El Poder Judicial de la Federación ha pasado de la alarma a la paranoia. El motivo es la legislación que prohíbe que un funcionario público federal reciba un sueldo más alto que el asignado al presidente de la República, que es de unos 108 mil pesos mensuales. Otra medida que afecta los intereses creados de la judicatura es el periódico cambio de sede a que estarán sujetos jueces y magistrados.
Para los togados, lo segundo atenta contra su autonomía y el bienestar de sus familias. Por supuesto tendrán problemas domésticos, algo que debe suponer y aceptar quien aspire a ser parte de la judicatura. Pero la protesta es, sobre todo, porque las mudanzas afectarían las relaciones de cada juez o magistrado con los poderes locales, los institucionales y los fácticos, que generalmente son muy bien servidos por la “justicia” mexicana.
En lo que se refiere a la “autonomía”, sorprende que se esgrima como argumento cuando tradicionalmente no ha existido, pues el Poder Judicial, en buena medida, está subordinado a los otros poderes, especialmente al Ejecutivo, de quien depende la propuesta de ternas para ocupar los principales cargos e influye y hasta determina la baja o el aumento del presupuesto del Poder Judicial.
Esa “autonomía” se expresa en la indiferencia hacia casos como el de los 43 muchachos de Ayotzinapa, la impunidad de no pocos gobernadores ladrones, las torcidas relaciones entre el Poder Ejecutivo Federal y empresas como Odebrecht, Higa y algunas otras, beneficiarias de un contratismo perverso y corrupto.
Mayor irritación ha producido el anuncio del tope a los sueldos, ante el cual alistan presurosos sus alegatos jurídicos, arguyen desde ahora que sería ilegal y hasta anticonstitucional un recorte salarial y para impedirlo amenazan con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU y a la Corte Celestial.
Aunque resulte difícil creerlo, existe una Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial de la Federación, a la cual la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (por nombres no paramos) demanda tomar medidas para impedir que se afecten sus ingresos y se abra la puerta a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la organización interna del Poder Judicial.
El alegato, además de exhibir la mezquindad de sus opulentos autores, pretende ignorar que los otros dos poderes, por disposición constitucional, adoptan medidas presupuestales y aun organizativas del Poder Judicial. Cada año, a propuesta del Ejecutivo, al Legislativo le corresponde determinar la asignación de recursos a todo el sector público y, en repetidas ocasiones, se han votado reformas constitucionales y leyes que afectan la organización, el funcionamiento y hasta la existencia de uno u otro sector del Poder Judicial. ¿No nos dejó Ernesto Zedillo sin Suprema Corte durante varias semanas?
Los mil 400 jueces y magistrados perciben anualmente entre dos millones 200 mil pesos y hasta tres millones 600 mil pesos, según dice el punto de acuerdo votado el 13 de septiembre por el Congreso. Consejeros de la Judicatura y magistrados electorales levantan más, mucho más, aunque no tanto como los ministros de la Suprema Corte, cada uno de los cuales “gana” 651 mil pesos mensuales además de otros beneficios que sumados pueden elevar su ingreso real hasta un millón de pesos mensuales. Es muy explicable que protesten.
Pero la mayor resistencia se expresa en hechos que constituyen una advertencia para el futuro gobierno. Como botón de muestra está la resolución del ministro Eduardo Medina-Mora Icaza, quien determinó suspender toda investigación y proceso en contra del presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios federales.
Lo anterior se hizo al admitir a trámite una controversia constitucional del Ejecutivo federal, motivada por la investigación de la Fiscalía General de Chihuahua por el caso de desviación y triangulación de recursos a favor del PRI, hechos punibles de los que se culpa al ahora procesado Alejandro Gutiérrez y a su hijo.
El servicial Medina Mora ordenó suspender las investigaciones y procesos actuales y los “inminentes”, esto es, los que todavía ni siquiera se realizan, fallo que sugiere un pago de favores, pues Medina-Mora llegó a la Suprema Corte a propuesta de Peña Nieto y con la aprobación de los legisladores del PRI. El Poder Judicial está midiendo fuerzas. Veremos hasta donde llega.