Los magistrados Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo fueron sentenciados a cadena perpetua, al igual que ocho jueces más, y salvo tres que resultaron absueltos y dos que quedaron en libertad bajo caución, los trece restantes de un total de 26 imputados recibieron condenas de seis a veinte años.
Los 26 fueron acusados por delitos de lesa humanidad y de acuerdo con el abogado querellante, “se trata de un juicio muy importante porque se juzga la responsabilidad civil, y resulta clave porque es el primero que llega a un veredicto sobre todo el aparato de la justicia federal”. Todos los jueces fueron condenados como participantes, por omisión o comisión. A Roque Romano lo condenaron por 84 casos de secuestros, 38 de tortura y 33 homicidios, y a Miret por nueve secuestros, tres casos de tortura y siete asesinatos.
Los cuatro principales acusados llegaron a juicio por negarse a investigar y a denunciar hechos que por su cargo y función conocían de sobra, lo que bastó para considerarlos cómplices de los autores materiales de los crímenes, pues su actitud omisa constituyó una práctica  sistemática. El histórico juicio –nadie se alarme– ocurrió en la provincia argentina de Mendoza y todos los imputados fueron jueces durante el siniestro periodo de las dictaduras militares de Argentina, en los años setenta-ochenta.
En México ningún juzgador debe preocuparse. Una reciente encuesta realizada por el Inegi arrojó resultados que muestran la impunidad de los malos togados. En los meses de octubre y noviembre de 2016, la encuesta recogió información de 64 mil reclusos del total de 211 mil presos (cinco por ciento mujeres) de  los 338 centros penitenciarios federales, estatales y municipales del país.
De acuerdo con la muestra, uno de cada cuatro presos recibió amenazas o presiones para declararse culpable, lo que incluye –suponemos– la tortura. Si resultara cierto que sólo 25 por ciento de los hoy reclusos pasaron por los apremios que acostumbran emplear los cuerpos policiales y el Ministerio Público, el resultado arrojaría una bajísima tasa de incidencia, hecho que por supuesto no es creíble, pero puede deberse a que los ahora encarcelados no quieren verse de nuevo en ese trance.
Casi nueve de cada diez entrevistados denunció que lo despojaron de objetos personales, aunque por otra parte, la nota de Israel Rodríguez en La Jornada (1/VIII/2017), dice que uno de cada tres reclusos ha sido víctima de alguna conducta ilegal y cinco por ciento fue víctima de agresión sexual, porcentaje que se antoja muy bajo cuando es bien sabido lo que ocurre en las cárceles, donde casi uno de cada tres internos se siente inseguro en el centro penitenciario y uno de cada cinco en el mismísimo interior de su celda.
Al ser presentados ante el Ministerio Público, sólo dos de cada tres de los detenidos fueron informados de por qué eran acusados y a cuatro de cada cinco se les negó el derecho a contar con abogado, a ciencia y paciencia de los
jueces, lo que implica que emiten veredictos de culpabilidad sin analizar debidamente los casos y sin que desde el momento de la detención se respete escrupulosamente la ley, como se supone que debe suceder.
Sería inexacto hacer tabla rasa y decir que no se castiga a los jueces por la complicidad que suponen sus omisiones, pues a veces –muy pocas– sí se procede contra un juez, magistrado y hasta algún ministro de la Suprema Corte. Pero no es algo frecuente y por si algo faltara, las sentencias suelen ser benignas.
Lo habitual es que los detenidos pasen por un periodo de maltratos, a veces excesivamente prolongado, antes de llegar ante un agente del Ministerio Público y que con frecuencia sea éste quien pide que se someta al acusado a mayores apremios –léase tortura–. Los señores jueces simplemente dan por buena la versión del MP y les importa muy poco si el pliego de consignación es técnicamente inaceptable y se apuran a despachar el asunto en perjuicio del detenido, sea o no culpable.
Uno puede preguntarse cuándo y bajo qué condiciones veremos que ya no se maltrate, robe ni exaccione en diversas formas a los detenidos, cuándo contaremos con un Ministerio Público eficiente, respetuoso de la ley y bien pagado –lo que también es importante–, y con jueces dignos y capaces de impartir verdadera justicia. ¿O hemos de esperar algo semejante a lo ocurrido en Argentina?