METALES PESADOS

Dos países, México y Ucrania –en guerra por la invasión militar rusa– suman casi la mitad de los asesinatos a periodistas en todo el mundo durante las primeras 11 semanas del 2022. De los 33 casos de asesinatos a periodistas en el orbe, seis han ocurrido en Ucrania y nueve en México (las cifras son del último reporte de la organización Campaña Emblema de Prensa). En lo que va del presente sexenio han sido asesinados 33 periodistas por ejercer su oficio. Desde el año 2000 a la fecha se han registrado 153 asesinatos a comunicadores y comunicadoras en México (datos de Artículo 19).
¿Por qué parecen ya no inquietarnos estas cifras? México vive la continuación de una guerra informal iniciada durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón y hoy acogida y multiplicada, en sus abiertas políticas de militarismo, por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que la didáctica y difusión del terror cotidianas han banalizado todo este infierno que en cualquier proceso colectivo civilizatorio sería inaceptable.
La respuesta de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ante esta crisis de muerte que rebasa los límites del horror de los sexenios anteriores, ha sido, sin embargo, idéntica a las de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: el silencio cómplice, la criminalización de las víctimas y la reducción de las masacres a los ya consabidos “se matan entre ellos” y “en algo malo andarían metidos”. Pero llevamos oyendo esto hasta el fastidio durante los últimos 15 años mientras la sangre aflora, mientras aumentan las cifras de feminicidios y las desapariciones forzadas se desbordan en un país de fosas clandestinas que ni siquiera son investigadas por el gobierno sino por las familias de las víctimas. Y, cuando no es el silencio la respuesta oficial, ocurre el oprobio, la afrenta, el señalamiento y el insulto contra familiares de víctimas, contra defensores, contra la prensa.
Al tiempo que redacto esta columna, por ejemplo, se confirma la noticia de la más reciente masacre dentro de este ya habitual teatro del terror que es México, esas mismas masacres que desatan la carcajada más descriptiva del cinismo de AMLO: 20 personas fueron asesinadas por un grupo armado en un palenque clandestino en Zinapécuaro, Michoacán. ¿La respuesta de López Obrador desde la mañanera, show matinal para distraer la atención de este infierno que mal administra?: “La estrategia de abrazos no balazos va muy bien y se rentará el avión presidencial para bodas y XV años”.
La disociación de López Obrador ya no sólo es entre su narcotizada versión mitómana del país y la rabiosa realidad cotidiana que padecen millones de mexicanos, sino también entre sus responsabilidades constitucionales y sus emociones cegadas por el odio profundo y la venganza. Ni siquiera el lodazal expuesto por los ataques que se desataron entre sus más allegados –su ex consejero jurídico y “hermano” Julio Scherer Ibarra; su ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez y el impresentable fiscal Alejandro Gertz, de todas sus confianzas– ha merecido su atención. La evasión como estrategia ante el fracaso de la piedra angular de su retórica mítica: el fallido ataque a la corrupción.
Otro infierno que tiene en llamas al país ocurre con las vidas de las y los defensores del territorio y el medio ambiente. Por si no bastara con la pesadilla en que México se ha convertido para los periodistas, en lo que va de la administración federal, el país ha vivido una de las olas de asesinatos de activistas más aterradoras de las que se tenga noticia. Sólo después de Colombia, México es el país más peligroso del mundo para las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. El mismo oprobioso segundo sitio global de la muerte.
Según el último informe de la organización Global Witness, en 2020 ocurrieron “30 ataques mortales en México” contra defensores. Lo que representaba tan sólo en ese año, un aumento de 67 por ciento respecto a 2019, cuando ocurrieron 18 asesinatos; en 2018 fueron 14 y en 2017 fueron 15.
Un dato bastante revelador: la mitad de estos asesinatos tuvieron lugar en comunidades indígenas. Comunidades y territorios donde se están expandiendo los megaproyectos insignia de López Obrador: el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos iniciado por Calderón y arropado por Peña Nieto y AMLO.
“La impunidad por los crímenes en contra de los defensores continúa siendo alarmantemente alta. México se sitúa en el puesto 60 de 69 países evaluados en investigaciones recientes sobre el acceso a la justicia”, indica el documento de Global Witness.
Este panorama no ha hecho más que aumentar desde entonces no sólo para el ecologismo popular organizado desde abajo, en los pueblos, sino para el conjunto total de defensores de derechos en México. De acuerdo con Educa Oaxaca, el número de defensores asesinados durante este sexenio a causa de sus actividades asciende ya a 102. El conteo llega hasta marzo de 2022, cuando la defensora Patricia Rivera Reyes fue asesinada en Tijuana, Baja California. Un incremento de más de 300 por ciento en los últimos dos años. Oaxaca, donde AMLO perfila su Corredor Transístmico, es el estado más afectado, con 22 asesinatos.
“¿Dónde estaban todos ellos y ellas antes de que llegáramos nosotros?”, los cuestiona un mezquino comunicado oficial de Semarnat. La respuesta la tienen delante de sus narices: donde siempre, organizándose, defendiendo el territorio contra sus proyectos de continuismo neoliberal, defendiendo la vida y el territorio ante el exterminio ecocida de su gobierno; recorriendo el país en caravanas para tejer resistencias como lo hace el Congreso Nacional Indígena en defensa del agua y el territorio en estos momentos; dando la vida como la dio Samir Flores y muchas y muchos más después de ser señalados desde el púlpito presidencial.
Todas esas muertes quedarán en su conciencia. La historia lo aguardará para hacer justicia.