EL-SUR

Martes 23 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

Instaurar el Estado de derecho

Arturo Martínez Núñez

Julio 24, 2018

Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte en retiro y primera notaria del país, elegida por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Gobernación, tiene el enorme reto de instaurar el Estado de derecho en una República que jamás lo ha tenido en los hechos aunque sí en la letra.
Olga Sánchez tiene la encomienda de instaurar la legalidad al mismo tiempo que se consigue la pacificación del país. A partir de una interpretación dolosa de los dichos de Andrés Manuel López Obrador, cuando en un arranque de impotencia mandara al diablo a SUS instituciones que no a LAS instituciones, se intentó construir la percepción de que no respetaba a la institucionalidad cuando la evidencia histórica nos señala exactamente lo contrario: a lo largo de su vida pública ha sido un político respetuoso de la normatividad y de la legalidad incluso en casos cuando la ley ha sido torcida y la implementación de la justicia ha sido negada.
Hoy se busca que el gobierno sea el principal valedor de la ley, no su principal violador. Que la justicia sea accesible para todos los ciudadanos sin importar su nivel de ingreso. Que los poderes judiciales de las entidades federativas gocen de la independencia y autonomía que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no tengan que ser rehenes de los presupuestos asignados por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para la pacificación del país es necesario hacer justicia en los casos de homicidios, de desapariciones forzosas, de secuestros y de otros crímenes.
Olga Sánchez Cordero maneja el concepto de justicia transicional como se ha utilizado en países que han sufrido crímenes de lesa humanidad o de conflagraciones sangrientas.
Construir el Estado de derecho es la única vía sostenible para que exista inversión productiva que genere empleos y que permita ir detonando el desarrollo con justicia social en México.
La legalización del cultivo de amapola para fines medicinales es un tema que los guerrerenses no podemos aplazar más. Durante la actual legislatura el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que no avanzó y que sería importante retomar e impulsar nuevamente.
Es una paradoja que por un lado suframos de escasez y carestía de productos derivados de la amapola y por el otro tengamos miles de campesinos criminalizados y perseguidos por producir el único producto con el que pueden obtener recursos para mantener a sus familias.
La instauración del Estado de derecho requerirá del concurso de todos los sectores de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno. Apostar al acuerdo y a la concertación debe de ser el único camino aceptable en estos tiempos de cambio para el pueblo de México.
No podemos apelar a fórmulas antiguas para resolver problemas nuevos. Con decisión, con trabajo, con creatividad y buscando los consensos Olga Sánchez habrá de intentar resolver el problema por antonomasia de la joven democracia mexicana.
Que así sea.