El problema de la inseguridad y la violencia sigue siendo el más importante y complejo para la 4T, como lo acepta el propio presidente de la República, porque su estrategia no está dando los resultados con la premura esperada.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi confirma lo anterior porque en la Ciudad de México la percepción negativa subió del 2018 al 2019, del 88.3 al 89.2. lo que quiere decir que casi 9 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros.
En Guerrero de acuerdo con la misma fuente esa percepción fue del 84.7 por ciento para ese año. Los cambios observados hasta la fecha no son para bien, salvo el hecho demostrado de que el robo a transeúntes, a casa habitación, así como de automóviles han tenido una baja consistente, tanto en nuestro estado somo en el resto del país.
El tema es tan delicado que la justificación de que falta tiempo para ver los cambios porque se trata de resolver el problema de raíz no cambia la percepción que tiene la sociedad, por eso se requiere un amplio debate nacional que busque alternativas eficaces e inmediatas para que cese la zozobra en la que vivimos como víctimas de ese mal que se ha agudizado con el de la pandemia.
La leva que aplican los cárteles para enrolar a las poblaciones en la guerra que libran para apoderarse del territorio no está contemplada en la estrategia de la 4T porque es un mecanismo que la delincuencia aplica mediante el uso de la fuerza de las armas, la amenaza y la extorsión, y ese delito no se resuelve con los programas sociales ni con más tiempo porque la violencia persiste creando un ambiente que dificulta incluso el acceso a las opciones que el gobierno ha creado para los sectores vulnerables.
Guerrero es uno de los estados más afectados por este hecho con un aumento de los casos de desplazados, familias que dejan su patrimonio y sus pueblos buscando salvar sus vidas sin muchos lugares a dónde ir mientras la respuesta oficial es tibia e insuficiente dejando en los afectados la sensación de que no hay autoridad o que ellos no están entre las prioridades oficiales. Y más grave todavía, que la autoridad ha sido rebasada por el crimen, pues no faltan quienes asocian al propio gobierno con los narcos.
Esa sensación de desamparo frente la presencia armada de los grupos delincuenciales y el temor de caer en sus manos es lo que provoca desesperación y desasosiego en las familias desplazadas sembrando la duda entre quienes miramos los hechos si no resultará mejor y más barato acompañar de regreso a las familias que han dejado sus hogares mostrando de paso que la autoridad no puede ser suplantada, protegiéndolos y dándoles confianza en vez de habilitarles albergues e infraestructura que nunca son suficientes.
Es curioso pero este problema de la presencia de civiles armados encargados de la leva para el crimen no aparece en la estrategia del gobierno aunque está en la raíz del problema de la inseguridad y la violencia.
Ir a la raíz del problema de la inseguridad y la violencia también implica atender el tema de las armas que son el complemento de las actividades del narcotráfico, lo cual exige mayor eficacia y contundencia en las acciones oficiales para demostrar que el Estado sigue teniendo el monopolio de la fuerza ante cualquier grupo armado que ponga en riesgo la seguridad de la población.
La Guardia Nacional pensada como el organismo de la fuerza, extenso y numeroso, capaz de disuadir a las organizaciones criminales en su actuación belicosa, no está creciendo con la rapidez que demanda la población en riesgo, aunque su número ya iguale al total de las policías estatales. El hecho es que la población vive en el temor constante impuesto por la delincuencia.
El poder de los criminales crece incontenible por los millonarios recursos que les genera el tráfico de estupefacientes y de armas entre los dos países vecinos con fronteras inmensas que facilitan el intercambio de esas mercancías ilegales para aprovecharse de un mercado estadunidense de 27 millones de adictos según el último reporte de la oficina del Cirujano General de la Nación, que aparece en nota de El Universal del jueves pasado, lo que sumado al problema del alcoholismo nos habla de un mercado de 440 mil millones de dólares, casi el doble de lo que cuesta el tratamiento a quienes padecen de diabetes, dijo el responsable de esa oficina de la Casa Blanca, Vivek Murthy
Por otra parte el tráfico de armas que se complementa con el de la droga es un atractivo para muchas personas que ven en ellas la manera de tener poder, sobre todo drogadas para ser capaces de atentar contra la vida de cualquiera sin problemas de conciencia, precisamente como lo prefiere el sicariato.
El último reporte sobre el estado que guarda el tráfico de armas en México correspondiente a 2019 según el Inegi y las Fuerzas Armadas, publicado por La jornada en enero pasado, dice que el 70 por ciento de las más de 34 mil víctimas de la violencia registradas en ese año murieron asesinadas por arma de fuego fabricadas en Estados Unidos y que proceden de ese país.
Las autoridades mexicanas por su parte calculan que cada año ingresan al país 200 mil armas que, acumuladas, llegan a 15 millones de acuerdo con declaraciones del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
En una nota periodística publicada por el portal de periodismo de investigación Animal Político, en 2015 se afirmaba que con la cantidad de armas decomisadas por el Ejército se podía equipar a una fuerza bélica formada por los elementos de la Armada y la Policía Federal, y llamaba la atención a que la calidad de esas armas es tan moderna que figuran en primer lugar las de asalto, como si estuviéramos en guerra.
Ese reporte dice que del 2005 al 2015 se decomisaron 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego con una cantidad de parque para dotar a cada una de ellas con 105 tiros, lo cual nos compara con países como Kuwait y Brasil según estudio de la ONU.
Con las armas sucede lo mismo que con la droga, ambas son un negocio tan jugoso que muchas veces quienes participan en él están por encima de los gobiernos nacionales y se manejan en corporaciones trasnacionales de las que pocas veces se conoce a los accionistas, y las gerencias actúan con el sentido de la ganancia, de manera que, como en el negocio de la droga, la responsabilidad personal se diluye porque su estructura jerárquica está a modo para que cada quien actúe justificando que obedece órdenes superiores, lo cual les sirve de coartada para sentir que eso los exime de cualquier cargo y nadie entre los empleados repara en el daño que causan, ningún cargo de conciencia tienen por el sufrimiento de las familias.
Contra el problema del armamentismo se debe actuar con energía, acorde con el tratamiento a la producción y tráfico de droga, verlo como un problema tanto de salud pública como de inestabilidad social, quizá una campaña de despistolización pudiera surtir el mismo efecto que se espera con la vacunación contra el coronavirus, bajar drásticamente el índice de muertes, incorporando a la sociedad en la denuncia contra civiles armados, dejando en segundo término a los policías ciudadanos y respetando a la Policía Comunitaria de los pueblos indígenas, mientras en otro nivel se buscan acuerdos entre gobiernos porque resulta difícil luchar aquí por el desarme cuando en el país vecino es legal la compra de cualquier arma. Aprendamos de lo que está pasando en Pantelhó, Chiapas y Aguililla, Michoacán. Sólo así podríamos afirmar que se está yendo a la raíz del problema.