Los grupos armados ilegales que proliferan por toda la geografía guerrerense son un grave desafío para todos: para el Estado, para la sociedad, para los pueblos, para las comunidades rurales y urbanas, y también para las iglesias. Lo es también para la Iglesia católica. Hay una diversidad de grupos armados ilegales que pueden alinearse en dos categorías. Una categoría es la del crimen organizado que incluye los brazos armados de los carteles de las drogas, las bandas que viven de las extorsiones, los secuestros y otras formas de delincuencia organizada. La segunda categoría es la de los más variados grupos de autodefensa, los cuales no tienen sustento legal y operan a su arbitrio.
En este contexto, el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza ha ofrecido sus oficios pastorales para mediar entre grupos armados de la delincuencia organizada y las autoridades, con el fin de reducir las mortíferas manifestaciones de violencia en el estado. Le ha respondido el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame en el sentido de que este tema es exclusivo del Estado, descartando la eventual participación del obispo en este tipo de intervenciones. Por otro lado, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, ha dicho que le toma la palabra al obispo Rangel, ponderando la posible bondad de una intervención eclesiástica para reducir los índices de violencia.
De entrada quiero señalar que las dimensiones de la violencia en Guerrero son tales que requieren la intervención de todos, de las instituciones públicas, de la sociedad civil organizada en la cual se incluyen las iglesias, de los pueblos y de las comunidades. Tenemos que alinearnos todos en una misma dirección, cumpliendo cada quien sus tareas específicas reguladas por la ley. Nadie debiera quedar fuera de esta participación. Un actor aislado, como francotirador, no tiene eficacia alguna. En este sentido se requieren iniciativas gubernamentales que resuelvan los problemas que generan los diversos grupos armados ilegales, pero no las vemos. Y se requiere que desde la sociedad civil haya también iniciativas viables. Se requiere un clima de diálogo en el que todos aprendamos de todos y en el que nos demos la oportunidad de colaborar para el bien común. Tantas armas ilegales en las calles y en los caminos siguen haciendo estragos y es necesario poner el remedio necesario para su debido control.
La experiencia colombiana podría servirnos para hacer algunos aprendizajes, con las debidas adecuaciones. Quiero enfocarme a la experiencia de intervención de la Iglesia católica en contextos de grupos armados. Colombia no es México, es muy cierto, pero de ella podemos aprender. En el caso colombiano la situación era mucho más compleja que la nuestra. Se trata de una guerra que lleva ya varias décadas, con grupos armados muy diferentes. Están los grupos de la guerrilla, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con un origen reivindicador y un componente ideológico sólido, que con el tiempo se fueron involucrando en el narcotráfico. Por otra parte, están las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), paramilitares vinculados a los intereses económicos de terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y empresarios. Esta organización de paramilitares ha sido la más letal de todas y se financiaba del narcotráfico, los secuestros y las extorsiones, entre otras formas. Y un tercer segmento de grupos armados se conforma prácticamente por los grandes carteles de la droga ya muy conocidos. Como podemos notar, se trata de actores armados muy diversos, con identidades, intereses, alianzas y estratagias diferentes, pero todos cargados de una dinámica destructiva y letal.
Hay un texto de John Paul Lederach, un reconocido estudioso de temas de violencia y de construcción de paz e investigador de la Universidad de Notre Dame (Indiana), titulado Estudio sobre las experiencias de la Iglesia católica en Colombia, Uganda y Filipinas de construcción de paz con actores armados, en el que pondera la contribución específica de actores eclesiales en este tipo de contextos. Entrevistando a agentes de pastoral y a comunidades eclesiales, Lederach hace una descripción de esta intervención en contextos de grupos armados y saca algunas conclusiones.
Recoge, por ejemplo el testimonio del sacerdote Darío Echeverri, quien asegura que “anunciar el Evangelio es el carisma de mi vocación como sacerdote. Yo soy un hombre de iglesia y estamos tratando de construir Colombia como un país en paz. Para vivir mi sacerdocio, tengo que responder a las necesidades urgentes de este país y la más urgente es este conflicto armado que tanto ha durado. ¿Cómo salir de este conflicto armado?, es sobre lo que tengo que actuar como sacerdote”. Y prosigue: “La búsqueda de la paz es un imperativo en Colombia. Tenemos que hacerlo, los clérigos, los laicos y los ciudadanos por igual. Podemos llegar a ella desde diferentes lados del río, pero  desde  nuestro lado, el lado de la iglesia, tenemos que tomar esto como un ministerio de la iglesia”. Echeverri, como secretario general de la Comisión Nacional de Conciliación conformada por un grupo de expertos de diferentes sectores de la sociedad colombiana, comprometidos con la búsqueda de la reconciliación y la paz en el país, ha tenido y tiene que relacionarse con todos los grupos armados implicados en el conflicto colombiano, coordinando los esfuerzos de la sociedad civil para incidir en el proceso de pacificación que actualmente se desarrolla.
Otro caso que describe Lederach es el del obispo de la diócesis de Mangangué, Jorge Armando Gomez Serna. Relata Lederach que “en 1987, cuando el obispo Gómez Serna y su equipo, al experimentar niveles altísimos de violencia a lo largo de los años 1980, comenzaron a buscar el contacto directo con los grupos armados-militares, paramilitares y la guerrilla en las distintas diócesis donde sirvió, con el propósito de tratar de reducir el nivel de asesinatos y la deshumanización que los acompañaban. En 1992, el entonces presidente César Gaviria Trujillo declaró una política de guerra total contra la guerrilla y, a través de un decreto presidencial, proclamó que a los ciudadanos no les estaba permitido el diálogo directo con los grupos armados. Este fue un serio desafío para aquellos que se dedicaban a nivel local y que realizaban todo lo que implicaba, desde el rescate de los secuestrados a la incidencia destinada a reducir el nivel de violencia contra los campesinos y los pobladores locales”.
Prosigue Lederach, “el trabajo del obispo Gómez Serna se fue conociendo, sobre todo en la provincia de Vélez, donde los encuentros con el M-19, las FARC y los paramilitares estaban ocurriendo, esto hizo que fuera acusado por el gobierno nacional de proveer una cubierta para la guerrilla y desafiar el decreto presidencial. En una respuesta pública por escrito (el obispo) afirmaba: ‘El gobierno puede prohibir todos los diálogos que quiera, pero no los que me comprometo como pastor de la iglesia’. A partir de este momento y en adelante, a nivel local, o diocesano, iniciativas desde la base, con los grupos armados, se empezaron a conocer como ‘diálogos pastorales’. En una fecha posterior la Corte Constitucional revisó la situación y publicó un decreto señalando que los diálogos pastorales no podían ser prohibidos por el gobierno y que no deberían ser confundidos con otras negociaciones que suceden en el país”.
De su estudio, Lederach saca algunas conclusiones que precisan la contribución que líderes y comunidades de la Iglesia católica colombiana dan a los procesos de paz en contextos de grupos civiles armados. Él entiende que la ubicuidad de la Iglesia y de la religiosidad católica que transmite, presente geográficamente en todas partes y socialmente en todos los estamentos e, incluso, en los integrantes de los diversos grupos armados, le da posibilidades que ninguna otra institución tiene. Esa es la razón que puede ayudar a generar diálogos para lograr acercamientos y permitir escuchar y hacerse escuchar.
Estos diálogos no son negociaciones en el sentido estricto de la palabra. Tienen fines específicos que hay que precisar y aclarar. Hablando de ellos, señala Lederach la necesidad de “humanizar el conflicto” y de reducir los índices de violencia. Estos espacios de relación con grupos armados pueden conducir a posibles acuerdos humanitarios que disminuyan la intensidad y la degradación de la guerra, incluidos los secuestros, los impuestos, la extorsión, el control exagerado y la seguridad y la contratación.  El arzobispo colombiano Luis Augusto Castro Quiroga habla sobre este diálogo y lo describe como “puente”, “”camino a la verdad”, “camino hacia la justicia”, y “el punto de llegada”. El diálogo es un medio, pero también es el fin. Por su parte, el sacerdote Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas, se refiere al diálogo como la “hoja de ruta ética”.
Estos liderazgos católicos dan un énfasis primario a su papel de “acompañamiento”, de “estar presente en las comunidades”, de “estar con la gente en situaciones de crisis” buscando la restauración de las personas, de las relaciones sociales, de las comunidades y de los propios grupos armados. Hay una profunda necesidad de restaurar a las personas, a las víctimas y también a sus agresores y de restaurar las relaciones entre ellas. Una gran necesidad de superar crisis humanitarias.
De manera creativa y responsable, tenemos que pensar en los desafíos que los grupos civiles armados, que están en la ilegalidad, nos presentan en Guerrero y en sus implicaciones para la construcción de la paz. La justicia transicional ofrece opciones y mecanismos que pueden servir. Pero se requiere también buscar formas de colaboración gubernamental y social para hacerlo. Y ahí es donde puede ubicarse la contribución de la Iglesia católica y de sus liderazgos. Al respecto, quizá no sea tan atinado hablar de mediación, y sea mejor hablar de facilitación de diálogos que ayuden a humanizar los conflictos, a la reducción de la devastadora violencia, a acompañar y a fortalecer a las comunidades que son víctimas de enfrentamientos por el territorio. De este modo, los factores religioso y espiritual, con sus herramientas de intervención, pueden ser de mucha utilidad para poner en marcha procesos de diálogo y de intervención para la paz.
Por ahora, creo que hay que avanzar en la discusión y en el diálogo sobre este tema en Guerrero. Todos tenemos que intervenir, directa o indirectamente, para desactivar la actuación de grupos civiles armados, atendiendo a las causas que les han dado origen y también a sus circunstancias. Esta es una condición necesaria para la paz.