El hecho de que Morena ganara ampliamente la Presidencia de la República, las cámaras de Diputados y Senadores, varias gubernaturas, congresos estatales y numerosas alcaldías no implica que sus adversarios actuaran con limpieza. Más bien fue lo contrario, pues el partido de Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo pese a toda clase de marrullerías, mismas que por supuesto no registró el INE.
La novedad, si la hubo, fue que el PAN y el PRD compitieron enjundiosamente con el PRI en el empleo de recursos ilícitos, confiando en la mayoría de que disponen en el Instituto Nacional Electoral y en el órgano comicial de Puebla. El cochinero se desplegó con más cinismo que de costumbre y a la vista de todo el mundo. Aún así, las huestes de AMLO ganaron todo, pero la autoridad electoral de la entidad le regaló la gubernatura a Érika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien figuró como candidata de la coalición de izquierderecha formada por el PAN y los restos del PRD.
Como de costumbre, se echó mano de carruseles, ratones locos, tacos, urnas embarazadas y otros recursos bien conocidos por la mapachada, a lo que se agregó la alteración de actas, la destrucción de boletas adversas, el vaciado de urnas provenientes de casillas obviamente morenistas y otras chapuzas que el órgano comicial del estado se empeñó en ignorar pese al cúmulo de denuncias.
Fue tan evidente el fraude, que el caso pasó al plano federal, donde el TEPJF resolvió, dizque salomónicamente, que se procediera al recuento de la votación para gobernador de Puebla, cuando lo procedente era, sin más, anular la elección, pues lo que estaba en cuestión era la validez de los votos contabilizados.
El Tribunal Federal dispuso que las salas regionales de la ciudad de México y Toluca se encargaran de realizar el nuevo conteo, con los resultados previsibles, pues aparte de las sinvergüenzadas que se ejecutaron el mismo día de los comicios, la sustitución de boletas y falsificación de actas continuó mientras la documentación estuvo en poder de la autoridad electoral poblana. De modo que conceder validez al recuento y dar por triunfadora a Érika Alonso no pasó de ser una broma siniestra de los magistrados.
Lo ocurrido en Coyoacán fue todavía más grave, pues la sala regional del TEPJF había anulado la elección de alcalde por el muy evidente empleo de recursos públicos en favor del candidato del PRD y por actitudes misóginas contra la candidata de Morena, la actriz María Rojo. Sin embargo, la sala superior del mismo Tribunal echó para atrás ese fallo y dio validez a uno de los procesos más sucios de las últimas décadas para que el ex futbolista Manuel Negrete fuera declarado “ganador”.
Pero como lo sabe cualquier coyoacanense, lo mismo que todo lector de periódicos, se manejó personal, dinero y diversos regalos en favor del abanderado perredista. En un caso extremo de misoginia y violencia de género, se repartió un libelo infamante con el fin de desprestigiar a María Rojo y los mítines de la misma candidata e incluso dos de Claudia Sheinbaum fueron atacados por los porros del cacique coyoacanense Mauricio Toledo con saldo de varios lesionados, ante lo cual los señores magistrados cerraron piadosamente sus ojitos.
El absurdo proceder del Tribunal Electoral inevitablemente lleva a recordar que los magistrados llegaron a sus cargos con el apoyo de los tres partidos a los que ahora han favorecido: el PRI, el PAN y el PRD. Con esta vergonzosa actitud, el TEPJF aparece como faccioso, ilegítimo e injusto.
Hay derecho a sospechar sobre un comportamiento faccioso, pues los magistrados no son seres impolutos ni ajenos a uno u otro partidarismo. Se trata de seres humanos con pasiones e intereses, lo que debe mover al próximo gobierno a realizar una investigación a fondo sobre lo aquí descrito.
Existe también, para el próximo gobierno, una opción que remite a lo que ocurrió con aquel consejo del IFE “ciudadanizado” (así le decían), el que por iniciativa de Jorge Carpizo integraron en 1994 Miguel Ángel Granados Chapa, José Woldenberg, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas y Fernando Zertuche, todos ellos personas honorables. Ese consejo fue suprimido por el Congreso de la Unión en 1996 y los partidos optaron por elegir integrantes de su agrado. Esa receta, de los tiempos del priismo omnipotente, bien pudiera emplearse ahora para sanear los órganos electorales. Los magistrados tienen por qué preocuparse.