Era una buena idea la del imperio español: someter a un juicio formal a las altas autoridades al final de su mandato. Hoy, quizá tengamos un juicio informal en un par de meses.

Al final de su encargo, los personajes más poderosos de la Nueva España estaban obligados a entregar cuentas de su desempeño. En principio, el virrey no podía dejar su cargo hasta que se examinara todo su desempeño. Era ese el momento en que podían ser presentadas las quejas acumuladas por los gobernados. A eso se le llamaba “Juicio de Residencia”, parte de la estructura de contrapesos del sistema imperial español. Cristóbal Colón fue el primero en ser sometido a este proceso, tomado de las leyes del reino de Aragón. La idea funcionó mejor en la teoría que en la realidad, pero en principio era una forma de frenar los abusos de la autoridad, sobre todo por lo que hacía a la tentación de mal administrar la Real Hacienda, es decir, las finanzas del reino.
Si ese principio del derecho indiano estuviera vigente, este sería justo el tiempo, dentro del sexenio, de empezar a preparar el juicio.
Ahora bien, si siguieran vigentes tanto normas como prioridades de estos juicios, lo primero sería pedir cuentas sobre la recaudación y manejo de los dineros públicos. Por tanto, habría que empezar por examinar el monto, fuente y destino de los dineros del sexenio. Históricamente, el fisco del México independiente ha sido relativamente pobre, y esa es ya una decisión política: no cobrar mucho a los que mucho tienen. En 2013, el gobierno se vio obligado a una reforma fiscal que le permitió recaudar hasta el 17% del PIB, monto importante pero aún insuficiente si se le compara con el 32% de Brasil o el 34% de los países de la OCDE. Por eso, además del cobro de impuestos recurrió al endeudamiento, que creció de manera desmedida. Si en 2012 la deuda pública ascendía a 5.4 billones de pesos, en 2017 llegó a los 10 billones (Expansión, febrero, 2018). ¿Y en que se gastó ese dinero? Pues no en inversión. La inversión pública, que alguna vez llegó a ser del 11% del PIB y un motor del desarrollo, en 2017 fue de apenas 2.8%, una de las más bajas en los últimos 80 años, (Cámara de Diputados, CEFP, nota cefp/011/2017). Fue un mal uso del dinero público y que se reflejó muy bien en lo pobre del crecimiento, que si en 1964 llegó a tocar el (hoy increíble) 12% del PIB, en este sexenio el promedio apenas rondó el 2% según datos del Banco Mundial.
En contraste con la pobreza en inversión y crecimiento, está el impresionante uso de los dineros públicos en corrupción a gran escala, asunto que también figuró en algunos de los viejos juicios de residencia. En esos procesos, una parte era secreta, pero otra era pública. Como lo secreto sigue vigente como “reservado”, hay que acudir a lo que es público, por ejemplo, a investigaciones como la que acaban de revelar Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo –premiados en España– en La estafa maestra (México: Temas de Hoy, 2018). Los periodistas partieron de los datos ofrecidos por la Auditoría Superior de la Federación y encontraron que sólo entre 2013 y 2014 el gobierno que está por concluir, firmó contratos con 157 empresas y a otras 29 simplemente les pagó sin mediar contrato. En ambos casos se pagó por servicios que nunca se prestaron 7 mil 670 millones de pesos. Y esto se hizo a través de once dependencias federales y ocho universidades públicas. Del total de las empresas involucradas, sólo nueve ganaron su supuesta encomienda mediante licitación y 128 ni siquiera existieron o no estaban capacitadas para dar los servicios que ofrecieron.
La eficacia del gasto público bien podría ser otro tema de juicio a los gobernantes. De acuerdo con un inventario del Coneval, al iniciarse el sexenio había 5010 programas y acciones para el desarrollo social del país. Sin embargo, lo contundente son los resultados. Los indicadores nos dicen que la pobreza en sus diferentes dimensiones y en sus consecuencias siguen siendo una dura realidad para prácticamente la mitad de la población. El universo de la pobreza mexicana en 2012 abarcaba al 45.5% de la población y para 2016 había disminuido en apenas un 1.9% (Fernando Cortés ¿Será posible abatir la pobreza en México? documento de trabajo, Centro Tepoztlán, 2018, p. 11).
Finalmente, está el terrible problema de la violencia. En el sexenio anterior dio inicio formal a lo que entonces se llamó “la guerra contra el narco”, y aunque luego se intentó cambiar el nombre a ese enfrentamiento armado y brutal contra el crimen organizado, su esencia sigue siendo la misma y en 2017 la cifra oficial de homicidios fue la más alta en muchos años: 29 mil 168 (El Financiero, 21/01/2018). Y lo peor es que, según pronósticos, el total de asesinatos relacionados con la violencia criminal rebasará al que se tuvo durante el gobierno precedente: 120 mil 935 (www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23). Lo anterior muestra que en este sexenio no se cumplió con la principal responsabilidad de todo buen gobierno: dar protección a la población.
Si se hubiera mantenido la institución de exigir cuentas formales al gobierno saliente, éste terminaría muy mal, salvo que sobornara a sus jueces. Y es que más de un virrey se las ingenió para que su juicio sirviera no para hacer justicia sino como marco de una lluvia de alabanzas. ¿Cuál sería hoy el caso? Pues de manera informal, una parte de la ciudadanía ya ha hecho un tipo de juicio y lo veremos más claro en la elección que viene.

www.lorenzomeyer.com.mx
[email protected]