de inseguridad en varias partes del territorio nacional, lo cual es muy grave en nuestra incipiente e incierta democracia.
1.- Una de las características esenciales de la democracia es que el voto sea plenamente libre, que no haya ningún elemento que lo perturbe, que lo distorsione, que lo condicione; sin embargo, cuando en el contexto de una elección se suscitan hechos de violencia cotidiana en general y en particular crímenes en contra de aspirantes a cargos de elección popular como ha estado ocurriendo en entidades como Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, se presenta un problema muy complejo para el ejercicio del derecho político de los ciudadanos de elegir a los representantes populares y respecto de la legitimidad de éstos y de la vigencia del régimen representativo democrático y popular como principios constitucionales.
2.- La contienda por el poder político en sistemas pluralistas normalmente genera tensiones sociales, toda vez que los partidos y candidatos utilizan todas las estrategias y medios a su alcance para conquistarlo, intervienen todos los grupos de poder fáctico –empresarios nacionales y del extranjero, medios, grupos de presión- y los ciudadanos toman partido en diferentes dimensiones, unos más apasionados que otros, pero el problema se presenta cuando se promueven discursos, acciones, actitudes que pueden propiciar violencia como es el caso de quienes no admiten que el poder lo deciden los electores y se aferran a mantenerse en el a toda costa, lo cual resulta muy peligroso en razón de que se pierde la noción y los valores de la política democrática en donde el poder se debe conquistar por medios pacíficos y es ahí cuando se generan condiciones de violencia.
3.- Los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular son señales muy negativas para el desarrollo normal de un proceso electoral cívico-pacífico-democrático, porque cancela el ejercicio de los derechos políticos de las víctimas, inhibe notablemente el ambiente de normalidad que deben tener los electores quienes al percibir la violencia e inseguridad restringen su natural vocación política de participación electoral, lo cual incide en forma determinante en una contienda democrática. Es ahí donde una competencia electoral se distorsiona toda vez que no se lleva a cabo con las condiciones indispensables para la deliberación pública, para la confrontación de ideas y proyectos, sino en torno de un contexto de tensiones nocivas que perturban la democracia.
4.- Hay quienes pueden decir que estamos en México, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en un contexto de pobreza, de frecuentes tensiones sociales, violencia e inseguridad, pero ello no es razón para resignarnos a que así deban desarrollarse nuestros procesos electorales. Lo cierto es que tenemos instituciones públicas en cada nivel de gobierno federal, estatal y municipal responsables de dar seguridad a la población, de salvaguardarles el derecho a vivir en paz, como de manera especial a los electores de que ejerzan a plenitud sus derechos políticos, a los partidos y candidatos a realizar sus actividades de proselitismo y las instituciones electorales a garantizar que haya elecciones libres y autenticas, de tal manera que esta contienda sirva para avanzar y consolidar un verdadero régimen democrático en México.

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