De continuar la intensificación del cambio climático en las próximas décadas, aumentará el estrés por el calor, los fenómenos meteorológicos extremos serán más probables y se tendrán consecuencias negativas más fuertes para la sociedad y los ecosistemas, aumentando el peligro de cambios climáticos bruscos e irreversibles.
Los riesgos para los seres humanos se conforman por el deterioro de los servicios de la naturaleza (por ejemplo, temperaturas extremas, sequías, inundaciones, calentamiento y acidificación del océano, incluyendo la consiguiente pérdida de la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas, y la agricultura), así como daños a la infraestructura y la pérdida de tierras (por ejemplo, por el aumento del nivel del mar). Con el aumento del cambio climático disminuye el crecimiento económico, peligra la seguridad alimentaria, aumenta la desigualdad social, y por lo tanto, se corre el riesgo de conflictos violentos y el aumento de movimientos migratorios.
Esto resulta en que las medidas de adaptación se están integrando cada vez más en los procesos políticos y de gestión de riesgos de los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, en vista del cambio climático previsto son insuficientes las actuales medidas de adaptación, y son todavía insuficientes el conocimiento de sus condiciones de éxito y barreras.
En especial, cuanto más temprano y ambicioso suceda la mitigación y adaptación del cambio climático, más fácil será articular las medidas necesarias. Cuanto más tarde se actúe, las posibilidades de un desarrollo sustentable serán limitadas. Con el fin de lograr un desarrollo sustentable y respetuoso con el clima, serán necesarias transformaciones fundamentales, tanto económicas, sociales, tecnológicas y políticas.
El cambio climático tiene y tendrá enormes impactos en el territorio mexicano. Por ello, es necesario avanzar en la búsqueda de soluciones, no sólo desde el punto de vista de la mitigación, sino también desde el ámbito de la vulnerabilidad y la adaptación a las causas y efectos adversos del cambio climático.
Un ejemplo de los graves impactos adversos de fenómenos naturales relacionados con el cambio climático son los ciclones tropicales, que se transforman en desastres al ser socialmente construidos. Con base en el caso del huracán Manuel revisemos esto: entre el 12 y 20 de septiembre del 2013, México experimentó de manera simultánea el impacto de dos ciclones. Este suceso no ocurría desde el año 1958. Se trató de los ciclones tropicales Manuel, en la costa del Pacífico, e Ingrid en el Golfo de México, los que generaron daños en buena parte del país.
Conforme a la información oficial del gobierno federal, se presentan los siguientes datos por los daños por Manuel en el estado de Guerrero:
Los 81 municipios de la entidad, así como 315 mil personas fueron afectados; 13 mil viviendas dañadas; 161 vialidades primarias averiadas, incluyendo la carretera federal y la autopista México-Acapulco; 40 mil turistas quedaron varados en Acapulco durante la semana del 13 al 20 de septiembre; 9 subestaciones eléctricas dañadas, las que atendían a mil 114 comunidades, así como la central hidroeléctrica La Venta, en el río Papagayo; 371 escuelas resultaron afectadas, 192 planteles inundados y 44 escuelas deben ser reubicadas; 215 mil 378 hectáreas de cultivo fueron afectadas, el 60 por ciento con pérdida total. En su primera evaluación, los daños se estimaron en más de 22 mil millones de pesos.
Conforme a información del Cenapred, el estado de Guerrero registró 106 decesos a causa de Ingrid y Manuel. La mayor tragedia de estos decesos fue el fallecimiento de 71 personas sepultadas por un alud de tierra y agua en la comunidad de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez.
Uno de los casos en Guerrero, más difundido, controversial y polémico, fue sin duda alguno el de las inundaciones causadas por Manuel en la zona turística Diamante, en el municipio de Acapulco.
Zona Diamante es la tercera zona de desarrollo turístico de Acapulco, después de los denominados Acapulco Tradicional y Acapulco Dorado. Por ello, se planteó estimular su crecimiento ordenado, asegurando la disponibilidad de tierra de vocación turística. Sin embargo, su concepto original se distorsionó y se permitió la construcción de desarrollos de viviendas de interés social de alta densidad ocupacional. La oferta fue construir grandes desarrollos de interés social, que no son habitados de manera permanente y sólo son visitados durante los fines de semana o en temporada vacacional.
Aunque en años anteriores en distintos momentos se habían presentado inundaciones en la zona Diamante –en 2007 con la tormenta Henriette–, sería en los días del 14 al 16 de septiembre de 2013 con la tormenta Manuel, cuando el desastre urbanístico se evidenció de manera contundente. El río La Sabana buscó desalojar las aguas extraordinarias aportadas por Manuel, sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar salida a dichas aguas, se provocó la inundación de miles de viviendas de desarrollos de interés social y medio como Campestre La Laguna, Costa Dorada, colonia Frente Nacional, Diamantes Lake, Joyas Diamante, Joyas del Marqués, La Ceiba, La Marquesa, La Palma Residencial, Las Garzas, Las Gaviotas, Luis Donaldo Colosio, Miramar I y II, Misión de Mar, Real del Palmar, Rinconada del Mar, Tulipanes, Vicente Guerrero 200, Villas Tulipanes, entre otras. Miles de personas fueron rescatadas de los desarrollos inundados y llevadas a refugios improvisados. Muchos de ellos fueron turistas, que debían su estancia al fin de semana largo debido a las fiestas de la Independencia de México. La evacuación de los turistas inundados en zona Diamante fue agravada, debido a que Manuel aisló al puerto de Acapulco vía terrestre. Por ello, en los días posteriores se generó un puente aéreo para trasladar a este nuevo tipo de damnificados por inundaciones entre la ciudad de Acapulco y la Ciudad de México. Un hecho inédito en la historia de los desastres en el país.
Ante la magnitud del desastre, que dejó inhabitables a miles de viviendas, y múltiples señalamientos de corrupción para autorizar los asentamientos humanos en la zona Diamante, los gobiernos federal y estatal de Guerrero asumieron el compromiso de elaborar un informe sobre los orígenes del desorden urbano en las zonas afectadas por Manuel en Acapulco a través de una revisión documental. Para ello, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), obtuvo la responsabilidad de coordinar los trabajos para revisar licencias de construcción, manifestaciones del impacto ambiental, modificaciones de obras, permisos para descargas y uso en áreas federales. Su objetivo fue el investigar las autorizaciones de construcción de más de 36 mil viviendas entre 1986 y 2010, y más de 100 manifestaciones de impacto ambiental. Se trabajaría “en la revisión de 17 ejidos de Acapulco que se convirtieron en lotes expropiados por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y en 29 conjuntos habitacionales desarrollados con financiamiento federal (Infonavit y Fovisste)”. Asimismo, la “Comisión Nacional del Agua revisaría las necesidades de rediseño de esa zona para el retorno a sus condiciones originales a fin de mitigar los riesgos en el marco de la seguridad hídrica”. Sin embargo, los resultados y recomendaciones de dicha investigación no se han hecho públicos hasta la fecha.
A más de 4 años de Manuel, se sigue esperando la presentación de esta investigación por parte del gobierno federal, en una idea no meramente punitiva, sino de que esto no vuelva a suceder en Guerrero y Acapulco, ante la evidente intensificación de los efectos adversos del cambio climático.