EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

Integración comercial o desarrollo integral

Jesús Mendoza Zaragoza

Noviembre 07, 2005

Los disturbios en Mar del Plata y Buenos Aires, la realización de la paralela Cumbre de los Pueblos y la oposición de cinco países (Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay) conformaron en días pasados un momento crítico para el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lanzado por Estados Unidos para toda la región, en la I Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994 en Miami. Esta IV Cumbre en Mar del Plata representó un revés para este gran proyecto que pretende integrar, en términos comerciales, al continente americano.

Ya era tiempo de que se diera una crisis de este tipo ante el avasallador empeño de Estados Unidos que sigue mirando a América Latina como una región subordinada a sus intereses económicos y comerciales. Los devotos del neoliberalismo como modelo de desarrollo le han apostado a una integración asimétrica, es decir, desigual y excluyente. Los beneficios de los Tratados de Libre Comercio que se han ido construyendo, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), no pueden ser para todos, no han sido pensados para todos, pues por sistema quedan excluidos los pobres. Así es el neoliberalismo: busca hacer crecer la producción y el mercado, pero no pone atención a la distribución de las riquezas.

Lo que nos deja desconcertados es la terquedad de las elites dirigentes de nuestros países, comenzando con el gobierno mexicano, que siguen empecinados en un modelo económico que no puede dar respuestas justas a los graves problemas de pobreza y de exclusión social. Siguen esperanzados a las bondades del libre mercado como si éste por sí mismo tuviera la virtud de mejorar las condiciones económicas de nuestros pueblos, cuando ha quedado en evidencia que es, precisamente, este modelo económico el que margina y excluye a muchos de los beneficios del desarrollo.

En septiembre pasado se realizó la “Reunión Ecuménica sobre Integración de las Américas: Comercio, crecimiento y reducción de la pobreza; política pública, aspectos morales y justicia social”, convocada conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), con participación de pastores de diferentes confesiones, de obispos, laicos y sacerdotes comprometidos en la Pastoral Social y Cáritas de la mayoría de los países de la región. La atención de esta reunión se centró en los efectos de los Tratados de Libre Comercio vigentes, analizando con seriedad, rigor técnico y preocupación ética el proyecto de integración comercial que se propone para toda la región a través del ALCA.

Uno de los resultados de dicha reunión fue la “Declaración de los Obispos de América Latina y el Caribe sobre los Tratados de Libre Comercio”, que contiene una serie de consideraciones generales y otras específicas. Se hace un planteamiento del concepto de integración en el que el aspecto comercial es sólo un aspecto del desarrollo integral como alternativa para combatir la pobreza, la exclusión y el hambre. Este desarrollo integral considera el aspecto educativo, el social, el político, el ambiental y el cultural. Además, el desarrollo integral implica relaciones de equidad muy distantes del modelo neoliberal que nos asignan nuestros gobernantes. En estos términos, una integración económica regional tiene que ir acompañada de una agenda integral que oriente los tratados comerciales hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos.

Las consideraciones específicas que hacen los obispos en su declaración se refieren a la educación, al agro, al medio ambiente, a la cuestión laboral y a la participación ciudadana, entre otros aspectos. Empezando por la educación, manifiestan su preocupación por el hecho de que “en los TLC la educación superior esté siendo manejada en gran parte como una mercancía”. La educación, en este contexto, ya no es vista como un “bien público” y un “derecho humano fundamental”. Aquí está uno de los grandes escollos de los TLC para el desarrollo integral, puesto que la mercantilización de la educación desactiva uno de los principales detonantes del desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos al utilizarse como un mero factor del mercado.

Con respecto al agro, señalan que “los TLC podrían dejar más vulnerables a los pequeños productores de nuestros países. Dada la enorme asimetría entre la economía del agro de Estados Unidos y la de los pequeños agricultores de nuestros países, agravada por los enormes subsidios recibidos por los agro-negocios en Estados Unidos, los plazos de desgravación y otras medidas propuestas para reemplazar el sistema actual de bandas de precios, dichos tratados pueden resultar insuficientes. Se requiere, por tanto, de una voluminosa agenda de cooperación orientada al desarrollo rural que permita a los productores locales competir en condiciones favorables en plazos proporcionales a las transformaciones que se logren”. En estos términos, ¿cómo puede competir el tan abandonado campo mexicano con la agro-industria subsidiada de Estados Unidos? Tienen que hacerse ajustes sustanciales que orienten hacia una competencia justa.

Por otra parte, el aspecto laboral no es menos preocupante, puesto que “los TLC deberían ofrecer una oportunidad para fortalecer la protección de los trabajadores y trabajadoras. Pero en ausencia de compromisos vinculantes para respetar sus derechos, la mayoría de los (las) trabajadores (as) pobres o sin organizaciones que les defiendan, no podrían gozar de los beneficios potenciales de un aumento en el comercio”. Los derechos de los trabajadores no están suficientemente garantizados, lo que se manifiesta, de manera muy clara, en el caso de los migrantes.

El medio ambiente es una cuestión determinante, ya que “un aumento en el intercambio comercial podría significar un mayor consumo irresponsable de productos nocivos a la salud, inútiles para la vida, depredadores del medio ambiente y generadores de desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas vinculantes para el medio ambiente, los TLC no van a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los bosques, especialmente por la importancia que los ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de nuestros países”. El tema del medio ambiente es cada vez más conflictivo y determinante, tanto que al interior de las naciones y, en el caso de México, no tiene un cuidado elemental que asegure el desarrollo humano y social. Se prevé que los tratados comerciales internacionales tendrían una tendencia de depredación del medio ambiente de los más débiles.

Una preocupación no menor se relaciona con las comunidades indígenas, amenazadas de extinción. “Nos preocupa de manera particular la vida de las personas y grupos humanos más vulnerables, como son las comunidades indígenas; en este caso, es necesario defender sus derechos fundamentales, como el derecho a su identidad cultural, tan fuertemente marcada por los valores espirituales como el respeto a la vida en todas sus formas”. Esos pueblos tienen que ser protegidos de una manera firme y decidida ante los efectos de las aperturas comerciales que pueden avasallar sus identidades, tan frágiles ya en los contextos nacionales.

Un aspecto de gran interés en esta propuesta episcopal para el desarrollo integral y la integración económica en las Américas es la participación ciudadana. Al respecto señalan que “los Tratados de Libre Comercio que están en proceso de negociación ofrecen una oportunidad única a los pueblos de la región para expresar y fortalecer una efectiva participación ciudadana que podría garantizar una mayor seguridad para todos. Pedimos que no se firme un TLC mientras no se llegue a un acuerdo satisfactorio y equitativo entre las partes que sea compatible con la vigencia plena de los derechos humanos. Las negociaciones sobre el TLC deben permitir un proceso participativo e inclusivo de diálogo regional y en cada país, de acuerdo con su propia realidad. Sugerimos que en los países donde tales acuerdos ya fueron ratificados, se abra paso a una auténtica vigilancia ciudadana a fin de controlar su implementación, denunciar los efectos negativos y proponer medidas en favor de las mayorías. De esta manera los sectores potencialmente afectados podrían presentar sus propuestas y que éstas se tengan en cuenta. En este proceso es necesario hablar con la verdad: ‘conocerán la verdad y la verdad les hará libres’ (Jn, 8,32)”.

Aquí está uno de los mayores desafíos para un TLC democrático, no decidido por las cúpulas y las elites sino asumido participativamente, mediante procesos participativos en los que los ciudadanos sean tomados en cuenta. Este es, quizá, una de las mayores debilidades de las políticas públicas en América Latina: los ciudadanos no participamos en su determinación ni en su vigilancia.

Con estas consideraciones, podemos entrever algunas de las implicaciones del ALCA tan soñado por las elites de nuestra región y tan impugnado por enormes sectores sociales y políticos que miden los graves riesgos que vienen con un modelo de desarrollo tan estrecho y tan excluyente. Si la integración económica es un bien que tiene que buscarse y alcanzarse, no ha de ser en términos de injusticia y de inequidad, ni menos de exclusión, sino en términos de un desarrollo integral para todos, de manera que asegure la vida y la dignidad de las familias y de los trabajadores, de los más pobres y vulnerables. Podemos, también, entender el rechazo y, hasta el enojo, que produce la presencia norteamericana en un foro como el de la IV Cumbre de las Américas, y los reclamos tan atinados del presidente argentino a su colega estadunidense. El sentir es que no es aceptable la imposición de un tratado comercial en condiciones de inequidad y de exclusión, que no aseguran un mejor futuro a los pueblos latinoamericanos.