David Colmenares Páramo
Enero 14, 2022
Una política de integridad en las instituciones públicas depende de que cada uno de los integrantes de la organización, ya sea pública, privada o social, conozcan y comprendan los valores y principios de su Código de Ética o Conducta y que sean capaces de aplicarlos en su labores cotidianas, los asuman como un principio fundamental de su conducta y puedan responder correctamente al desafío ético que seguramente enfrentarán en el desarrollo de sus funciones. No es algo mecánico sino una conducta social que todo ciudadano debe asumir como propia.
Por supuesto que los ciudadanos exigen un mayor apego a las normas de integridad por parte de los servidores públicos, ya que esperan que su actuación y conducta sea congruente con los principios y valores del servicio público que establece la Constitución, atiendan el interés general y no respondan a intereses particulares. Sin embargo el ciudadano también debe apelar a una condicta ética. Al respecto, el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alienta a los estados a promover programas de educación y capacitación para que los funcionarios públicos puedan desempeñar sus labores de una forma correcta, adecuada y honorable. Todo ello contribuye a fortalecer un mejor manejo de las dependencias públicas, mejorar la gestión en su conjunto y alcanzar la confianza de la gente, así como apelar a la participación ciudadana.
Así, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), como instituciones que velan por el buen uso de los recursos públicos, están llamadas a asumir una posición de liderazgo en materia de ética e integridad, en congruencia con los principios de la fiscalización superior, la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, como lo señala la “ISSAI 130, Código de Ética” de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Para cumplir esa encomienda son indispensables las acciones de formación en materia de integridad. La comunicación y la formación son los vehículos que permiten que quienes trabajan en una EFS conozcan e interioricen los valores, principios y reglas tanto del Código de Ética como de otras directrices en materia de integridad. Esta formación no debe acompañarse por actividades de capacitación y sensibilización que permitan a las servidores públicas, profundizar sus conocimientos y discutir sobre cuestiones éticas y adoptar la mejor decisión ante un dilema de esta natraleza.
La formación ética es indispensable porque resulta imposible que un Código de Ética o un Código de Conducta contemplen todas las circunstancias y dilemas éticos que pueden surgir en el desarrollo de una auditoría o en el funcionamiento de una EFS, considerando la constante evolución y creciente complejidad de la gestión pública y la fiscalización superior. Por ello, existe un intercambio de buenas prácticas en materia de integridad.
Por su parte la Auditoría Superior de la Federación brinda formación a su personal en materia de integridad por medio, primero, del curso y comparte con la capacitación institucional estas buenas prácticascon los entes auditados o auditables, a través de las distintas actividades desarrolladas por su Secretaría Técnica a través del Comité de Integridad y el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, esto es el ICADEFIS.
La integridad institucional requiere un compromiso sólido por parte de su personal, que debe colaborar de manera conjunta con la institución para lograr que los valores y principios éticos formen parte de la práctica diaria y contribuyan a establecer una cultura de integridad que permita preservar la confianza ciudadana, así como la credibilidad y reputación de la institución.
Claro, mas importante, alcanzar y mantener la confianza ciudadana.