Doña Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello vive en el corazón de las luchas de un pueblo que resiste las embestidas de un gobierno que ha legalizado el despojo y se ha coludido con la delincuencia organizada. A pesar de la enfermedad que diezmó su fuerza, en sus labios siempre nombró a Everardo, su hijo amado por quien dio la vida buscando a los 43.

Los delitos de alto impacto que se han consumado en las últimas semanas en Guerrero han evidenciado una práctica sistemática del fiscal general del estado de salir ante la opinión pública a proporcionar información orientada a estigmatizar a las personas que han sido víctimas de la violencia.
En el caso de los sacerdotes Germaín Muñíz García e Iván Añorve Jaime que fueron asesinados por hombres armados en la madrugada del lunes 5 de febrero en la carretera federal México-Acapulco cerca de la colonia Ruffo Figueroa en la ciudad de Taxco, el fiscal Javier Olea Peláez se precipitó ante los medios de comunicación para dar su versión de que “el sacerdote Germaín Muñíz García fue fotografiado portando un arma larga, y en otra fotografía en compañía de hombres armados pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco el Viejo y parte de Iguala, las fotografías circularon en las redes sociales… relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”. También señaló que los dos sacerdotes y sus acompañantes estaban bailando y tomando bebidas alcohólicas y que ahí se suscitó un conflicto con las personas que acompañaban a los dos presbíteros “de lo que se desprende la existencia de un conflicto previo” al ataque armado.
Esta línea de investigación planteada por el fiscal se centra fundamentalmente en estigmatizar a los sacerdotes al proporcionar información de que uno de ellos tenía vínculos con un grupo de la delincuencia organizada. Dicha estrategia mediática de responsabilizar a las víctimas de su propia tragedia pone en riesgo la misma investigación, porque revela información sensible que debe mantenerse en sigilo para garantizar el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ha privilegiado litigar en los medios centrando sus argumentos en el historial de las víctimas para generar un falso debate que tiene como finalidad desviar la atención y eludir la responsabilidad de realizar una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva.
Con esta práctica recurrente se busca diseccionar los hechos para descontextualizarlos del clima de violencia que se ha ido extendiendo en varias regiones del estado. En esta estrategia le resulta más cómodo al fiscal emitir versiones de los hechos violentos que se circunscriben a rencillas o conflictos que protagonizan los grupos criminales. Con esta narrativa las autoridades se decantan y se muestran ajenas al contexto de violencia que cada día cobra mas víctimas. En esta línea las autoridades cargan la responsabilidad de este caos a las organizaciones criminales endilgándoles la autoría de los hechos de sangre que se multiplican cotidianamente. En tal perspectiva podemos ver al crimen organizado como un poder fáctico todopoderoso, supeditando a las mismas autoridades en sus funciones relacionadas con la gobernanza. Si esto no es así estaríamos hablando de que las autoridades están coludidas con la criminalidad, por su incapacidad de contener esta espiral de violencia y por los nulos resultados de sus investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos.
El actuar de la delincuencia no es en lugares despoblados, se da fundamentalmente en las principales ciudades donde se concentran los cuerpos de seguridad pública y las mismas Fuerzas Armadas. Cuentan con personal y equipamiento suficiente para que pudieran ser una fuerza de contención contra los grupos de la delincuencia. No sólo el uso de la fuerza es ineficiente para estas tareas, también los aparatos de inteligencia que mínimamente cuentan con la infraestructura necesaria para tener una radiografía de la violencia en el estado y una ubicación del modus operandi de las diferentes organizaciones que delinquen.
Esta información no ha sido utilizada para diseñar un plan estratégico orientado a bajar los índices de inseguridad y a proporcionar condiciones mínimas para que la población se sienta más protegida. Lo que hemos corroborado es que la información se utiliza para espiar a determinados actores sociales y políticos que representan un riesgo o peligro para los grupos de poder en el estado. El tema de la seguridad no se centra en los ciudadanos, sino en la protección de los intereses de las cúpulas políticas y económicas, por lo mismo los aparatos de seguridad no están al servicio de la población sino al cuidado de las autoridades y de las instituciones que aseguran un modo autoritario de ejercer el poder.
Esta prioridad del gobierno ha dejado inerme a la población que sobrevive en total indefensión en medio del fuego cruzado con una presencia pasiva de los cuerpos policiales y del Ejército, a la gente se le orilla a callar y ser testigo mudo de la avalancha delincuencial. El miedo se ha apoderado de la vida de las familias y los proyectos de vida de los jóvenes han quedado truncados por la metralla. No hay autoridades que salgan en su defensa, y los funcionarios que tienen la obligación de prevenir e investigar los delitos en lugar de dar con los responsables de estos crímenes hacen escarnio de las personas que han quedado abatidas en los vehículos o en las banquetas por el impacto de las balas.
En la misma semana el fiscal señaló que el responsable del asesinato de la youtuber Pamela Montenegro conocida como Nana Pelucas “fue el grupo delictivo liderado por Javi Daniel Cervantes alias El Barbas quien era parte del Cártel Independiente de Acapulco comandado por El Capuchino que es el jefe de esta organización”. También informó que otra línea de investigación se centra en un servidor público del ayuntamiento de Acapulco “que presuntamente tiene relación con la célula que la privó de la vida”. Complementa esta línea al afirmar que su portal informativo contenía datos privilegiados que causaron malestar a los líderes contrarios al grupo del Capuchino. Por último comentó que el nombre de la youtuber apareció en cinco narcomantas distribuidas en distintos puntos de Acapulco.
De nueva cuenta la investigación del fiscal centra sus baterías contra Pamela Montenegro vinculándola con el crimen organizado. La versión mediática en lugar de investigar los hechos estigmatiza a la víctima, la culpabiliza de su propia tragedia. Selecciona datos que se amoldan a la línea de la delincuencia organizada para mostrar oficio policiaco y ocultar las graves falencias de una investigación verdaderamente científica.
Lo paradójico de estas investigaciones preliminares es que no contienen información relacionada con los responsables de estos crímenes, por el contrario hay un gran vacío en cuanto a datos objetivos que den pistas para trabajar intensamente en una teoría del caso que tome en cuenta el contexto de violencia que se vive en Acapulco, donde los hechos violentos no pueden reducirse a algunos datos que fueron seleccionados con la intención de eludir la responsabilidad de las autoridades de dar con los responsables.
Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab condenó el asesinato de Pamela Montenegro y llamó a las autoridades a “esclarecer los crímenes contra periodistas, quienes por diversos medios ejercen la libertad de expresión y contribuyen a una sociedad informada y crítica, sin importar a través de qué medios ejerzan su labor periodística”.
En nuestro estado las autoridades se han obsesionado por estigmatizar a las personas que son víctimas de la violencia y en lugar de realizar un trabajo sumamente cuidadoso sobre los delitos de alto impacto se prefiere llamar a los medios para presentar una versión que culpabiliza a las mismas víctimas de esta violencia, lo más grave es que esta estrategia mediática está respaldada por el gobernador que se ha incorporado al debate al respaldar la versión del fiscal sobre los asesinatos de los sacerdotes. Este cierre de filas lo ha llevado a confrontarse con el obispo Salvador Rangel quien públicamente ha calificado de falsa esta versión, porque hace un juicio sumario contra los sacerdotes.
Este caos que nos arrastra al despeñadero de la muerte trunca cualquier posibilidad de articular esfuerzos para revertir esta espiral de violencia, las autoridades además de estigmatizar a las víctimas se erigen como un juez supremo incompetente porque su autoridad ha quedado cuestionada al actuar contra la misma población que padece los estragos de la violencia y que han claudicado de su responsabilidad de garantizar seguridad y restablecer el Estado de derecho.