El video difundido en los noticieros de Televisa, en el que se descubren actos de corrupción de autoridades electorales de Guerrero, colocará el tema de la deshonestidad de los funcionarios públicos en el centro de la atención ciudadana.

En primer lugar, porque los miles de guerrerenses que seguramente vieron las imágenes concluirán que no se trata de un hecho aislado, sino una relación cotidiana en la que debe destacarse asimismo que también participan, e igualmente sin ningún escrúpulo, los representantes de empresas que buscan algún contrato oficial y que aceptan, cuando no promueven, estas prácticas de soborno y cohecho.

Claro que no es lo mismo saberlo que demostrarlo, y la fuerza de las imágenes es tal que de súbito sienta a los protagonistas en el banquillo de los acusados y pone a las autoridades ministeriales en un lugar en el que no pueden hacerse de la vista gorda.

Datos de la Segunda Encuesta Sobre Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005, ordenada a Berumen y Asociados por la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, ubican a Guerrero en el deshonroso primer lugar en corrupción de servidores públicos, muy arriba de la media nacional, que ya es mucho decir en un país en el que ese fenómeno se considera como muy extendido en la relación entre gobernantes y sociedad según los estándares internacionales.

La revelación tendrá todavía mayores repercusiones porque ocurre en un organismo que cumple la delicada función de organizar las elecciones de gobernantes y legisladores, que implica convocar a la participación ciudadana en un asunto central de la vida pública; y porque, según la Constitución y la ley, debe estar integrado por ciudadanos honorables.

No parece ser el caso al menos del ex consejero electoral Alejandro Ortiz, quien se muestra en el video con un comportamiento y un lenguaje impropios de un ciudadano con los atributos requeridos, lo cual habla no sólo mal de él sino también de quienes lo propusieron para encargarse de tan elevada responsabilidad, que seguramente lo conocían.

Pero, se dirá, se trata de un video que puede ser trucado, que pudo tomarse con el objetivo de causar daño a personas e instituciones, más que con el fin de combatir la corrupción, y que no puede ser tomado como prueba legal.

Entonces, que se defiendan los consejeros anteriores y los actuales. Que hagan las aclaraciones pertinentes. Y que asimismo actúe la autoridad ministerial.

Por lo pronto, queda claro que se requieren transformaciones de fondo en la ley electoral del estado que vayan más allá de solamente quitar a los partidos el monopolio del nombramiento de los consejeros electorales. Una auténtica ciudanización pasa sobre todo por abrir a la sociedad las candidaturas, los currículums, las trayectorias. Que ocupar cargos como el de consejero electoral signifique poner en juego un prestigio social bien ganado, y que no sea visto como un cargo burocrático al que se llega porque se tienen buenas relaciones con quienes toman las decisiones.

Comienza apenas una nueva Legislatura que se estrenó invocando conceptos que apuntan a una modernización de la política en el estado. Que los mismos diputados entrantes pongan el ejemplo erradicando prácticas que pusieron a sus antecesores bajo sospecha; que cumplan con su función de vigilancia del buen uso de los recursos públicos y que legislen para acotar a los corruptos que ven al erario como un botín, lejos de una mínima actitud de servicio público.