A media mañana del 28 de junio de 1995 dos camionetas en las que viajaban integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron interceptadas por policías motorizados que los esperaban con un retén en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Los uniformados bajaron violentamente a los campesinos y sin justificación válida les dispararon a mansalva. Allí fueron asesinados 17 campesinos y más de 20 quedaron heridos por las balas de la policía.
Sobre los hechos el periodista Lenin Ocampo reportero de El Sur, entrevistó al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. En su defensa éste dijo que el caso Aguas Blancas se investigó adecuadamente, los policías y otros funcionarios involucrados fueron procesados y sancionados.
El que se haya sancionado a los policías que dispararon es una justicia a medias, cuando a las autoridades que urdieron este crimen no se les tocó ni un ápice. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una investigación del caso y el 23 de abril de 1996 emitió un informe estableciendo que el entonces gobernador, el secretario general de Gobierno, el procurador general de Justicia, el director de la Policía Estatal y otros funcionarios de alto nivel vulneraron de manera flagrante los derechos de los campesinos que se trasladaban a Atoyac.
Es verdad, la resolución del alto tribunal no es vinculante, pero su decisión fue demoledora para la clase política de ese tiempo. Refirió que Rubén Figueroa Alcocer y otros funcionarios construyeron una versión que culpaba a las víctimas y encubría a los responsables. Lejos de una actuación institucional que reconociera la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los servidores públicos involucrados los protegió como si “existiera un compromiso delincuencial”. La SCJN estableció que a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos en el vado de Aguas Blancas, el gobernador no actuó para proteger a las víctimas a la altura de un gobernante que cuida los intereses colectivos, más bien lo hizo “como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”. El alto tribunal concluyó: “por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de Justicia y secretario general de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, porque actuaron como cultivadores “del engaño, la maquinación y la ocultación”.
El gobernador supo los movimientos de los campesinos en días previos, estuvo al tanto de la hora de su salida de la comunidad, por tanto, sabía el momento en que pasarían por el vado, por ello tendieron la trampa mortal. Es insostenible e ilógico el argumento de que se trataba de disuadirlos de su protesta. ¿Cómo se explicaría entonces, la balacera a mansalva sobre los campesinos? ¿La manipulación de la escena del crimen? ¿El ocultamiento de videos clave? ¿La maquinación de una versión que culpaba a las víctimas? El propósito era evidente: encubrir a toda costa a los responsables y ocultar lo que ocurrió culpando a los propios campesinos.
Además de la histórica resolución de la SCJN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 18 de febrero de 1998 emitió el informe de fondo número 49/97 en el que señala que el Estado mexicano es responsable por violaciones al derecho a la vida y la integridad, en agravio de los campesinos de la OCSS, por lo tanto, recomendó completar una investigación seria, imparcial y efectiva por los hechos del 28 de junio, tomando en cuenta la resolución de la SCJN y ejercer las acciones penales estableciendo las responsabilidades individuales contra las autoridades de alto nivel del estado de Guerrero enumeradas en la decisión del alto tribunal de México.
Las resoluciones de la SCJN y la CIDH evidencian graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y su gabinete. Estas decisiones retratan nítidamente a la clase política caciquil que detentaba el poder político y económico en aquel momento. Las aseveraciones de la SCJN son contundentes, al decir que se trataba de un grupo político empeñado en conservar el poder a costa de crímenes cometidos, actuaron como cultivadores de la maquinación, el engaño y la ocultación y se cuidaron las espaldas para preservar su pacto delincuencial. Estos son motivos suficientes para reabrir las investigaciones y fincarles responsabilidades penales.
Ese era el talante de los gobiernos caciquiles, su hostilidad contra los pobres, pero sobre todo contra los insumisos no tenía límites. Allí no cabían los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza, solo la autoridad omnímoda de la clase política autoritaria, sin ningún contrapeso.
Solo el movimiento social avispado de Guerrero que no calló este crimen atroz, les hizo frente, esa presión social hizo posible que la SCJN y la CIDH investigaran el caso, pero tales acciones no fueron suficientes para que se ejerciera acción penal contra los funcionarios de alto nivel. Sus tentáculos políticos y redes de complicidad llegaban a nivel federal y por eso la PGR se negó a investigarlos, incumpliendo la resolución del más alto tribunal del país.
Este gobierno que presume estar con el pueblo tiene la obligación moral y jurídica de reabrir las indagatorias y llevar a Rubén Figueroa Alcocer y quienes conformaban su gabinete al banquillo de los acusados. Hasta ahora la oficina de la Presidencia se ha negado a que las familias de los deudos de Aguas Blancas y El Charco sean recibidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con un argumento legaloide han dicho que la presidenta no puede dialogar con ellas porque sus casos están en la CIDH. Paradóji-camente usaron estos casos política-mente para golpear al ex presidente Ernesto Zedillo cuando apareció en el país y los acusó de autoritarios.
Por ello, tienen que ser las organizaciones sociales independientes y el movimiento de masas los que empujen las demandas de justicia para Aguas Blancas y las decenas de masacres perpetradas por policías y militares en Guerrero. Esas batallas se tienen que librar en las calles, con la denuncia pública, con la protesta social. Debemos emprender esfuerzos unitarios para articular a los sobrevivientes de la masacre del 30 de diciembre en Chilpancingo, del 18 de mayo en Atoyac, de los copreros, Aguas Blancas, El Charco, las madres y padres de los 43 y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. El movimiento social debe impulsar de manera decidida las demandas de esclarecimiento y justicia para estos casos, colocar a este gobierno timorato en una posición en la que defina si está con el pueblo que clama justicia o con los militares y los caciques criminales que violaron derechos humanos y que se les sigue protegiendo.
Incluso se tiene que ir pensando en una fase superior de organización y unidad de las luchas. Al movimiento indígena no le han sido reconocidos sus derechos, a los maestros y otros trabajadores del Estado les han desmantelado sus derechos laborales y prestaciones sociales y mantienen en todo lo alto su inconformidad, Ayotzinapa sigue esperando justicia y masacres como la de Aguas Blancas continúan en la impunidad. Existen condiciones para la unificación. Las jornadas de lucha por los once años de la desaparición de los 43 es una coyuntura propicia para trazar la ruta de la unidad.